LIMA, PERU.- Durante su participación en un taller organizado por la OCDE y el INDECOPI la presidenta de ProCompetencia indicó que la institución ha desarrollado una estrategia integral para fortalecer su posicionamiento y difundir el conocimiento sobre la libre competencia.
República Dominicana ha dado avances
considerables en materia de promoción y abogacía de la competencia a través de
la academia, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) y la
administración pública.
Así lo destacó la presidenta del Consejo
Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia
(ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, al participar como expositora en
el “Taller sobre promoción de la competencia: herramientas y consejos
prácticos”, organizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), en Perú.
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Vásquez Taveras señaló que, a lo largo
del tiempo, ProCompetencia ha llevado a cabo una ardua y constante labor de
promoción y abogacía entre grupos fundamentales que juegan un rol estratégico
en el fomento de la cultura de competencia.
Logros
Explicó que, en el ámbito de la
academia, donde no existía formación sistemática en temas de competencia a
nivel universitario, la institución ha formalizado más de 10 acuerdos de
cooperación interinstitucional con distintas universidades a través de los
cuales se ha desarrollado un programa intensivo de actividades formativas que
ha permitido capacitar a cientos de estudiantes.
“Estos esfuerzos están produciendo
cambios estructurales tangibles en el sistema educativo. De manera concreta,
dos universidades han iniciado ya sus procesos para incluir el derecho de la
competencia como materia obligatoria en sus programas académicos, lo que
representa un avance significativo hacia la institucionalización de esta
disciplina en la formación superior”, subrayó.
En el ámbito de la Administración
pública se ha implementado un programa sistemático de formación para
funcionarios públicos que inciden directamente en las decisiones de
contratación y regulación.
El proyecto más ambicioso en este
sentido es el Plan de Capacitación sobre Detección de Colusión en los Procesos
de Compras para la Administración Pública, un programa que se desarrolla en
conjunto con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG),
a través del cual se han formado cerca de 300 oficiales de integridad y la meta
para noviembre de este año es lograr capacitar alrededor de mil funcionarios de
esta área.
“Los efectos de estas jornadas ya se han
puesto de manifiesto, pues en los casos más recientes de colusión en procesos
de compras públicas ha sido posible contar con información clave suministrada
directamente por diversas entidades gubernamentales”, destacó.
Vásquez Taveras enfatizó que, en sentido
general, la autoridad de competencia ha desarrollado una estrategia integral
para fortalecer su posicionamiento institucional y difundir el conocimiento
sobre la libre competencia. Esta estrategia combina eventos de alto impacto,
publicaciones especializadas y un programa sostenido de capacitaciones.
Destacó que uno de los hitos más
significativos que evidencian los esfuerzos de ProCompetencia para la promoción
y abogacía de la competencia ha sido aprobación de la Política Nacional de
Competencia, la que calificó como la herramienta más poderosa con la que cuenta
la República Dominicana en este sentido.
Vásquez Taveras manifestó que la
aprobación de esta política es un hito trascendental que evidencia el
compromiso del Estado dominicano con la creación de un entorno económico donde
la libre y leal competencia sea promovida y protegida de manera coordinada entre
las entidades gubernamentales.
Indicó que la Política Nacional de
Competencia representa el marco conceptual que sustenta y potencia las acciones
de la institución en materia de abogacía, otorgándoles coherencia estratégica y
aumentando significativamente su capacidad de influencia en el ecosistema
regulatorio dominicano.
Vásquez Taveras explicó que esta
política, legitimada por el más alto nivel gubernamental, permite
institucionalizar la cultura de competencia en la academia; consolidar la
formación en la administración pública; e impulsar la vigilancia normativa
sistemática.
Participantes
La representante de la agencia de
competencia de República Dominicana disertó junto a Olavo Chinaglia, abogado y
expresidente del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil;
Diego Morales, director de Competencia de la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) de Panamá; Alejandro Ibarra,
investigador asociado del Centro de Derecho de la Competencia de la Universidad
George Washington (GWU); Ingrid Ortiz, superintendente de Competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia; Felipe Castro, jefe
de la División de Estudios de Mercado de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)
de Chile; y Bevan Narinesingh, director ejecutivo de la Comisión de Comercio
Justo (FTC) de Trinidad y Tobago.
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