Por Olmedo Jáquez / Abogado y comunicador
El camino hacia el certamen electoral de 2028
coloca a la República Dominicana ante una dualidad: por un lado, posee
herramientas normativas actualizadas y, por el otro, enfrenta la advertencia de
que las regulaciones no operan por sí solas sin una sólida cultura ciudadana y
partidista. Con las elecciones municipales fijadas para el 20 de febrero y las
presidenciales y congresuales para el 21 de mayo (con una eventual segunda
vuelta el 25 de junio), la agenda institucional plantea la enorme tarea de
salvaguardar la autonomía de los comicios locales, evitando que se reduzcan a
un simple termómetro o antesala de la disputa por el Poder Ejecutivo.
Aunque la Ley núm. 20-23 robustece las facultades
de la Junta Central Electoral para dirigir y fiscalizar los procesos bajo
criterios de transparencia, el verdadero reto nacional radica en el acatamiento
efectivo de las reglas por parte de todos los sectores, desde las
organizaciones políticas hasta las corporaciones económicas y las plataformas
digitales. El debate en los municipios debe rescatar su esencia y centrarse en
la gestión comunitaria, como los servicios públicos y el ordenamiento vial, en
lugar de diluirse en consignas nacionales. Paralelamente, la equidad en la
contienda exigirá una supervisión rigurosa del gasto político y de la
propaganda a destiempo, buscando un equilibrio institucional que impida tanto
la impunidad como la discrecionalidad.
Por otra parte, la resolución de conflictos
descansará en la Ley núm. 39-25, que rige al Tribunal Superior Electoral. Ante
un escenario donde se dirimirán desde alianzas hasta impugnaciones de actas, la
justicia electoral está obligada a actuar con una celeridad e independencia
incuestionables para evitar daños institucionales permanentes. Asimismo, la
gestión técnica de la JCE frente al escrutinio y la transmisión de datos
requerirá una comunicación pedagógica y certera, capaz de neutralizar las
campañas de desinformación en el entorno digital.
Finalmente, la contienda de mayo no puede limitarse
a la confrontación emocional; la sociedad debe exigir debates profundos sobre
temas estructurales como la economía, la salud, la educación y la
institucionalidad. El proceso de 2028 no es una simple carrera entre partidos,
sino un examen general a la madurez democrática dominicana. Las reformas
legales son valiosas, pero el verdadero progreso institucional ocurrirá cuando
los actores políticos transformen los mandatos de la ley en conductas
cotidianas, asumiendo que la legitimidad del triunfo depende estrictamente del
respeto a las reglas del juego.
El autor es
miembro de la Junta Electoral Santo Domingo Oeste
