La modificación a la Ley 47-20 de Alianzas Público-Privadas busca reducir los tiempos de estructuración y adjudicación de proyectos, fortalecer la capacidad técnica de las instituciones públicas, y aumentar su atractivo financiero para inversionistas. Su objetivo es acelerar el desarrollo del país.
Santo Domingo, R. D.- La Dirección General
de Alianzas Público Privadas (DGAPP) presentó a diversos sectores de la vida
nacional la propuesta consensuada de modificación de la Ley núm. 47-20 de
Alianzas Público-Privadas (APP), con el propósito de modernizar el marco legal
y acelerar la ejecución de proyectos estratégicos para el desarrollo del país.
La iniciativa fue presentada, tras un
amplio proceso de concertación, en un encuentro con directivos de entidades
empresariales y de los funcionarios públicos vinculados a la materia. El acto
fue encabezado por el director ejecutivo de la DGAPP, Andrés Lugo Risk, quien
explicó que la modificación responde a las lecciones aprendidas durante los
primeros casi seis años de aplicación del régimen APP.
“Una buena ley no solo debe proteger el
interés público, también debe permitir que los proyectos se ejecuten en tiempos
razonables, con reglas claras y con un Estado que pueda actuar con agilidad,
sin perder control ni transparencia”, afirmó Lugo Risk.
El funcionario señaló que, si bien la Ley
47-20 significó un paso histórico para institucionalizar las alianzas
público-privadas en República Dominicana, la experiencia ha demostrado que el
marco vigente resulta complejo y poco adaptable a la diversidad de proyectos,
lo que ha retrasado la materialización de iniciativas que podrían estar
generando empleo, inversión y mejores servicios para la población.
“Muchos proyectos que podrían estar
transformando comunidades y mejorando servicios tardan demasiado tiempo en
avanzar. No porque no sean buenas iniciativas, sino porque el marco normativo
actual es complejo y poco flexible”, explicó el director ejecutivo de la DGAPP.
La propuesta de modificación busca reducir
los tiempos de estructuración y adjudicación, fortalecer la capacidad técnica
de las instituciones públicas, y mejorar la bancabilidad y el atractivo
financiero de los proyectos para inversionistas y entidades financieras, de
forma que puedan ejecutarse con mayor rapidez y solidez.
Entre los principales ejes se encuentran
la introducción de procedimientos más ágiles y diferenciados según la
complejidad de los proyectos; la creación de equipos técnicos APP dentro de las
entidades ejecutoras; y el establecimiento de un Fondo Especializado para la
estructuración de proyectos, que permitirá financiar estudios de preinversión y
acelerar el paso desde la idea hasta la licitación.
Asimismo, la iniciativa fortalece la
gobernanza del sistema mediante la formalización del Comité Técnico del Consejo
Nacional de Alianzas Público-Privadas, y moderniza el régimen económico de las
APP para facilitar el cierre financiero, incluyendo ajustes al tratamiento
fiscal y al esquema de riesgos.
Lugo Risk enfatizó que el anteproyecto no
implica una relajación de los controles, sino más bien una eliminación de
trámites que no agregan valor. “La transparencia, la competencia, la rendición
de cuentas y el control del interés público se mantienen como pilares. Lo que
se elimina es lo que retrasa el proceso y lo que no mejora la protección del
Estado”.
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