SANTO DOMINGO, R. D.- La Federación Dominicana de Distritos Municipales
(FEDODIM) calificó hoy de desafortunada la sentencia TC/0138/22 del Tribunal
Constitucional, en cuanto valoran de muy perjudiciales sus consecuencias para
la buena gobernanza municipal a la vista de los argumentos que utiliza para
declarar inconstitucional el cobro por el Ayuntamiento de Santo Domingo Este de
un arbitrio municipal sobre la publicidad exterior y una tasa por el tránsito
de vehículos por las aceras para acceder a parqueos privados.
El Director Ejecutivo de Fedodim y experto municipalista, Pedro Richardson,
expresó que observa con mucha inquietud y preocupación que el Tribunal
Constitucional ha estado creando una jurisprudencia en torno al cobro de los
arbitrios municipales que a nuestro juicio no se corresponde con el espíritu de
la reforma constitucional del año 2010 y la Ley 176-07, mediante las que se pretendió
avanzar en el fortalecimiento y modernización de los Ayuntamientos y Juntas
Municipales de Distrito a través de potenciar su potestad tributaria como
requisito para lograr su plena autonomía y dejar de depender fundamentalmente
de las transferencias del gobierno nacional.
" Creemos que el Tribunal Constitucional está generando una
jurisprudencia que en vez de avanzar en el sentido correcto, está suponiendo un
claro retroceso y reduccionismo de las posibilidades de los gobiernos locales
como entidades prestadoras de servicios al recortarles de manera
incomprensible, cuando no inverosímil, sus fuentes de financiación,
transmitiendo, de paso, la sensación a la ciudadanía de que las autoridades
locales desconocemos nuestras competencias", apuntó el doctor Richardson
En opinión de FEDODIM vista la
gravedad de la situación, se hace urgente una reunión de los representantes de
la municipalidad, Liga Municipal Dominicana y FEDOMU, para tratar el problema
que está generando esta corriente jurisprudencial constitucional que tanto daño
está ocasionando a los gobiernos locales, a los fines de clarificar criterios y
fijar lineamientos para, si fuese el caso, emprender reformas legales mediante
las que quede claro que uno de los principios en los que se debe apoyar el
desarrollo de la municipalidad dominicana es el de la autonomía financiera y su
derecho a disponer de los recursos necesarios para atender a sus competencias y
prestar los servicios con los niveles de calidad y eficiencia que la ley les
impone y los munícipes les demandan.
Refiriéndose a la sentencia en cuestión, Richardson, manifiesta no entender
cómo no es posible que sea constitucional cobrar una tasa municipal por
autorizar que un vehículo transite por encima de una acera para acceder a un
parqueo, cuando la acera en principio es un lugar reservado para el paso de los
peatones, impidiendo que otros vehículos puedan parquearse en el lugar de
acceso. Y, tampoco, comprende por qué no es legal a un gobierno local cobrar un
arbitrio municipal por la publicidad exterior, alegando que su cobro colide con
el pago del ITBI que las empresas publicitarias deben pagar a la DGII por la
prestación del servicio de colocación de la valla, diseño de la publicidad y
alquiler de la valla que cobran a sus clientes.
Indica Richardson que "llevados al absurdo los criterios seguidos por
la jurisprudencia constitucional en materia de arbitrios municipales, y
haciendo una interpretación maximalista del artículo 200 de la Constitución que
dispone que los arbitrios municipales no pueden colindar con los impuestos
nacionales, la práctica totalidad de los que ahora cobran los gobiernos locales
es inconstitucional; conclusión que llevaría a los gobiernos locales a épocas
pasadas de indigencia financiera que creíamos superadas".
Preocupados por esta situación hace un mes dirigimos al Presidente del
Tribunal Constitucional una carta pidiendo una entrevista para conversar al
respecto y todavía no hemos recibido ninguna contestación a la misma.
