Atribuye tergiversaciones de Surún Hernández a finalidad política.
SANTO DOMINGO, .R. D.- El Ministerio de
Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) califica de irresponsable, aventurera y
perniciosa la denuncia realizada por el señor Miguel Surún Hernández en nombre
de la llamada Fundación Primero Justicia y el empresario Manuel García, en
contra del ministro, ingeniero Deligne Ascención, con relación a la ejecución
del proyecto de ampliación y extensión de la Autopista de San Isidro.
En un documento leído en rueda de prensa
por el viceministro Roberto Herrera, el MOPC afirma que las declaraciones
hechas por el aspirante a alcalde Miguel Surún Hernández tienen un propósito
evidentemente politiquero, y desnaturalizan con engañosas afirmaciones y
falsedades jurídicas y técnicas el proyecto de mejoramiento de las principales
avenidas de Santo Domingo Este, que lleva a cabo el Ministerio de Obras
Públicas y Comunicaciones.
Ese proyecto de mejoramiento no abarca
solo la avenida Rafael Tomás Fernández Domínguez, que conduce a la Base Aérea
de San Isidro, sino también la
extensión de la avenida Ecológica hasta el Puerto de Caucedo, y la prolongación
de la avenida Hípica hasta la carretera Mella.
Al señalar violaciones a la Ley 340-06,
de Compras y Contrataciones Públicas y, acusar al ministro de haber otorgado el
contrato que sustenta sus construcciones al margen de la legislación vigente,
los declarantes incurren en graves alteraciones de la verdad, ya que el
original data del año 2001, y fue suscrito bajo el registro marcado con el
número 233-2001 y/o 233-2001 (bis).
En base a este contrato se construyeron
durante administraciones anteriores la primera etapa de la avenida Ecológica y
la avenida Hípica o del Hipódromo mediante este contrato aún en vigencia.
Todas las obras que se ejecutan
actualmente, incluyendo la Autopista de San Isidro, están amparadas en el
referido contrato original, concertado al amparo de la Ley 105, del año 1967, y
posteriormente cedido en distintas fechas a diferentes empresas constructoras,
que haciendo uso del Derecho Privado realizaron sesiones de contrato en varios
procesos legales, sobre los cuales, la actual administración se limitó solo a
dar la “No Objeción”, en su calidad de entidad contratante, para la
ratificación o aceptación al acuerdo de cesión suscrito por los contratistas
actuales.
En adición a estos procesos legales
legítimos, y realizados entre entes privados, el Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones consideró prudente modificar y limitar dicho contrato a través
de la formalización de una adenda, presentada y aprobada por la Contraloría
General de la República, a los fines de definir y finiquitar los alcances del
original, consolidando los proyectos viales ya mencionados como necesarios y de
interés para satisfacer las necesidades actuales y el desarrollo futuro del
municipio de Santo Domingo Este.
En el caso específico de la avenida de
San Isidro, los señores Surún y García actúan al margen de la verdad y hacen
acopio de declaraciones maliciosas, con el propósito de desinformar con
mentiras a la ciudadanía y a las autoridades judiciales, en interés de
confundirlas, en vista de que el proyecto ha sido ampliado de dos a ocho
carriles.
Ampliación necesaria para sustentar el
amplio desarrollo inmobiliario de la zona y poner orden al caos imperante en
esa vía, que conservaba el trazado de su construcción original de los años 50.
Además, serán habilitados 21 cruces para
peatones, mediante semáforos y pasos peatonales, cuyos diseños finales fueron
debidamente presentados a las juntas de vecinos, transportistas, comerciantes y
autoridades municipales de los sectores colindantes con el proyecto, lo que se
hizo en varias reuniones, así como mediante publicaciones en la prensa
nacional.
Contrario a la evidente inquina de la
acción de los señores Surún y García, las modificaciones realizadas al diseño
original enriquecen sus alcances, debido a que se incluyen las reformas
resultantes del diálogo sostenido en varias asambleas comunitarias, brindando
más seguridad a conductores y peatones, garantizando el flujo de vehículos y el
desenvolvimiento de la actividad comercial en la periferia de la vía.
Afirmar de manera imprudente
sobrevaloración de las obras actualmente ejecutadas en este proyecto, sin
presentar evidencias periciales, estimaciones realizadas por auditores
calificados o sin fundamentar estas afirmaciones en estudios técnicos avalados
por especialistas de reconocido renombre, entidades serias o expertos en la
materia, resulta no solo un hecho punible, sino un acto de mala fe y de
cuestionable valor ético, que afecta la reputación de los funcionarios públicos
del Gobierno Dominicano y de las prestigiosas empresas constructoras vinculadas
a estas obras.
Estuvieron presentes Rafael Espinal, director
del Gabinete; Elías Santana, viceministro de infraestructura Vial y Domingo
Santana, director Jurídico.
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