Consejo de Ministros aprueba Proyecto de Presupuesto General del Estado 2027 enfocado en inversión, desarrollo social y sostenibilidad fiscal
El monto total asciende a unos RD$2 billones 36 mil 884. 2 millones de pesos y la propuesta prioriza la inversión en áreas estratégicas como educación, salud, infraestructura, productividad e institucionalidad, en consonancia con los objetivos de las 10 Metas priorizadas del gobierno.
El gasto de capital asume un incremento de casi 20% con respecto al
presupuesto inicial de 2026.
Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis Abinader, junto a la
vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este jueves el sexagésimo Consejo de
Ministros, en el que fue aprobado el Proyecto de Ley de Presupuesto General del
Estado correspondiente al año 2027, por un monto de RD$2,036,844.2 millones de
pesos.
Las informaciones fueron ofrecidas a la prensa por el ministro de la
Presidencia, José Ignacio Paliza, en su calidad de secretario técnico del
Consejo de Ministros, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz; el
viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional Domingo Matías y
el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot.
“Hoy sostuvimos un nuevo encuentro del Consejo de Ministros donde se
aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el ejercicio
fiscal de 2027, cuyo total de erogaciones asciende a aproximadamente unos
RD$2.037 billones de pesos, reafirmando la decisión del Gobierno de priorizar
inversiones que contribuyan al desarrollo y generen mejores condiciones de vida
para nuestra gente”, precisó Paliza.
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, destacó que la propuesta
presupuestaria se presenta en un contexto en el que la economía dominicana
mantiene su capacidad de resiliencia, con un crecimiento de 4.5 %, una
reducción de la inflación y reservas internacionales superiores a los US$15,000
millones.
“A pesar de la coyuntura, el país va avanzando, la economía, como
siempre ha demostrado, es resiliente”, afirmó Díaz, al explicar que el
Presupuesto 2027 procura “mantener el gasto de capital, un déficit fiscal
razonable, un crecimiento más alto del gasto de capital que del gasto
corriente, y manteniendo las prioridades del Gobierno en educación, salud y programas
de protección social”.
El proyecto contempla ingresos ascendentes a RD$1,510,574.5millones,
equivalente al 15.7% del PIB, así como un techo de gasto de RD$1,837,856.0
millones (19.2% del PIB). Estas asignaciones descansan en un marco
macroeconómico que anticipa un crecimiento del PIB real de 4.75% y una
inflación contenida en torno al 4.5% promedio.
“El gasto de capital experimentará un importante salto del 19.7% con
respecto al presupuesto inicial formulado en 2026. Paralelamente, el gasto
corriente mostrará un aumento más moderado del 12.3%, reflejando la eficiencia
y el control en la operatividad del sector público para priorizar la inversión
de largo plazo”, señaló Rijo Presbot.
La propuesta presupuestaria da continuidad a los lineamientos
establecidos en la Política Presupuestaria 2027, aprobada por el Consejo de
Ministros en su quincuagésima novena reunión, celebrada en julio pasado, y
organiza el gasto público en torno a los objetivos estratégicos de Meta RD 2036
y las 10 metas priorizadas del gobierno.
Entre sus principales ejes figuran el fortalecimiento del capital
humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y
el fortalecimiento de la institucionalidad, al tiempo que mantiene como
prioridades la inversión pública y la atención de las necesidades sociales.
En materia de salud y protección social, el presupuesto contempla
recursos para la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el
fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red
Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a
la población.
La inversión en infraestructura constituye otro de los ejes de la
planificación presupuestaria para 2027, con énfasis en autopistas y sistemas de
transporte integrado, así como en proyectos de agua potable, saneamiento y
mejoramiento de viviendas.
Asimismo, la propuesta contempla el fortalecimiento de la seguridad
jurídica e institucional mediante mayores recursos para el Poder Judicial,
además de inversiones destinadas a la seguridad ciudadana y fronteriza y al
sistema penitenciario.
El proyecto será remitido al Congreso Nacional antes del primero de
octubre para su conocimiento, conforme al proceso establecido para la
aprobación del Presupuesto General del Estado.
El Gobierno destacó que la formulación del Presupuesto General del
Estado para 2027 procura mantener el equilibrio entre la atención de las
prioridades sociales, la inversión necesaria para impulsar el crecimiento
económico y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Lineamientos de Gasto y obras estratégicas
Las políticas de gasto para el 2027 se fundamentan en garantizar el
acceso a derechos fundamentales y elevar la calidad de vida de la población.
Para el sector educativo, se mantiene el compromiso de asignar el 4% del PIB,
enfocado en apuntalar el Plan Decenal de Educación Horizonte 2034, fortalecer
la formación técnico-profesional y expandir el sistema de transporte escolar.
En las áreas de salud y vivienda, los fondos impulsarán la infraestructura
hospitalaria y darán continuidad al alto impacto del programa habitacional
"Mi Vivienda".
Asimismo, los recursos se destinarán a proyectos que generan desarrollo
productivo y resiliencia territorial. Entre las obras principales resaltan la
construcción del Monorriel de Santiago de los Caballeros, el impuesto a
proyectos de saneamiento universal en localidades turísticas y costeras, y la
ampliación de la capacidad de transporte de la Línea 2 del Metro de Santo
Domingo.
Consejo conoce anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial
Como segundo punto de la agenda, el Consejo de Ministros conoció el
anteproyecto de Ley del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, que será
remitido al Congreso Nacional para agotar el proceso legislativo correspondiente.
La propuesta se enmarca en la Ley núm. 368-22, de Ordenamiento
Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, y busca dotar de fuerza
normativa al Plan Nacional de Ordenamiento Territorial, estableciendo el marco
para su implementación y articulación con los instrumentos regionales y
municipales.
Este instrumento permitirá al país contar con una visión común para
organizar el territorio, orientar el uso del suelo y promover una ocupación más
racional y sostenible, aprovechando las oportunidades y potencialidades de cada
zona y contribuyendo a la protección de los recursos naturales.
Asimismo, incorpora criterios de sostenibilidad ambiental, gestión del
riesgo y adaptación al cambio climático como elementos fundamentales de los
procesos de planificación y ordenamiento territorial.


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