Aseguran la pieza busca legalizar entrega de Punta Catalina y del Patrimonio Público a empresarios
SANTO DOMINGO, RD.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana
(CARD) depositó en el Senado de la República una formal oposición al proyecto
de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la
entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de
la iniciativa se busca propiciar la entrega del Parque de Generación Eléctrica
Punta Catalina, cuyo contrato sería legalizado por las disposiciones de la
pieza legislativa, las cuales parecen haber sido redactadas en concordancia
milimétrica con dicho contrato.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, porque abre las
puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, de todas las
entidades públicas, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales,
Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas”, afirmó el
gremialista.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición
del Estado y de que todas las entidades públicas a favor de empresarios
oligarcas, quienes sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la
administración de la cosa pública.
Consideró que pareciera que se trata del Feudalismo en el siglo XXI, porque
esos empresarios tendrían la potestad de fijar tasas o cargos por los
“servicios” en perjuicio de un ciudadano que de por sí ya está cargado por
impuestos, que supuestamente se han instaurado para brindar los servicios y
administrar el patrimonio que se pretende entregar de manera gratuita a través
del proyecto de ley.
El jurista indicó que esa política contraviene el artículo 138 de la
Constitución y afirmó no existe ninguna legislación que autorice lo que definió
como un "atentado al interés público".
Denunció que el Gobierno tiene en ejecución más de 22 fideicomisos
públicos, incluyendo el de Punta Catalina, el cual, a pesar de no haber sido
aprobado por el Congreso Nacional, se encuentra en avanzada ejecución, hasta
con la transferencia de derechos de propiedad de las Empresas Distribuidoras de
Electricidad (EDES) a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), para entregarse a un grupo empresarial hegemónico.
El gremialista lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio
público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido
una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los
servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos
honesta y pulcramente.
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