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Por Jorge Lendeborg
Recientemente, el coronel Rafael Antonio
Morales Herrero ha presentado una denuncia penal contra altos mandos de la
Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección Nacional de
Inteligencia (DNI) y la Procuraduría General de la República (PGR), señalando a
figuras de alto perfil como Luis Soto, director del DNI, José M. Cabrera, de la
DNCD, y Alberto Montás, oficial del Ejército de la República Dominicana (ERD),
entre otros.
Aunque la denuncia apunta a un supuesto
entramado criminal, hasta el momento no se han detallado las alegadas faltas o
delitos atribuidos a los funcionarios mencionados. Sin embargo, lo que en un
principio parecía ser una denuncia seria comienza a levantar serias dudas sobre
la integridad del propio denunciante.
Es importante destacar que el coronel
Morales no es ajeno a la controversia. En el pasado, fue implicado en varios
escándalos que llevaron a la suspensión de su visa para ingresar a los Estados
Unidos, decisión que se tomó tras una recomendación del DEPARTAMENTO DE ESTADO
DE LOS ESTADOS UNIDOS. Es fundamental entender que la cancelación de la visa a
un oficial de tan alto rango, por parte de un gobierno como el estadounidense,
no se basa en simples sospechas, sino en la existencia de información que
compromete la conducta del individuo en cuestión.
La suspensión de visa, en estos casos,
suele estar vinculada a conductas que comprometen la integridad y la seguridad,
como la corrupción, el narcotráfico o cualquier otra actividad ilegal que vaya
en contra de los intereses nacionales e internacionales. Por lo tanto, la
retirada de su visa por parte de Estados Unidos no es un hecho menor y pone en
entredicho la credibilidad de Morales, quien ahora se presenta como el adalid
de la honestidad dentro de una institución pública.
Es importante cuestionar qué motiva
realmente al coronel Morales a hacer estas denuncias en este momento. ¿Es una
venganza personal por su situación pasada? ¿O está realmente buscando una
reforma dentro de las instituciones mencionadas? Lo que queda claro es que su
historial plantea serias dudas sobre sus verdaderas intenciones y su capacidad
para ser considerado un referente de integridad.
Es necesario recordar que, en el ámbito
institucional y público, los actos de los funcionarios deben ser siempre coherentes
con su conducta y reputación. En el caso del coronel Morales, su historial de
problemas legales y personales lo convierte en un personaje cuya credibilidad
está en constante cuestionamiento. Mientras él intenta pintarse como un ejemplo
de honorabilidad, los hechos del pasado siguen siendo un recordatorio de que
las apariencias pueden ser engañosas.
El país merece saber si esta denuncia está
realmente fundamentada en un deseo de justicia o si es el reflejo de intereses
personales que buscan, una vez más, atacar a otros para ocultar las sombras del
pasado.
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