Por JUAN T H
El Partido de la
Liberación Dominicana, tanto el sector de Leonel Fernández, como el de Danilo
Medina, no quiere ley de garantías electorales ni de partidos y movimientos
políticos para que no haya equidad durante el proceso electoral, lo cual le
permitirá robarse las elecciones, como
ya es una práctica en esa organización.
El PLD no quiere
leyes que lo controlen y lo obliguen a respetar la voluntad popular, por eso quiere que la Junta Central Electoral sea un
órgano a su servicio, precisamente como ocurrió durante la pasada gestión con
tres jueces que se comportaron como verdaderos mequetrefes que no hicieron más
que arrodillarse frente al poder ignominioso del partido oficial, utilizando
más de 30 millones de dólares en escáneres que sólo sirvieron para justificar
un fraude y darle un 62% al presidente Ilegitimo Danilo Medina, así como
mayoría de senadores y diputados para que tuviera “su” Congreso, como efecto le
fue regalado para convertirlo en un sello gomígrafo.
El PLD no quiere
ley de partidos ni de garantías electorales; anhela que esta JCE sea similar a
la anterior. Pretende que Castaños Guzmán y los demás miembros del pleno se
comporten como sus arlequines para que las elecciones sean pantomimas dirigidas
desde el Palacio Nacional.
¿En que
beneficia la ley de partidos y electoral al PLD? ¡En nada! Al contrario. Un
marco jurídico lo perjudica. Robarse las elecciones no le será tan fácil. Sin
ley puede utilizar dinero del Estado, del lavado y el narcotráfico sin que
nadie pueda impedirlo. No quiere leyes para que no haya equidad en el uso de
los recursos, de los medios de comunicación. El PLD no quiere leyes porque no
quiere equidad; la igualdad en la competencia lo debilita. Sabe que no volverá
a ganar unas elecciones a menos que no sea comprando votos y haciendo fraudes
de todo tipo. Y para eso precisa de una JCE inhabilitada, para poder actuar, con el dinero y la fuerza,
sin remordimientos y sin escrúpulos.
La JCE está
dando demostraciones de que no será como la que
dirigió el inefable Roberto Rosario, abriéndole de ese modo una brecha a
la esperanza.
Prohibir las
actividades proselitistas de masas, totalmente extemporáneas, del partido o del
candidato que sea, ha recibido el respaldo de los sectores políticos,
económicos y sociales más sensatos del país. La JCE tiene que sentirse
complacida por el espaldarazo que ha recibido. Una campaña electoral a dos años
resultaría muy costosa, ruidosa, dañina y perniciosa. La actual campaña que
encabeza Leonel Fernández, pero que siguen otros, es lo que justifica la
necesidad de un marco jurídico claro, especifico, que le dé a la JCE toda la
fuerza que necesita para imponérsele a los partidos y a sus dirigentes,
acostumbrado a actuar como “chivos sin ley”.
El presidente de
la JCE, doctor Julio César Castaños Guzmán, al igual que los demás miembros del
pleno, tienen un compromiso social ineludible, garantizando unas elecciones
transparentes y libres desterrando el fantasma del fruta y del robo de la
voluntad popular. No pueden repetir la historia de sus antecesores. Los
miembros actuales de la JCE están obligados a ejercer sus funciones con
absoluta independencia; tomar decisiones duras no importa a quien o quienes
perjudiquen. No será fácil. Es cierto. Pero, ¿quién dijo que lo seria?
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