El órgano eleva a seis el número de vacantes en el proceso de selección de nuevos integrantes del alto tribunal
Santo Domingo, R.
D.- El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) concluyó en la noche de este
martes el proceso de evaluación de desempeño de los jueces y la jueza de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ.
Luego de las
deliberaciones correspondientes, el Consejo Nacional de la Magistratura, de
acuerdo con las funciones que le confieren los artículos 179 de la Constitución
de la República y 3 de la Ley núm. 138-11, y tomando en cuenta lo dispuesto en
el artículo 2 del Reglamento núm. 2-25, el cual establece los criterios para la
evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia decidió
confirmar para un período de siete años a los magistrados Justiniano Montero
Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel
Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico.
Con esta decisión
del Consejo Nacional de la Magistratura se agregan dos vacantes adicionales a
las ya existentes, con lo cual el número total de vacantes a cubrir en la
Suprema Corte de Justicia asciende a seis. El proceso de recepción de
propuestas e inscripciones de candidaturas para ocupar dichas posiciones
continúa abierto.
Se invita a las
personas interesadas a presentar propuestas de candidaturas y postulaciones en
la Secretaría del CNM, ubicada en el edificio de la Suprema Corte de Justicia,
dentro de los plazos establecidos, es decir
hasta el día 10 de septiembre en curso para presentación de candidaturas
y hasta el 15 también de este mes para la inscripción de postulaciones.
Perfiles de los
magistrados confirmados
Justiniano Montero
Montero
Doctor en Derecho
por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con estudios de posgrado
que incluyen una maestría en Sociedad Democrática, Estado y Derecho por la
Universidad del País Vasco y una maestría en Derecho Administrativo y Gestión
Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es juez de la Suprema Corte
de Justicia desde abril de 2019 y actualmente preside la Primera Sala (Civil y
Comercial).
En el plano
institucional e internacional, es representante del país ante la Comisión
Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ) y redactor de dictámenes de dicho
órgano. También es miembro del Comité de Comportamiento Ético del Poder
Judicial y ha estado a cargo de comisiones importantes como el Comité de
Implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en
el Poder Judicial.
Fran Euclides Soto
Sánchez
Doctor en Derecho
egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Integra la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia, especializada en materia penal, luego de
haberse desempeñado como fiscal de carrera desde el año 2009.
En el ámbito de la
gestión institucional, desde 2022 preside la Comisión Ejecutiva de Tecnología
del Poder Judicial y se desempeña como juez líder del Programa de Optimización
del Proceso Penal, iniciativa orientada al fortalecimiento de la gestión y eficiencia
de esa jurisdicción.
Se destaca,
además, como impulsor de la modificación del Reglamento del Juez de Ejecución
de la Pena, aprobado en 2025.
Samuel Amaury
Arias Arzeno
Licenciado en
Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), con un
máster internacional en Resolución de Conflictos por la Universidad Oberta de
Catalunya. Juez de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia desde 2019,
cuenta con más de dos décadas como docente universitario y fue director de la
Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM).
En materia de
acceso a la justicia y resolución alternativa de conflictos, se destaca por
haber propuesto el Reglamento General sobre Mecanismos No Adversariales de
Resolución de Conflictos y la Guía para la Derivación de Casos Judiciales.
En el ámbito
institucional, presidió la Comisión Ejecutiva de Gestión Documental y la
Comisión Interna del Poder Judicial para Datos Abiertos, y ha participado en
iniciativas relacionadas con los Mecanismos Alternativos de Resolución de
Conflictos y los Tribunales de Tratamiento de Drogas (MARC-TTD).
Recientemente
sustentó, con la máxima distinción (sobresaliente cum laude), su tesis doctoral
sobre acceso a la justicia civil de personas en condiciones de pobreza, en el
marco del doctorado conjunto de la Universidad Externado de Colombia y la
PUCMM.
Anselmo Alejandro
Bello Ferreras
Doctor en Derecho
egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuenta con una
trayectoria de más de dos décadas en la carrera judicial, iniciada en julio de
2000 como juez de paz.
Al momento de su
designación en la Suprema Corte de Justicia, en abril de 2019, se desempeñaba
como juez presidente de la Primera Sala del Tribunal Superior de Tierras,
Departamento Central.
Es docente,
doctrinario y articulista, con amplia experiencia en materia civil e
inmobiliaria, y cuenta con maestrías en Relaciones Internacionales y un
postgrado en Metodología de la Investigación Avanzada, ambos de la Universidad
Católica Santo Domingo.
Como juez de la
Suprema Corte de Justicia, en 2020 integró la Comisión para el Censo del Poder
Judicial y participó en el proyecto de Manejo de Redes Sociales de Jueces.
También lideró la comisión que trabajó la actualización del marco normativo de
la jurisdicción inmobiliaria.
Rafael Vásquez
Goico
Licenciado en
Derecho, egresado de la Universidad Eugenio María de Hostos, docente de la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y autor de varias obras jurídicas.
Juez de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia (Tierras, Laboral,
Contencioso Tributario y Contencioso Administrativo), entre sus
responsabilidades ha estado la de coordinar el Plan de Descongestión de la
jurisdicción contencioso-administrativa y tributaria.
Fue presidente de
la comisión encargada de la modificación del Reglamento Disciplinario de los
Jueces y participó en la elaboración de los reglamentos sobre la suspensión de
ejecución de sentencias recurridas en casación y los recursos de apelación
disciplinarios contra abogados y notarios públicos, así como en propuestas de
modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley de casación.
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