Ángelo Viro advierte que las compañías deben revisar sus controles internos y establecer mecanismos de prevención antes de la entrada en vigor de la legislación.
SANTO DOMINGO, R.
D.- La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) respaldó la
Ley 88-26, que establece una prórroga de 18 meses para la entrada en vigor de
las disposiciones del nuevo Código Penal relativas a la responsabilidad penal
de las personas jurídicas o empresas.
El presidente de
la ANEIH, Ángelo Viro, expresó su satisfacción porque el Congreso Nacional y el
Poder Ejecutivo acogieron la solicitud que había realizado públicamente el
sector empresarial e industrial para posponer la entrada en vigor de estas
nuevas obligaciones.
La normativa
comenzará a aplicarse el 5 de mayo de 2028, en lugar del 5 de noviembre de
2026, como estaba previsto inicialmente.
“El sector
empresarial e industrial no estaba preparado para asumir en un plazo tan corto
las nuevas obligaciones establecidas en la legislación”, resaltó en un
comunicado.
Viro explicó que
el período adicional permitirá a las empresas prepararse para cumplir con las
nuevas obligaciones legales y facilitará una implementación ordenada de las
disposiciones.
Exhortó a las compañías a establecer desde
ahora los procedimientos internos de prevención, supervisión y control
necesarios para cumplir con la legislación.
Llamó a revisar
los procedimientos internos, comprobar el funcionamiento de los controles y
definir claramente las responsabilidades dentro de las organizaciones, con el
propósito de desarrollar una verdadera cultura de cumplimiento.
La ampliación del
plazo busca permitir que las personas jurídicas sujetas a estas disposiciones
realicen los ajustes y adecuaciones necesarios para cumplir con el nuevo
régimen de responsabilidad penal.
La prórroga
comprende los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 74-25, que instituye
el Código Penal dominicano, los cuales establecen las condiciones bajo las que
las empresas pueden ser investigadas, procesadas y sancionadas penalmente por
determinados delitos vinculados a sus actividades.
Entre las
sanciones contempladas figuran multas, cierre temporal o definitivo de
establecimientos, revocación de licencias, inhabilitación para contratar con el
Estado y disolución de empresas. La aplicación de estas medidas requiere un
proceso judicial que determine la responsabilidad de la persona jurídica,
conforme a las disposiciones legales correspondientes.
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