En esta ocasión no hubo interferencia del poder político. Aunque la Fuerza del Pueblo presentó la denuncia, el presidente Abinader permitió que la justicia actuara con plena independencia, aun cuando uno de los acusados es una persona cercana a él.
Por Roberto Valenzuela
La forma en que el sistema de justicia
dominicano ha conocido el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud
(SENASA) constituye un hecho relevante para la institucionalidad democrática
del país. El proceso se ha desarrollado sin señales de interferencia del poder
político, lo que reafirma el principio constitucional de
separación de poderes.
La denuncia inicial fue presentada por la
opositora Fuerza del Pueblo y, a partir de ese momento, las autoridades
judiciales asumieron el caso conforme a los procedimientos establecidos. El
presidente de la República, Luis Abinader, permitió que los órganos competentes
actuaran con autonomía, sin que desde el Poder Ejecutivo se condicionara,
frenara o direccionara el curso del proceso.
Desde una perspectiva histórica, este
comportamiento representa una diferencia sustancial respecto a prácticas
observadas en el pasado reciente. Durante mis años como reportero del
Palacio Nacional, desde los gobiernos de Hipólito Mejía hasta Danilo Medina,
rara vez se vio que procesos judiciales contra personas cercanas al poder
avanzaran sin interferencias políticas evidentes.
El precedente que deja el caso SENASA
apunta a un objetivo fundamental: consolidar un modelo en el que la justicia
opere con independencia, independientemente de quién ocupe el poder. Esto
implica dejar atrás una tradición en la que la política intervenía directa o
indirectamente en el funcionamiento del sistema judicial.
En la actualidad, la República Dominicana
muestra señales claras de un cambio institucional. El Ministerio Público actúa
conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, mientras que los
tribunales son los únicos llamados a juzgar y decidir. El Poder Ejecutivo, por
su parte, no asume el rol de árbitro ni de protector de intereses particulares.
Algunos elementos refuerzan esta lectura
institucional:
• El presidente Abinader ha manifestado
que el Poder Ejecutivo no interfiere en la selección de los casos que se
investigan ni en las decisiones que adoptan los órganos judiciales.
• El Ministerio Público desarrolla sus actuaciones con apego a la ley y bajo el
control de los tribunales.
• El presidente Abinader no coloca el impacto político de los procesos
judiciales por encima del cumplimiento del debido proceso y la transparencia.
• Que un caso vinculado a una institución estratégica como SENASA sea conocido
por la justicia demuestra que la rendición de cuentas es un principio
operativo.
• Otra de las cosas que ha dejado claro Luis Abinader es que el proceso
judicial no compromete la continuidad ni la estabilidad del servicio, sino que
puede contribuir al fortalecimiento de los controles, la supervisión y la
gestión institucional.
Durante años, situaciones similares se
resolvían mediante silencios administrativos, archivos discrecionales o
traslados internos. En el contexto actual, la aplicación de la ley no distingue
entre aliados, funcionarios o adversarios políticos.
Cuando la justicia actúa con
independencia, el Estado de derecho se fortalece y se refuerza la confianza
ciudadana en las instituciones. El caso SENASA, más allá de sus resultados
específicos, se convierte así en una referencia importante para la consolidación
democrática y el respeto a la legalidad en la República Dominicana.
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