SANTO DOMINGO, R. D.- El experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, señor William O’Neill, ha hecho un llamado para que se descontinúen las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.
Ante esta declaración, el gobierno
dominicano tiene a bien hacer las siguientes precisiones:
República Dominicana es el único país
que hace frontera terrestre con Haití. Siendo igualmente un país en vías de
desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado
e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de
asegurar el bienestar social de los haitianos. Esta es una obligación
irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad
compartida de la comunidad internacional. El deber del gobierno dominicano es,
en primer lugar, con sus ciudadanos.
El masivo influjo migratorio haitiano de
los últimos años es insostenible. Para que se tenga una idea, solo en 2022,
República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de
origen haitiano. Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes
irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos
sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional.
Las estadísticas del Servicio Nacional
de Salud (SNS) muestran de manera fehaciente el fuerte impacto en el gasto
público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares.
Por ejemplo, en 2018, el 12,5% de los nacimientos en toda la red pública
correspondían a madres haitianas. Esta proporción aumentó dramáticamente al
23,7% en 2019, al 27,2% en 2020, al 30,5% en 2021, al 33.1% en 2022 y al 34% en
2023 (según datos hasta mayo). En los últimos tres años, estamos promediando
más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo
de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente
dominicano.
La crisis política, de seguridad y
humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada
solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza
internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el
control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana.
Ese es paso necesario para abrir un proceso de reconstrucción en Haití.
Después de 19 años bajo un mandato de
las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus
pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana
como solución al padecimiento de ese pueblo. Naciones Unidas debería redoblar
sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la
institucionalidad democrática en ese país.
Reconocemos el interés de todos los
actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación
interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la
legislación dominicana.
República Dominicana, como Estado social
y democrático de derecho, siempre tomará soberanamente las decisiones que mejor
correspondan al interés nacional.
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