El análisis de la ejecución presupuestaria debe estar siempre revestido
de objetividad y de una adecuada utilización de la herramienta que proporcione
los datos.
La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), desde el inicio de esta
administración, se trazó como uno de sus ejes estratégicos la transparencia y
control social, lo cual ha colocado a la República Dominicana en el número 1 de
todo el continente americano y el 4to entre 125 países evaluados en
participación de la ciudadanía en el presupuesto, conforme a la Encuesta de
Presupuesto Abierto (OBS) 2023, realizada por la International Budget
Partnership (IBP).
La principal fuente para el análisis presupuestario es la publicación
semanal de DIGEPRES, en su portal institucional, de donde a través del uso
correcto de una tabla dinámica se pueden extraer las informaciones exactas
conforme a los diferentes clasificadores presupuestarios.
Así, decir que: “En abril, el Gobierno destinó 1,037 millones de
pesos en “dietas y gastos de representación”, promediando casi 35 millones de
pesos diarios”, es un mal uso de las informaciones servidas y del concepto
gobierno, pues en ese dato no se discrimina lo que es el Poder Ejecutivo de los
otros órganos constitucionales del Estado, incluyendo a la Junta Central
Electoral.
Al excluir el gasto en “dietas y gastos de representación” de la Junta
Central Electoral (JCE) en el contexto de elecciones presidenciales,
congresuales y municipales, que representó un monto de enero a abril de
RD$973.6 millones, ese gasto del Poder Ejecutivo queda en RD$152.8 millones en
el 2024, mientras que en el 2019 alcanzó un monto de RD$334.1 millones, y RD$367.1
millones, en el 2020.
Es bueno precisar que, durante los años 2019 y 2020, un solo Ministerio,
el de Relaciones Exteriores, ejecutó RD$320.3 y RD$350.9 millones, es decir,
mucho más que todos los Ministerios juntos en el 2024.
En específico, en el mes de abril de 2020, el Poder Ejecutivo gastó
RD$93.8 millones, en “dietas y gastos de representación”, mientras que lo
ejecutado en el 2024 alcanzó apenas RD$38.6 millones.
*Fuente: Sistema de la Información de la Gestión Financiera (SIGEF) DIGEPRES
Igualmente, cuando se dice: “En abril de 2024, el Gobierno reportó haber
destinado 20,929 millones de pesos en remuneraciones, un aumento de 2,095
millones de pesos respecto al promedio mensual de 2023 (excluyendo los meses de
pago de doble sueldo, por supuesto)”, se vuelve a utilizar el dato sin
precisión y erróneamente el clasificador.
En la subcuenta 2.1.1 Remuneraciones, es verdad que la cifra exacta de
aumento en el Poder Ejecutivo es de 2,024 millones de pesos, pero es porque se
ha seguido una política clara de cumplimiento con el 4 % del PIB destinado a la
educación y la dignificación del salario del personal policial, de defensa, y
de la gestión de la prevención de las actividades ilícitas de drogas y
sustancias controladas, a nivel nacional, representando el 80 % del aumento. Ya
no existe el “sueldo cebolla”.
El incremento en las remuneraciones del resto de las instituciones fue
en promedio de RD$9.4 millones, el cual, al considerar la inflación natural
entre períodos, no resulta significativo.
Finalmente, para realizar comparaciones justas entre los años, es
necesario deflactar los montos para aislar el efecto del incremento de los
precios entre 2024 y años anteriores como 2019. Además, hay que conocer los
cambios que se han realizado en los clasificadores presupuestarios, en este
caso el de objeto del gasto, y decisiones administrativas que transparentan el
registro del gasto, factor que se evidencia en la eliminación del uso de
cuentas “zafacón”.
Sin considerar estos elementos, cualquier comparación puede resultar
engañosa.
Nunca como ahora desde el Gobierno y la Dirección General de Presupuesto
se han implementado medidas para garantizar el derecho a saber de la ciudadanía
y elevar los niveles de transparencia, control y participación social. Para
muestra, la información que puntualmente se sirve desde la institución y las
herramientas empeñadas para acercar como nunca el Presupuesto General del
Estado a la población.
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