Nuevo
Modelo de Formación Policial para Transformar y Modernizar las Fuerzas de
Seguridad
Santo Domingo.- El Presidente Luis
Abinader ha emitido instrucciones claras y directas destinadas a avanzar
significativamente en la reforma policial, enfocándose especialmente en la
reestructuración del sistema educativo de la Policía Nacional.
Estas instrucciones están dirigidas al
ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, y a otras autoridades claves,
marcando un paso decisivo hacia la transformación y modernización de la
institución.
En cumplimiento de las atribuciones
conferidas por el artículo 128, numeral 1, literal b, de la Constitución, el
mandatario ha enfatizado la importancia de facilitar la ejecución del Decreto
371-22.
Este decreto establece dos procesos
complementarios esenciales para la implementación de un nuevo modelo de
formación policial, alineado con el Plan de Transformación y Modernización de
la Policía Nacional.
Entre las instrucciones específicas, se
incluye la necesidad de asegurar la operatividad efectiva de la unidad
ejecutora del Instituto Policial de Educación, según lo contemplado en el
Presupuesto General del Estado para 2024. Esta unidad, clave para la reforma
educativa policial, estará adscrita al Ministerio de Interior y Policía y
gozará de autonomía en la gestión de sus procesos académicos y técnicos.
Además, se ha ordenado otorgar las
autorizaciones necesarias para que el Instituto Policial de Educación pueda
operar de manera autónoma en la administración de sus recursos, incluyendo la
habilitación de roles dentro del Sistema Integrado de Gestión Financiera
(SIGEF) para la gestión administrativa y financiera.
Estas medidas buscan no solo mejorar la
calidad de la formación de los futuros oficiales de policía, sino también
garantizar una gestión más eficiente y transparente de los recursos destinados
a este fin.
La iniciativa del jefe de Estado destaca
su compromiso con una seguridad pública basada en el profesionalismo, la ética
y la eficacia, pilares fundamentales para el desarrollo social y el
fortalecimiento del estado de derecho en la República Dominicana.
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