La lección de EE.UU.: el poder tiene fecha de vencimiento

Por Roberto Valenzuela

 

Como este 4 de julio los Estados Unidos cumplen dos siglos y medio (250 años), debemos destacar algunas curiosidades de ese sistema político. Por ejemplo, es una sagrada tradición de sus presidentes —por muy buenos, malos o muy malos que sean— traspasen el mando sin rechistar. Optan por un segundo mandato y nada más.

 

El que puso el buen ejemplo fue su primer presidente, el general George Washington. Al finalizar su segundo mandato, sus adulones —que siempre abundan— le pidieron que buscara la reelección nuevamente. Lo animaban diciéndole que la Constitución se lo permitía. Él respondió que, si había hecho la guerra contra la monarquía inglesa, no podía convertirse en un rey o dictador. Explicó que no podía desvirtuar el origen de un gobierno democrático que da oportunidades a todos los ciudadanos que quisieran optar por la presidencia de la nueva nación. Y se fue a la vida civil.

 

Ascendió al poder el abogado John Adams, quien había sido el primer vicepresidente de EE.UU. Este lamentaba que la vicepresidencia era el cargo más aburrido y de menor importancia del mundo.

 

Unos 31 presidentes respetaron la tradición de una reelección —“y nunca jamás”—, hasta que Franklin Delano Roosevelt la “rompió” y permaneció en el poder durante 4 períodos. Es el único presidente en ganar 4 elecciones: 1932, 1936, 1940 y 1944. Se debió a circunstancias especiales. Roosevelt llegó al gobierno durante la peor crisis económica que ha sufrido ese país, bautizada como “La Gran Depresión”. Está considerado como uno de los mejores gobernantes de la historia por la forma en que sacó al país de la crisis. Para enfrentar el problema, se hizo acompañar de los “cerebros”, nombre que recibieron los miembros de su gabinete y colaboradores.

 

La otra coyuntura que permitió su reelección fue la entrada del país en la Segunda Guerra Mundial. EE.UU., en alianza con Rusia e Inglaterra, ganó la guerra, aunque Roosevelt murió unos meses antes de la rendición de Alemania y Japón. Es curioso que, después de la guerra, para que a nadie se le ocurriera “inventar”, se realizó la Enmienda Constitucional número XXII, en 1951, limitando a dos mandatos —“y nunca jamás”—.

 

 

 

Usó fertilizante en ataque terrorista en USA

Por Roberto Valenzuela

 

El perpetrador del ataque terrorista de Oklahoma City, Timothy McVeigh —conocido con el apodo de “Fideo McVeigh” o “El Flaco”, diríamos en buen dominicano, por su delgadez— era un infante de marina con un enfermizo resentimiento contra el gobierno y su pueblo.

 

Ocurrió el 19 de abril de 1995. Un camión cargado con explosivos estalló frente a un edificio gubernamental y dejó la cifra de 168 muertos. Fue el acto terrorista más mortífero en suelo estadounidense hasta entonces, una marca superada seis años más tarde por el atentado del 11 de septiembre de 2001.

 

Las agencias de prensa señalaron que McVeigh, excombatiente de la Guerra del Golfo Pérsico, indicó que cometió el atentado en venganza por la intervención de agentes federales contra el rancho de la secta de los Davidianos, en Waco, Texas, donde fallecieron 83 personas, entre ellas 23 niños. Increíblemente, ocurrió el 19 de abril de 1993, tras un asedio policial de 52 días.

 

Una de las críticas de la opinión pública —de la prensa de la época— fue que las autoridades utilizaron un exceso de fuerza militar y que el incendio del recinto davidiano habría sido provocado por las bombas lacrimógenas lanzadas por los agentes.

 

Según una crónica del Listín Diario, entre las 168 personas que murieron a causa de la explosión en Oklahoma City, 19 eran niños menores de seis años que se encontraban en la guardería del edificio federal. Más de 680 personas resultaron heridas.

 

La potencia del explosivo, elaborado a base de fertilizantes (abono) y materiales de uso común dañó 312 edificios en un radio de 16 manzanas, y destrozó 86 automóviles. Causó daños por unos 652 millones de dólares, según informaron autoridades estatales.

 

Este escrito es un fragmento de un artículo publicado tiempo atrás, motivado por nuestra preocupación ante el odio y la violencia política, que incluso han afectado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, víctima de varios atentados, por suerte todos fallidos.

 

EE.UU. 250: entre libertad y atentados

Por Roberto Valenzuela

 

El próximo 4 de julio de 2026, los Estados Unidos alcanzarán un hito histórico: 250 años de su nacimiento como nación. La fecha nos remite al 4 de julio de 1776, cuando las trece colonias —el 13, considerado por muchos un número de superstición— proclamaron su independencia del reino de Gran Bretaña. Aquel acto sentó las bases de un exitoso experimento político que, con el paso del tiempo, se convertiría en un referente mundial: la democracia representativa.

 

A diferencia de las monarquías —encabezadas por reyes, reinas o emperador, emperadora— predominantes en su época, el nuevo Estado se estructuró bajo la inspiración de Montesquieu y su doctrina de la separación de poderes. Así, el poder Ejecutivo, encabezado por un presidente electo; el Legislativo, representado en un Congreso sujeto a renovación democrática; y el Judicial, garante último del cumplimiento de la Constitución y las leyes, configuran un equilibrio institucional que ha resistido el paso del tiempo. Y 250 años es, sin duda, mucho tiempo.

 

Es innegable que Estados Unidos ha construido una historia de grandeza institucional. Ha sido inspiración para pueblos como Haití, que fue la segunda nación americana en proclamar su independencia y la primera república negra independiente. También inspiró a líderes independentistas que lucharon por la libertad de sus pueblos, entre ellos Simón Bolívar, José Martí, José de San Martín, Juan Pablo Duarte y Benito Juárez. Su sistema democrático, con tensiones y desafíos, no ha sido interrumpido desde su fundación, y su aparato de justicia mantiene una fortaleza que inspira a otras naciones. Sin embargo, esa misma historia también arrastra un capítulo oscuro y funesto: la violencia política dirigida contra sus propios líderes.

 

Es el país donde más presidentes han sido asesinados. Cuatro mandatarios han muerto en el ejercicio del cargo: el influyente Abraham Lincoln en 1865, James A. Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y el carismático John F. Kennedy en 1963. A estos hechos se suman múltiples intentos de magnicidio a lo largo de su historia, lo que evidencia que ni siquiera las democracias más sólidas están exentas de amenazas extremas.

 

El caso de Ronald Reagan —uno de los presidentes más populares en la historia de esa nación—, herido en un atentado en 1981, así como los recientes incidentes de seguridad en torno a Donald Trump, reafirman una realidad inquietante: el poder político, en cualquier contexto, sigue siendo un blanco de alto riesgo. Cabe recordar que el intento de agresión contra Trump ocurrió en un entorno simbólicamente comparable al de otros episodios históricos de violencia política en el país. Tanto Trump como Reagan pertenecen al Partido Republicano y representan corrientes conservadoras.

 

Este contraste —entre la estabilidad institucional y la persistencia de la violencia política— define, en buena medida, la complejidad de la experiencia estadounidense. A 250 años de su fundación, Estados Unidos no solo celebra su permanencia democrática, sino que también enfrenta el desafío de preservar la seguridad de sus líderes y la calidad del debate público.

 

Porque, si algo enseña su historia, es que la democracia no es un logro estático, sino una construcción permanente, donde los avances conviven con amenazas que obligan a una vigilancia constante.

 

Las “travesuras” de Víctor Mañaná y Wellington Carpio

Mañaná utilizaba su frase “lapidaria” y “amenazante”:

“¡Ayúdenme, que esto da vuelta!”

 

Por Roberto Valenzuela

 

Ahora que todo ha cambiado con la revolución de las redes sociales, y que el periodismo tradicional ya no es el mismo, hay que hablar de los buenos reporteros. ¡Sí, de aquellos! De los que, en las décadas de los 80 y 90, y hasta bien entrados los 2000, llevaron sobre sus hombros este difícil oficio.

 

Son muchos buenos o buenísimos —es imposible mencionarlos a todos—, pero siempre he mostrado una especial simpatía hacia dos reporteros que, a mi juicio, el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) debería reconocer. ¡Y ahora que están en vida y con salud! No debemos esperar a que enfermen o mueran para lamentarnos luego en un cementerio o al enterarnos de su fallecimiento. ¡No! Tampoco cuando, al preguntar por ellos, descubramos que ya no están en el mundo de los vivos.

 

Estos compañeros no solo se destacaron por su profesionalidad, sino también por el cariño y la simpatía que siempre generaron entre colegas. Eran —y siguen siendo— buena gente. ¡Gente de verdad! Siempre de buen humor, incluso en los momentos más difíciles y de mayor presión.

 

Porque el día a día de un reportero no es fácil. ¡Para nada! En medio de ruedas de prensa, reuniones interminables y crisis políticas que sacudían nuestra amada nación, ellos estaban ahí: haciendo cuentos, soltando chistes, aligerando la carga. Y nosotros, inevitablemente, terminábamos a su alrededor.

 

Me refiero a Wellington Carpio y Víctor Mañaná.

 

Ambos conservan —todavía hoy— un muchacho por dentro. Aunque adultos responsables, tienen el alma noble de niños juguetones. Siempre “salen con una muchachá”, como diríamos en los barrios.

 

La frase “lapidaria” de Víctor Mañaná era inconfundible:

“¡Ayúdenme, que esto da vuelta!”

Y eso, claro, cuando trabajando en medios como El Caribe, El Siglo o Listín Diario, se daba una escapadita… ¡y llegaba tarde a la fuente!

 

A propósito, hace unos días conversaba con el buen amigo y buen periodista Camilo Javier sobre la influencia de Víctor y sus sólidas relaciones en fuentes clave: Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Palacio de la Presidencia. Coincidimos en algo: Mañaná no solo informaba, ¡formaba! Se convertía en tutor y protector de los reporteros novatos.

 

Pero hay más. Tiene un “récord” no escrito: cuando un periodista —novato o veterano— enfrentaba un problema, ya fuera policial o de cualquier índole, incluso en la madrugada… ¡ahí estaba Víctor! Defendiendo a gente que apenas conocía o ayudando a familiares de colegas. ¡Así, sin preguntar mucho!

 

Sobre Wellington Carpio, lo vi recientemente y le hice un pedido directo:

“¡Tienes que escribir un libro!”

 

Porque Wellington no solo es un gran periodista; es, probablemente, uno de los reporteros mejor informados del país. Maneja tanto lo que se puede saber… como lo que no se puede contar.

 

Ha sido testigo de soluciones a grandes crisis políticas, de momentos decisivos en la historia reciente de nuestro país. ¡De esos que no salen en los libros! Ha estado cerca de negociaciones delicadas, amarres políticos, acuerdos tras bastidores entre presidentes, empresarios, sindicalistas y miembros de la jerarquía católica.

 

Y, además, posee una memoria fotográfica envidiable. Es detallista, agudo y, sobre todo, un cronista excepcional.

 

¡Un libro suyo sería un legado invaluable! Aportaría enormemente a las nuevas generaciones de reporteros y a todos aquellos que sueñan con entrar en este oficio.

 

Porque historias como estas… ¡no se pueden perder!

 

El Ministerio de Justicia no interviene en decisiones de jueces ni fiscales

Por Roberto Valenzuela 

 

La persecución penal en la República Dominicana permanece, sin excepción, bajo el control absoluto del Ministerio Público. El surgimiento del Ministerio de Justicia no altera ese principio, sino que viene a llenar un vacío histórico: la República Dominicana era la única nación de la región que carecía de esta entidad, pese a que desde su primera Constitución se concibió la existencia de un Ministerio de Justicia.

 

En ese contexto, el Dr. Antoliano Peralta Romero ha señalado —incluso en tono de broma— que no puede atribuirse el mérito de ser el primer ministro de Justicia de la historia nacional. Y tiene razón. El Ministerio de Justicia no es una creación inédita ni una figura novedosa en el ordenamiento institucional dominicano.

 

Conviene recordarlo con claridad: el Ministerio de Justicia ha existido en el país desde la fundación de la República en 1844, cuando operaba bajo la denominación de “Ministerio de Justicia e Instrucción Pública”. Por tanto, cuando el presidente Luis Abinader somete al Congreso la iniciativa para su restablecimiento, aun reconociendo el valor político de impulsarla, no se trata de un descubrimiento institucional, sino de la recuperación de una figura histórica del Estado dominicano.

 

El Ministerio de Justicia se mantuvo vigente hasta uno de los gobiernos más progresistas del país, el encabezado por Juan Bosch. El golpe de Estado de 1963 y el posterior gobierno del Triunvirato desmantelaron las reformas impulsadas en ese período, incluyendo la desaparición del Ministerio de Justicia.

 

En la misma línea, las funciones registrales y administrativas que ahora se transfiere al Ministerio de Justicia no constituyen atribuciones nuevas ni ajenas a su naturaleza. Por el contrario, se trata de competencias que históricamente siempre estuvieron bajo la tutela del Ministerio de Justicia y que, al ser asumidas por el Ministerio Público, terminaron distrayéndolo de sus funciones esenciales.

 

Desde esta perspectiva, la Ley núm. 80-25, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, no debilita al Ministerio Público, sino que lo fortalece, al tiempo que representa un avance en la independencia del Poder Judicial.

 

Es importante subrayar que el recién creado Ministerio de Justicia no tendrá atribuciones jurisdiccionales ni funciones de juzgamiento. Es decir, no interviene en las decisiones de jueces y fiscales. Su misión se circunscribe a la formulación y coordinación de políticas públicas orientadas al fortalecimiento y la mejora integral del sistema de justicia, dentro del marco de las competencias que la Constitución y las leyes asignan al Poder Ejecutivo.

 

Las dependencias que pasarán a su tutela continuarán operando con el mismo presupuesto y personal, garantizando la continuidad y mejora de los servicios ofrecidos tanto a la comunidad jurídica como a la ciudadanía en general. Entre las atribuciones que asumirá se encuentra el sistema penitenciario, anteriormente bajo la dependencia del Ministerio Público.

 

Asimismo, el Ministerio de Justicia asumirá competencias en materia de derechos humanos y funciones registrales, incluyendo registros y certificaciones de documentos oficiales y notariales, así como la inscripción de organizaciones sin fines de lucro, responsabilidades que también se encontraban bajo la órbita del Ministerio Público.

 

La nueva entidad tendrá a su cargo la representación y defensa del Estado ante los estamentos judiciales, con la exclusión expresa de la materia penal, que seguirá siendo competencia exclusiva del Ministerio Público. En consecuencia, el Ministerio de Justicia no juzga ni persigue delitos penales, incluyendo los relacionados con la corrupción.

 

Tras la última reforma constitucional, la figura del “procurador general administrativo” pasó a denominarse “abogado de la administración pública”, quedando adscrita al Ministerio de Justicia. La Oficina de la Abogacía del Estado contará con profesionales competentes y especializados, atendiendo a una debilidad histórica del Estado dominicano en la defensa de sus intereses frente a demandas judiciales.

 

El Ministerio de Justicia tendrá representación en el Consejo del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y en el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos.  En este último caso con representación directa del ministro. También asumirá la defensa del Estado dominicano ante tribunales internacionales, función que hasta ahora estaba bajo la tutela de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

 

 

 

 

Duarte: "unidos somos invencibles"

Por Roberto Valenzuela

 

Juan Pablo Duarte fue, sin duda, un genio adelantado a su tiempo. Su pensamiento político y moral no sólo dio origen a la República Dominicana, sino que dejó advertencias claras sobre los peligros que acechan a los pueblos que se dividen. Una de las más contundentes fue su convicción de que una nación fragmentada, como ocurrió en Haití, estaba condenada a la miseria permanente.

 

Duarte observó con atención la experiencia haitiana. A pesar de haber logrado una hazaña histórica —ser la segunda nación independiente de América y la primera república negra del mundo— Haití no logró consolidar un proyecto nacional estable. Las divisiones políticas y la ambición de pequeños grupos de poder impidieron que un país rico en minería, tierras fértiles, ríos, montañas, costas, bellas playas pudiera desarrollarse plenamente. En lugar de progreso, prevaleció la autodestrucción.

 

La historia lo confirma. El 22 de septiembre de 1804, el general Jean-Jacques Dessalines se proclamó dizque “emperador” con el nombre de “Jacques I”, instaurando una monarquía autoritaria. Su mandato fue breve: el 17 de octubre de 1806 fue traicionado y asesinado, por Alexandre Pétion y Henri Christophe.  Tras su muerte, el país se partió en dos: Christophe estableció un supuesto “reino” (se proclamó “rey”) en el Norte y Pétion, una república (se proclamó “presidente”) en el Sur. Desde entonces, la fragmentación ha marcado el destino haitiano, con una élite reducida concentrando la riqueza y una mayoría sumida en la pobreza extrema.

 

Ese ejemplo fue una advertencia para Duarte. Por eso sostuvo que la República Dominicana no podía imitar a Haití, pues los pueblos divididos “caminan hacia la ruina y son juguete de las pasiones y de la ambición de unos pocos”. Su llamado a la unidad fue reiterado, memorablemente, cuando en Puerto Plata exhortó a los dominicanos a permanecer unidos si querían ser felices y libres, evitando el fraccionamiento regional que había destruido a la nación vecina.

 

Hoy, cuando celebramos el natalicio de Duarte, ese mensaje conserva una vigencia inquietante. En tiempos recientes, una serie de hechos —no siempre aislados— han intentado proyectar la imagen de una República Dominicana caótica, insegura y sin control. Informaciones falsas sobre supuestos bloqueos de pandillas en la frontera, ataques simbólicos a nuestros emblemas patrios, intentos burlescos de distorsionar el Himno Nacional, rumores alarmistas tras la desaparición de niños que luego fueron desmentidos por las autoridades, y denuncias amplificadas con fines internacionales, parecen tener un hilo conductor: erosionar la estabilidad, la identidad y la imagen del país.

 

No se trata de negar problemas reales ni de cerrar los ojos ante desafíos legítimos, sino de comprender que la desinformación, la manipulación y el irrespeto a los símbolos nacionales debilitan a la Nación desde dentro. Duarte lo entendió con claridad meridiana: sin unidad, no hay República posible.

 

Este 26 de enero no debe ser solo una fecha para discursos y homenajes formales, sino un momento de reflexión profunda. Defender la verdad, proteger nuestros símbolos, actuar con responsabilidad y mantener la cohesión nacional es, hoy más que nunca, un deber patriótico.

 

Como advirtió Juan Pablo Duarte, “Unidos somos invencibles”. ¡🇩🇴✨

 

 

«Vacatio legis»: el tiempo que la ley necesita para ser justa

 Por Roberto Valenzuela

 

Aunque suene a un tecnicismo que algunos abogados usan para parecer más expertos de la cuenta, «vacatio legis» es un término en latín que cumple una función clave en la vida jurídica de cualquier país. Se refiere al período que transcurre entre la publicación de una ley y el momento en que comienza a aplicarse, un lapso pensado para que la sociedad conozca la norma y pueda adaptarse a ella.

 

Lejos de ser un simple formalismo, la «vacatio legis» es una garantía de orden, previsibilidad y respeto al ciudadano, y marca la diferencia entre una ley que se prepara y una que se impone de golpe. Justamente lo contrario ocurrió con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, que irrumpió sin la debida «vacatio legis» y provocó desajustes y trastornos evidentes en nuestro sistema de justicia.

 

La ausencia de un período de «vacatio legis» no solo tomó por sorpresa a jueces, fiscales y abogados, sino que provocó un escenario de desorden que hoy se traduce en audiencias suspendidas, confusión procesal y malestar generalizado en los tribunales.

 

No es exagerado hablar de caos. En las salas de audiencia del país ya se escuchan expresiones de frustración que reflejan el sentir de muchos operadores del sistema. Un abogado, visiblemente molesto, llegó a decir que el nuevo código “agarró a todos con los pantalones abajo”, una frase coloquial, pero reveladora del nivel de improvisación con que se ha manejado un cambio de esta magnitud.

 

Uno de los aspectos más trascendentes del nuevo código es la eliminación de la facultad de las cortes de apelación para devolver los casos a los tribunales de primera instancia. A partir de ahora, los tribunales de alzada están obligados a conocer el fondo del proceso y a decidir. El objetivo parece claro: evitar el ir y venir interminable de expedientes que durante años dilató la justicia y desesperó a las partes. Sin embargo, una reforma de esta naturaleza exige preparación, capacitación y tiempo, tres elementos que brillaron por su ausencia.

 

La realidad pudo observarse en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde su presidenta, la magistrada Josefina Pujols, asumió un rol pedagógico poco común en un tribunal de segundo grado. Con paciencia, explicó a abogados, a los privados de libertad, a las víctimas y sus familiares que el nuevo Código había sido promulgado apenas el domingo anterior y que entraba en vigencia de inmediato, sin margen alguno para la adaptación.

 

Resultó preocupante comprobar que muchos profesionales del derecho siguen formulando peticiones ya eliminadas por la nueva normativa, desconociendo que el nuevo código redistribuye competencias y obliga a la corte a asumir decisiones que antes devolvía a primera instancia. No se trata de ignorancia individual, sino de una falla sistémica: nadie puede aplicar correctamente una ley que no ha tenido tiempo razonable para estudiar.

 

Durante una de esas explicaciones, un juez precisó algo esencial: el Congreso no hizo una modificación, aprobó un nuevo código. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta obligada: ¿por qué no se otorgó un período de «vacatio legis», como ocurrió con el Código Penal? ¿Por qué se sometió al sistema judicial a una transición abrupta, sin preparación previa?

 

La implementación del nuevo Código Procesal Penal representa un reto enorme para jueces, fiscales, defensores y todo el personal de justicia. Exigir resultados inmediatos, sin ofrecer las condiciones necesarias, es una forma sutil de empujar al error y al colapso operativo.

 

 

 

El caso SeNaSa como precedente de independencia judicial

 

En esta ocasión no hubo interferencia del poder político. Aunque la Fuerza del Pueblo presentó la denuncia, el presidente Abinader permitió que la justicia actuara con plena independencia, aun cuando uno de los acusados es una persona cercana a él.

 

Por Roberto Valenzuela

 

La forma en que el sistema de justicia dominicano ha conocido el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SENASA) constituye un hecho relevante para la institucionalidad democrática del país. El proceso se ha desarrollado sin señales de interferencia del poder político, lo que reafirma el principio constitucional de separación de poderes.

 

La denuncia inicial fue presentada por la opositora Fuerza del Pueblo y, a partir de ese momento, las autoridades judiciales asumieron el caso conforme a los procedimientos establecidos. El presidente de la República, Luis Abinader, permitió que los órganos competentes actuaran con autonomía, sin que desde el Poder Ejecutivo se condicionara, frenara o direccionara el curso del proceso.

 

Desde una perspectiva histórica, este comportamiento representa una diferencia sustancial respecto a prácticas observadas en el pasado reciente. Durante mis años como reportero del Palacio Nacional, desde los gobiernos de Hipólito Mejía hasta Danilo Medina, rara vez se vio que procesos judiciales contra personas cercanas al poder avanzaran sin interferencias políticas evidentes.

 

El precedente que deja el caso SENASA apunta a un objetivo fundamental: consolidar un modelo en el que la justicia opere con independencia, independientemente de quién ocupe el poder. Esto implica dejar atrás una tradición en la que la política intervenía directa o indirectamente en el funcionamiento del sistema judicial.

 

En la actualidad, la República Dominicana muestra señales claras de un cambio institucional. El Ministerio Público actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, mientras que los tribunales son los únicos llamados a juzgar y decidir. El Poder Ejecutivo, por su parte, no asume el rol de árbitro ni de protector de intereses particulares.

 

Algunos elementos refuerzan esta lectura institucional:

 

• El presidente Abinader ha manifestado que el Poder Ejecutivo no interfiere en la selección de los casos que se investigan ni en las decisiones que adoptan los órganos judiciales.

• El Ministerio Público desarrolla sus actuaciones con apego a la ley y bajo el control de los tribunales.

• El presidente Abinader no coloca el impacto político de los procesos judiciales por encima del cumplimiento del debido proceso y la transparencia.

• Que un caso vinculado a una institución estratégica como SENASA sea conocido por la justicia demuestra que la rendición de cuentas es un principio operativo.

• Otra de las cosas que ha dejado claro Luis Abinader es que el proceso judicial no compromete la continuidad ni la estabilidad del servicio, sino que puede contribuir al fortalecimiento de los controles, la supervisión y la gestión institucional.

 

Durante años, situaciones similares se resolvían mediante silencios administrativos, archivos discrecionales o traslados internos. En el contexto actual, la aplicación de la ley no distingue entre aliados, funcionarios o adversarios políticos.

 

Cuando la justicia actúa con independencia, el Estado de derecho se fortalece y se refuerza la confianza ciudadana en las instituciones. El caso SENASA, más allá de sus resultados específicos, se convierte así en una referencia importante para la consolidación democrática y el respeto a la legalidad en la República Dominicana.

 

 

El plátano «falsificado» y el «filósofo de colmado»

Por Roberto Valenzuela

 

Hace dos días fui al supermercado más famoso de la capital —ese donde todo cuesta un poco más, pero la gente va “por costumbre”— y me encontré con una escena tan dominicana que parecía sacada de una comedia de cine local.

 

Una señora estaba parada frente a una montaña de plátanos, pero no los estaba escogiendo ni pesando… ¡los estaba regañando!

—¡Estos son plátanos falsificados! —gritaba con indignación, mirando, señalando con su dedo índice acusador a los racimos como si ellos tuvieran la culpa de algo.

 

Intrigado, como buen dominicano curioso, me acerqué y le pregunté con respeto:

—Vecina, disculpe que me meta en su conversación con los plátanos, pero… ¿qué es un plátano falsificado?

 

Ella me miró como quien observa a un turista recién llegado y respondió con toda seguridad:

—Ay, pero usted está muy atrasado. Eso es cuando los plátanos no saben a plátanos.

Y tenía razón. De inmediato intervino otra señora que andaba por allí, tenía poca ropa, los rolos cubiertos por una redecilla, chancletas de goma y la voz de quien sabe de fritos verdes:

—Es que los plátanos buenos son los de Barahona. Esos sí saben a plátano, no como estos que parecen de laboratorio. Saben a plástico, son importados.

 

Seguí mi recorrido y, en la siguiente góndola, encontré otra escena digna de grabarse: una señora hablando sola frente a los precios. Decía en voz alta:

 

—¡Dios mío, pero esta leche sube más que el dólar!

 

En otra esquina del supermercado había un señor con pinta de «filósofo de esquina» o «filósofo de colmado». Son esos «tiguerones» que se las saben todas y siempre están en las esquinas de los barrios, «dando cuerda» a los más «pariguayos» o teorizando, tratando de arreglar el país sin moverse del lugar.

 

Este filósofo conversaba con otro cliente y soltó la frase del día:

 

—El que siembra habichuelas no puede comer guandules.

El otro, confundido, solo asintió, como quien no entiende nada, pero tampoco quiere parecer ignorante.

 

Mientras tanto, las madres avanzaban con los carritos convertidos en cochecitos de diversión. Los niños, felices, iban sentados en los carritos, como reyes, comiendo galletitas abiertas sin pagar todavía, con una sonrisa de oreja a oreja. Algunos hacían sonar la «bocina del carrito» con la boca, haciendo ademanes con las manitos extendidas sosteniendo el guía de su carro de alta gama, como si estuvieran conduciendo como Toretto en Rápido y furioso, conduciendo un Ferrari o un Porsche por el pasillo de las pastas.

 

Y claro, no podían faltar las «fashionistas del súper»: esas damas venezolanas que confunden el supermercado con una pasarela. Van maquilladas desde las nueve de la mañana, con leggings que desafían las leyes de la física y tacones que hacen eco en el pasillo de los embutidos. Una de ellas, mientras hablaba por teléfono, decía:

 

—Amiga, yo vine solo a comprar una lechuga… y ya tengo el carrito con más de siete mil pesos.

 

Conclusión: Si uno quiere escuchar de todo —chismes, quejas, teorías conspirativas y prédicas filosóficas—, solo tiene que ir al supermercado. Ese es el verdadero confesionario del pueblo: entre los pasillos y los carritos de compra se ventilan frustraciones, se lanzan teorías y se cuentan historias dignas de telenovela.

 

 

 

“Agentes al 100”: cuando los valores se vuelven virales

El Ministerio de Educación lanzó el voluntariado juvenil “Agentes al 100”, una iniciativa que busca devolver la enseñanza de la moral y la cívica a las escuelas, promoviendo el respeto, la convivencia y los valores ciudadanos.

 

Por Roberto Valenzuela

 

En momentos en que nuestra sociedad expresa preocupación por la pérdida de los valores cívicos y las buenas costumbres, el Ministerio de Educación ha dado un paso que merece reconocimiento y apoyo. El ministro Luis Miguel De Camps encabezó el lanzamiento del programa “Agentes al 100”, una iniciativa que busca fortalecer la formación en valores, el liderazgo estudiantil y la participación activa de los jóvenes en sus comunidades.

 

Como promotor de la educación, la cultura y la historia (los símbolos patrios), me sumo con entusiasmo a esta propuesta, que representa una luz en medio de tantas noticias negativas que dominan la opinión pública.

 

El lanzamiento de “Agentes al 100” se realizó en un emotivo acto en el Liceo Profesor Germán Martínez, del sector Los Ríos. Sin embargo, el evento pasó casi desapercibido debido a que otros temas acaparaban la atención mediática. Y es precisamente ahí donde radica uno de nuestros grandes desafíos: dar visibilidad a las buenas noticias.

 

El ministro De Camps explicó que este voluntariado juvenil será el brazo operativo del programa “Ciudadanos al 100”, orientado a promover el bien común, la democracia y la convivencia pacífica. “Queremos que el civismo se vuelva cotidiano, que el respeto sea un hábito y que los valores —dicho en lenguaje moderno— ¡se vuelvan virales!”, expresó el ministro con convicción.

 

Durante el acto, los estudiantes leyeron el Compromiso Ciudadano, juraron promover la paz, la justicia, la equidad y la solidaridad, y fueron juramentados como los primeros “Agentes al 100”. La joven Gabrielle Marie Lockhart Cáceres resumió el espíritu del programa al decir:

 

“Hoy nos unimos con un mismo propósito: servir a los demás… no por los reconocimientos, sino por amor genuino al prójimo.”

 

Uno de los momentos más inspiradores fue la presentación del Mapa Nacional de los Ciudadanos al 100, que muestra la expansión del movimiento en todo el país. Según explicó De Camps, esta iniciativa está alineada con la Hoja de Ruta 2025-2028, que coloca la educación en valores como eje central de la política educativa nacional.

 

Los Agentes al 100 desarrollarán proyectos sociales, promoverán el liderazgo positivo y fortalecerán la solidaridad en sus comunidades. Además, contarán con un sistema de insignias cívicas que reconocerá a estudiantes, docentes y familias que promuevan la paz, la democracia y el respeto a los símbolos patrios. Entre las insignias figuran Raíces de la Nación, Defensor de la Democracia, Guardianes de los Símbolos, Constructor de Paz y Corazón de Duarte, entre otras.

 

“Cada insignia será una medalla de ejemplo y una evidencia de amor por la patria”, afirmó el ministro.

 

El portal digital Ciudadanosal100.edu.do permitirá a los centros educativos registrar sus misiones, compartir recursos y mostrar su impacto en tiempo real, haciendo que la educación en valores se conecte con la acción comunitaria.

 

La iniciativa “Agentes al 100” no es simplemente un programa educativo; es una semilla de esperanza sembrada en el corazón de nuestros jóvenes. En tiempos donde los antivalores hacen más ruido, este movimiento nos recuerda que todavía existe una generación dispuesta a servir, respetar y construir un mejor país.

 

Por eso, la prensa tradicional, la radio, la televisión y las redes sociales tienen una misión clave: multiplicar este mensaje, hacerlo visible, hacerlo contagioso.

 

Porque cuando los buenos ejemplos se cuentan…

los valores también se vuelven virales.

 

 

“Maipiolo en decadencia” vs la ‘chapiadora’

Por Roberto Valenzuela

 

«Maipiolos», «peladoras», «chapiadoras», «inchapiables», «vendedores de lengua»: los personajes que la sabiduría popular crea y la sociedad legitima.

En los barrios dominicanos, el ingenio popular produce frases que retratan mejor la realidad que muchos discursos académicos. Cada expresión encierra ironía, sabiduría y una crítica social mordaz.

 

Hace unos días, mientras conversaba con personas de un sector humilde, pregunté por un señor de avanzada edad que suelo ver con frecuencia. Es un hombre peculiar: cuando ve llegar a figuras conocidas del barrio, suele pedirles algo, pero a los extraños, como a mí, jamás se atreve.

 

Al preguntar quién era, un amigo respondió con naturalidad:
—Ese es un «maipiolo en decadencia».

 

En sus tiempos de esplendor se dedicaba a conseguir mujeres para peloteros, artistas, políticos, narcos y otras figuras prominentes. Más allá de la anécdota, me llamó la atención la fuerza de la frase: resume, con crudeza y precisión, la caída de quien vivió de un oficio marginal y hoy apenas conserva su sombra.

 

En esa misma conversación surgió otra expresión: «vivir de la venta de lengua». Se aplica a comunicadores que hablan por encargo o por paga, que venden su voz o su silencio según convenga. Según la sabiduría callejera, algunos cobran tanto por «mover la lengua» y difundir como por «guardar la lengua» y callar informaciones sobre figuras públicas.

 

Oí también la palabra «malpechoso», usada para describir a alguien rencoroso o ingrato. Uno de los presentes la aplicó a Guillermo Moreno, recordando que, pese a haber sido designado fiscal por Leonel Fernández en 1996, luego lo atacó con dureza e intentó encarcelar a Joaquín Balaguer, protector político de Fernández.

 

Y, por supuesto, apareció la eterna «chapiadora», heredera de la antigua «peladora» (pelaba los bolsillos a los hombres), aquella que obtenía dinero mediante el encanto o la manipulación. Es curioso cuando se enfrentan una «chapiadora» experimentada y un hombre «tiguerón», «inchapiable».

 

Estas expresiones —«maipiolo en decadencia», «vendedor de lengua», «malpechoso», «chapiadora»— son más que palabras: son radiografías del alma popular, donde se esconde la crítica, el humor y la verdad sin adornos del dominicano de a pie.

 

Al final, detrás de cada «maipiolo», «chapiadora» o «vendedor de lengua», hay una sociedad que ha normalizado el «truqueo», el favor y la conveniencia. Nos reímos de ellos, pero reflejan lo que toleramos. La decadencia no está solo en los personajes populares, sino en el sistema que los produce… y los aplaude.

 

 

 

Homenaje a Franklin Guerrero: la cámara que nunca calla

Por Roberto Valenzuela

 

Hay profesionales como Franklin Guerrero que ejercen la medicina, el derecho o la ingeniería, pero cuya verdadera vocación es otra: la comunicación. Guerrero, odontólogo y excelente en su oficio, encuentra su pasión en cargar una cámara al hombro, como un guerrero que empuña su fusil; un Quijote que recorre el mundo para contar historias a través de sus fotos. Y no cualquier historia: relatos de contenido social, de esos que se clavan en el alma y dejan huella.

 

No se me borra de la memoria una foto de una niña que se orinó de miedo en sus pantalones. En la imagen se palpa la humedad de la tela y se percibe el miedo en su rostro, fruto del pánico que sintió al encontrarse en medio de un operativo policial en su barrio “caliente”.

 

¿Qué pensamientos cruzaron por la mente de esa niña al verse cercada por policías armados como si fueran a la guerra? Hombres encapuchados, apostados en camionetas y motocicletas, desplegando un espectáculo de fuerza que, más que protección, inspira miedo.

 

Lo malo es que ninguna autoridad notó el gesto de terror de la niña; solo lo captó el lente de un intruso. ¿Cuántos problemas habrá ayudado a visibilizar la cámara de este quijotesco odontólogo, cuyas fotos son auténticas denuncias sociales?

 

Su valentía es legendaria. Les cuento una anécdota: soy amigo del padre de Franklin, con quien trabajé en El Caribe. Sabiendo que su hijo no teme a nada, un día me sugirió que hablara con él para que dejara de fotografiar a los narcos.

 

Fui, hablé con Franklin… pero nunca bajó la guardia.

 

Al poco tiempo, los matones que acompañaban al reconocido narco “El Gringo” intentaron agredirlo. Pero los flashes de su cámara nunca dejaron de denunciar.

 

Cuando la prensa escrita estaba en auge, la fallecida fotógrafa Carmen Suárez me mostraba las primeras planas de El Nacional bajo la firma de Franklin Guerrero. “Es un odontólogo, pero es un monstruo haciendo fotos”, decía.

 

Me contaron varios periodistas que era habitual ver al legendario don Radhamés, director de El Nacional, caminando, arrastrando sus chancletas por la redacción y exclamando en cibaeño: “¡Ande ei diablo, miren qué foto más buena me ha traído Franklin!”. Radhamés es un símbolo del periodismo.

A Nuria Piera le estamos agradecidos por incluir en su programa de investigación Las foto-crónicas de Franklin Guerrero. La sección se ha arraigado tanto en el gusto popular que la gente hace chistes e imita el “cantaito” —el tono de voz— con que Franklin narra sus fotos, y los comediantes lo reproducen con gran destreza.

 

Pedimos al Colegio de Periodistas, a la Fundación Corripio, al Grupo Popular, al Grupo León Jimenes, a la Fundación Global, entre otros, otorgar un reconocimiento a Franklin. Sería un incentivo para que más personas descubran su vocación y comprendan el poder de la fotografía como herramienta de denuncia social. El periodismo, al final, existe para aportar al desarrollo de los pueblos.

 

 

 

Cruz Méndez: discreto, pero brillante

Por Roberto Valenzuela

 

En un mundo donde los jefes suelen brillar por el ruido, el general Pascual Cruz Méndez ha escogido el silencio. Su estilo no es de poses ni discursos, sino de resultados. Y —aunque muchos no lo saben— detrás de su bajo perfil se esconde uno de los técnicos más formados y apasionados en materia de tránsito de todo el país.

 

Voy a hablar del titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT). Y —para que no haya dudas— me adelanto a decir algo: quienes me conocen saben que, por mi naturaleza, no acostumbro a las lisonjas.

 

Sin embargo, trabajé con el general Pascual Cruz Méndez —y me preocupa que muchos no sepan quién es en realidad— Cuando el presidente Luis Abinader lo designó en DIGESETT, la biografía que se difundió apenas destacó su condición de buen policía, pero dejó de lado su larga trayectoria en materia de tránsito.

 

El general Méndez no es un improvisado. Inició su carrera en el Ejército, luego pasó a la Policía y se ha formado con rigor. No tiene malicia ni dobleces. Con él no aplica la vieja frase entre guardias y policías: “¡Allante y movimiento!”; lo suyo es trabajo serio y constante. Lo vi estudiar Arquitectura cuando yo apenas comenzaba la carrera de Derecho. Esa capacidad de superación lo ha acompañado siempre.

 

Toda su vida ha estado vinculada al tránsito. Es la tercera ocasión en que ocupa una posición de dirección en DIGESETT. Y no se puede olvidar que el actual jefe de la Policía, Guzmán Peralta, tuvo un gran desempeño en esa institución gracias —en buena parte— al trabajo operativo de Méndez.

 

Conozco bien este terreno y me atrevo a decirlo: junto a Alexandra Cedeño del INTRANT, el general Méndez es de los mejores técnicos en tránsito que tiene la República Dominicana. Ambos poseen vocación y pasión. Con el uso de diferentes tipos de tecnologías, analizan y estudian el comportamiento del tránsito a diario, con tanta entrega que pareciera que trabajan no 24, sino 25 horas al día.

 

Hay, eso sí, una diferencia: Alexandra es más conversadora con la prensa, mientras que el general prefiere el bajo perfil. Los periodistas lo respetan, le tienen consideración, aunque él no es dado a ofrecer declaraciones. Recuerdo que durante los trabajos en el puente Juan Bosch, Alexandra lo animó, lo puso a hablar ante las cámaras. Me sorprendió verlo en los noticieros: habló con fluidez y propiedad. Ella —entre risas— me confesó que lo hacía para que él perdiera el miedo, porque realmente sabe expresarse.

 

Con su designación en DIGESETT, decimos la frase: “¡En buenas manos está el pandero!”. Eso sí, ningún director puede hacerlo solo: tiene que apoyarse en su equipo técnico y en la coordinación permanente con el INTRANT —allí también hay profesionales de gran nivel, comparables con los de cualquier país latinoamericano—

 

Pero hay un gran reto. Ni DIGESETT ni el INTRANT pueden enfrentar solos un parque vehicular que crece sin parar. Y el país tiene las mismas calles, los mismos puentes, los mismos parqueos. Para que el talento de sus técnicos rinda frutos, el Gobierno debe garantizar recursos económicos, logística y equipos; de lo contrario, por más capacidad que haya, el esfuerzo se queda corto.