Libre encadenó a los inmigrantes con dolorosos rastreadores GPS y cobró enormes sumas
CFPB y MA y VA AGs se unen a AG James en la
presentación de la demanda acusando a Libre, a la empresa matriz y a los
fundadores de prácticas engañosas e ilegales
NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia
James, continuó hoy su lucha para proteger a los inmigrantes en Nueva York y en
todo el país de las prácticas engañosas y abusivas. En una demanda presentada
contra Libre por Nexus y su empresa matriz, Nexus Services, la Fiscal General
James, como parte de una coalición que incluye a la Oficina de Protección
Financiera del Consumidor (CFPB) y a los fiscales generales de Massachusetts y
Virginia, alega que la empresa se aprovecha de los inmigrantes retenidos en los
centros de detención federales ofreciéndoles el pago de sus fianzas de
inmigración para asegurar su liberación, mientras oculta o tergiversa la
verdadera naturaleza y los costos de sus servicios. Libre cobra grandes
honorarios por adelantado y cuantiosos pagos mensuales, que suelen ascender a
miles de dólares más que el valor nominal de la fianza. Libre también comercializa
sus servicios entre los amigos y familiares de los detenidos, que están
desesperados por conseguir la liberación de sus seres queridos y también pagan
algunas de las exorbitantes tarifas.
"Las comunidades de inmigrantes son el sustento de
esta nación, pero Libre by Nexus se aprovechó de sus temores y se dirigió a los
más vulnerables de nuestro estado", dijo la fiscal general James.
"Libre engañó a personas pobres para que pagaran tarifas astronómicas y se
benefició ilegalmente de millones, mientras que simultáneamente encadenaba a
los inmigrantes con dispositivos de localización. Esta demanda debe enviar un
mensaje claro a todos los que buscan explotar y aprovecharse de nuestras
comunidades más indefensas de que utilizaremos todas las herramientas de
nuestro arsenal para acabar con su actividad ilegal y el sufrimiento que
infligen."
La demanda -presentada en el Tribunal de Distrito de
EE.UU. para el Distrito Oeste de Virginia- alega que los acusados han violado y
continúan violando varias leyes, incluyendo la prohibición de la Ley Dodd-Frank
de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor sobre actos y prácticas
engañosas y abusivas, así como las leyes de protección al consumidor de los
estados. En particular, la demanda alega que:
- Libre encadena a sus clientes con dispositivos GPS que
no se pueden quitar. Los voluminosos dispositivos pueden causar daños físicos e
irritación y a menudo no funcionan.
- Libre exige a los consumidores que firmen contratos
confusos y engañosos que presentan a los consumidores sólo en inglés, a pesar
de que la gran mayoría de los clientes de Libre no hablan ni leen inglés y no
lo entienden.
- Libre califica erróneamente sus servicios financieros
como un "programa" al presumir de que ofrece "servicios
integrales", incluidos servicios jurídicos gratuitos. Pero, en realidad,
Libre no ofrece nada más que una derivación a abogados para sus clientes, que
pueden no recibir ningún servicio legal.
- Libre engaña a los consumidores haciéndoles creer que
sus cuotas mensuales están pagando su fianza como una deuda contraída con Libre
y que se les reembolsará al concluir sus procedimientos de inmigración. Pero,
sólo más tarde, muchos consumidores descubren que Libre no reembolsará miles o
decenas de miles de dólares en honorarios.
- Para cobrar las tasas, Libre crea la falsa impresión de
que está asociada con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos (ICE) o con otros agentes gubernamentales y que no pagar las
tasas a Libre puede llevar a la detención o deportación.
La demanda de hoy también nombra a los directores de
Libre -Michael Donovan, Richard Moore y Evan Ajin-, que idearon el modelo de
negocio de la empresa y actualmente lo aplican, dirigen su funcionamiento y
conocen los detalles de su funcionamiento.
La demanda pretende poner fin a las prácticas ilegales de
la empresa, obtener millones de dólares en concepto de indemnización para las
miles de víctimas e imponer sanciones a las empresas.
La demanda está a cargo de los Fiscales Generales
Adjuntos Joseph P. Mueller y Stewart Dearing, bajo la supervisión de la Jefa de
la Oficina Jane M. Azia y la Jefa Adjunta Laura J. Levine, todas de la Oficina
de Protección y Fraude al Consumidor. La Oficina de Protección y Fraude al
Consumidor forma parte de la División de Justicia Económica, supervisada por el
Subprocurador General Chris D'Angelo y la Primera Subprocuradora General
Jennifer Levy.
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