Geanilda Vásquez afirma que la política social debe sustentarse en datos para garantizar derechos y crear oportunidades de movilidad económica.
Santo Domingo, viernes 23 de octubre de
2026. El 70 % de los jóvenes que realizan pasantías a través del programa
Oportunidad 14-24 logra insertarse de manera directa y permanente en el mercado
laboral, según informó la coordinadora del Gabinete de Política Social,
Geanilda Vásquez, al destacar los resultados de las iniciativas dirigidas a
reducir la pobreza y ampliar las oportunidades de desarrollo.
La servidora pública sostuvo que la
política social debe superar el enfoque asistencialista y concentrarse en
generar capacidades que permitan a las personas mejorar sus condiciones de vida
y sostener su independencia económica.
«La pobreza está difuminada en todo el
territorio y la protección social es, ante todo, una garantía de derechos
humanos. Nuestro objetivo no es entregar una ayuda temporal, sino dotar a las
familias de capacidades reales para sostener sus avances, generar movilidad
social y evitar que reincidan en la vulnerabilidad», afirmó.
Vásquez ofreció estas declaraciones
durante una entrevista en el programa Matutino 11, de Telesistema, canal 11,
producido por Ramón Núñez y Jacqueline Morel.
La coordinadora explicó que la
identificación de las familias vulnerables y la asignación de los beneficios
estatales se apoyan en levantamientos territoriales y herramientas de medición
socioeconómica multidimensional, con el propósito de responder a las
necesidades reales de la población y evitar la discrecionalidad en la entrega
de las ayudas.
Oportunidad laboral para los jóvenes
Entre las iniciativas destacadas, Vásquez
señaló el programa Oportunidad 14-24, dirigido a jóvenes que no estudian ni
trabajan, que ofrece formación técnica y acompañamiento para facilitar su
incorporación al mercado laboral.
El programa contempla rutas formativas de
seis meses, con apoyo para transporte y alimentación, y promueve alianzas con
empresas privadas para facilitar la contratación de sus egresados.
Vásquez también destacó la afiliación de
más de 40,000 participantes a la seguridad social, como parte de las acciones
orientadas a ampliar su acceso a derechos y oportunidades laborales.
Salud, formación y autonomía económica
Vásquez resaltó, además, el trabajo del
Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-Mujer), iniciativa que ofrece
atención en salud física y mental, prevención de la violencia de género y
acompañamiento a adolescentes embarazadas.
El Programa, con presencia en Santo
Domingo Norte y Santiago, también prioriza la formación técnica de las mujeres
como vía para fortalecer su autonomía económica.
En el ámbito de la inclusión digital,
mencionó la red de 140 Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) y 70 emisoras
comunitarias, mediante la cual se imparten capacitaciones en ofimática,
ciberseguridad y otras competencias digitales. Según los datos ofrecidos, estas
iniciativas han impactado a cerca de 179,000 ciudadanos.
Seguimiento para evitar que las familias
vuelvan a la pobreza
La coordinadora del Gabinete de Política
Social indicó que la intervención estatal requiere coordinación con
organizaciones comunitarias, fundaciones y empresas privadas para conectar la
formación con oportunidades concretas de empleo y desarrollo.
Asimismo, destacó la importancia de dar
seguimiento a las personas y familias beneficiarias para evaluar la
sostenibilidad de sus avances y evitar que situaciones económicas adversas o
problemas de salud las hagan regresar a condiciones de vulnerabilidad.
Vásquez sostuvo que la evaluación de los
programas debe apoyarse en indicadores y evidencias que permitan determinar su
alcance y efectividad.
En ese sentido, señaló el papel del
Observatorio de la Pobreza y la Protección Social en el seguimiento de las
políticas públicas y la medición de sus resultados.
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