Se pedirá licencia a funcionarios que aspiren para algún cargo político
Santo Domingo.- El presidente Luis
Abinader garantizó este lunes la protección y el control de los fondos públicos
en el proceso electoral en curso.
La información fue ofrecida durante
rueda de prensa desde el Palacio Nacional, donde el mandatario reafirmó su compromiso
ante la ciudadanía en la importancia que tiene para el fortalecimiento de la
democracia dominicana superar la historia de gastos desbordados que por décadas
han acompañado los procesos electorales.
El tema fue tratado por el Gabinete de
Transparencia y Prevención del Gasto Publico, reunido en sesión el pasado
martes 31 de mayo, decidiendo comparecer en pleno ante la sociedad dominicana
para recordar los marcos constitucionales, legales o normativos que nos obligan
como ciudadanos a superar prácticas que fortaleciendo el sistema político no
deben lesionar las finanzas públicas.
Al pronunciar las algunas palabras, la
directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch dijo que la Constitución
de la República en su artículo 39 establece el “derecho a la igualdad, por lo
que ninguna persona puede ser discriminada por razones de pensamiento,
militancia, práctica o elección de sus preferencias políticas”.
Igualmente, que la Carta Magna establece
en el artículo 138 que “los principios fundamentales de la administración
pública son claros al establecer los principios de igualdad y transparencia
como criterios de especial trascendencia en el manejo de la cosa pública”.
En ese mismo orden explican que la Ley
41-08 de Función Pública en el artículo 80 numeral 14 establece como
prohibiciones: “requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en
actividades políticas o partidarias, sea en su provecho o en provecho de
terceros”.
Al igual que la Ley 33-18 de Partidos,
Agrupaciones y Movimientos Políticos en su artículo 25, numeral 1 prohíbe:
“realizar toda actividad que tienda o tenga como resultado suprimir, desconocer
o disminuir los derechos humanos o las libertades, derechos o garantías
individuales y sociales que consagran la constitución y las leyes”.
Mientras que en su numeral 9, prohíbe:
“imponer o aceptar requerimientos o deducciones de salarios a los empleados
públicos o de empresas particulares, aun cuando se alegue que son cuotas o
donativos voluntarios”.
En razón a lo ante explicado esta
gestión se caracteriza por el cumplimiento normativo que fortalece el manejo de
los fondos públicos y el impulso a la cultura de transparencia.
“Sigue siendo profundo nuestro
compromiso contra la impunidad, por lo que seguiremos investigando las posibles
violaciones a estos principios, así como protegiendo a los servidores públicos
con la debida diligencia y discreción. Y
con convicción democrática defendiendo la aplicación de las normas aquí
recordadas”, precisó Ortiz Bosch.
Durante la rueda de medidas
disciplinarias dentro del marco de la Ley 41-08 de Función Pública, en consulta
con el órgano rector, el Ministerio de Función Pública.
Estuvieron presentes, los ministros, de
la Presidencia, Joel Santos; administrativo de la Presidencia, José Ignacio
Paliza; de la Mescyt, Franklin García Fermín; de Economía, Pável Isa; de
administración Pública, Darío Castillo; de presupuesto, José Rijo Presbot; de Contrataciones
Públicas, Carlos Pimentel; de Contabilidad Gubernamental, Rómulo Arias y de
Análisis Financiero, Carlos Castellano.
También el viceministro de Educación,
Julio Cordero; el contralor, Félix Santana y el tesorero nacional, Luis
Delgado.
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