Por primera vez en la historia del país, la corrupción se reconoce como un delito autónomo, lo que permite sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado
Entre las sanciones aplicables a actos de
corrupción administrativa figuran: penas de hasta 10 años de prisión,
inhabilitación en funciones públicas, devolución de fondos y pago de 20 a 60
salarios mínimos
Santo Domingo. - El presidente Luis
Abinader continuó este lunes reafirmando las acciones de su gobierno para
combatir la corrupción, promover la transparencia y consolidar un Estado más
ético y responsable.
En este sentido explicó que la
Procuraduría General de la República (PGR) junto con la Dirección General de
Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), trabajan en la Estrategia Nacional
de Integridad Pública (ENIP), un plan que busca además fortalecer la confianza
ciudadana y promover una cultura de integridad en todo el sector público.
Para estos fines se anunció la campaña
“Protegiendo lo Nuestro”, que se desplegará en todas las instituciones públicas
con el fin de instruir a funcionarios, empleados y ciudadanía en la prevención,
detección y denuncia de actos corruptos.
Estas se realizarán de manera anónima a
través del portal www.denunciaspepca.pgr.gob.do.
ENIP
La Estrategia Nacional de Integridad
Pública (ENIP) se centra en cuatro pilares fundamentales: prevención de riesgos
de corrupción; instituciones más abiertas, éticas y responsables; mayor
transparencia con control y rendición de cuentas; y cumplimiento de estándares
internacionales.
A su vez se estructura en seis ejes
estratégicos:
* Transparencia y Gobierno Abierto:
impulso al acceso a la información, marco institucional sólido y procesos
participativos apoyados en la transformación digital.
* Calidad Democrática: procesos
electorales íntegros y transparentes, regulación del financiamiento político y
fortalecimiento de las instituciones de control.
* Administración y Servicios Públicos:
profesionalización y meritocracia, formación obligatoria en ética e integridad,
cultura organizacional que fomente la denuncia segura.
* Contrataciones y Alianzas
Público-Privadas (APP): procesos de compras transparentes y sostenibles,
prevención de conflictos de interés e igualdad de oportunidades para
proveedores.
* Control y Fiscalización de Recursos
Públicos: modernización de mecanismos de control interno y externo, monitoreo
con indicadores de eficiencia y transparencia y tecnología para fiscalización
oportuna.
* Integridad en la Justicia y Lucha contra
la Impunidad: sistema de denuncias protegido, fortalecimiento de la persecución
penal, sanción a la corrupción y recuperación del patrimonio público.
Por primera vez en RD, corrupción es
delito autónomo
Por primera vez en la historia del país,
la corrupción se reconoce como un delito autónomo en el Código Penal (artículo
284), lo que permite sancionar toda conducta que afecte los bienes del Estado.
Delitos y sanciones
Durante sus palabras en LA Semanal con la
Prensa, el jefe de Estado detalló los principales tipos penales vinculados a la
corrupción administrativa y sus sanciones:
* Delitos en contrataciones públicas:
otorgamiento irregular de contratos, alteración de precios, pagos por obras
inexistentes, ser beneficiario de un contrato u omitir/ocultar información. Las
penas incluyen de 3 a 10 años de prisión, inhabilitación en funciones públicas
por un mínimo de cinco años, multas proporcionales y devolución de los fondos.
* Peculado, desfalco, concusión,
prevaricación y coalición de funcionarios: estos actos conllevan sanciones de
tres a diez años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos
públicos, multas del doble de lo sustraído, pago de 20 a 60 salarios mínimos.
* Responsabilidad penal de las empresas:
la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el soborno transnacional y
la participación en actos de corrupción cometidos por funcionarios incluye
multas de hasta 200 salarios mínimos, prohibición de contratar con el Estado
por hasta 10 años, decomiso de bienes y ganancias y cancelación de licencias.
* Enriquecimiento ilícito y omisión en
declaraciones juradas: prisión de hasta 10 años, decomiso de bienes ilícitos e
inhabilitación para ocupar cargos públicos y pago de 20 a 60 salarios mínimos.
* Manipulación de pagos y obras públicas,
soborno, tráfico de influencias, abuso de funciones y uso indebido de
información privilegiada: penas de prisión, multas, devolución del dinero y
sanciones administrativas.
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