SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), magistrado Luis Henry
Molina Peña, calificó el proyecto de modificación de la Ley sobre Procedimiento
de Casación como el segundo de mayor impacto para el Poder Judicial, lo que
aseguró contribuirá con una justicia al día para garantizar la dignidad de las
personas.
Molina Peña ofreció la información durante una reunión entre los integrantes
de las comisiones de Agenda Legislativa de (SCJ) y los de Justicia y Derechos
Humanos del Senado República, en la que socializaron el proyecto de
autoría del senador Dionis Sánchez.
Las comisiones estuvieron encabezadas por
Molina Peña; y Pedro Manuel Catrain Bonilla, presidente de la Comisión
de Justicia del Senado.
Durante el encuentro, el presidente de la SCJ propuso que las futuras
reuniones se realicen en conjunto con la Comisión de Justicia de la Cámara de
Diputados, para discutir la agenda de modificaciones legislativas para el Poder
Judicial.
“Otro proyecto que para nosotros es también de gran importancia es la Ley
de Simplificación y Desjudicialización de Trámites Administrativos. Queremos un
Poder Judicial al cual las personas acudan a dirimir conflictos, no uno que
complique o abulte trámites administrativos”, indicó.
La presentación de los puntos propuestos por la SCJ para la reforma de la
Ley de Procedimiento de Casación la realizó el magistrado Napoleón Estévez
Lavandier, juez de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia e integrante
de la Comisión de Agenda Legislativa del alto tribunal, quien destacó las
bondades y novedades del proyecto, el cual dijo vendrá a eliminar puntos que
son obstáculos para el sistema de justicia dominicano y provocan retrasos en el
fallo de los recursos de casación.
Manifestó que esa Ley es eminentemente necesaria para el sistema de
justicia, porque regula la Suprema Corte de Justicia como corte de casación.
Indicó que la Ley actual data de 1953, hace 69 años, y que el nuevo proyecto
viene a reorganizar totalmente el recurso de casación.
Expuso que la Suprema Corte de Justicia, con la Ley actual de Casación, es
utilizada como un escudo para el litigante temerario y el deudor recalcitrante,
cuya inacción en los casos que recurren provoca que los archivos de la SCJ se
llenen de expedientes sin posibilidad de ser fallados por la inactividad de las
partes.
“Nosotros hemos tratado en la Suprema Corte de Justicia de superar esa
inactividad, pero la Ley no lo permite porque pone su movimiento en manos de
las partes, el proyecto elimina eso para que la SCJ pueda activar y encaminar
los recursos de casación en tiempo oportuno y sin que las partes tengan el
control total”, sostuvo.
Concluyó puntualizando que el proyecto abarca la casación y sus efectos en
toda su extensión, traza quiénes son los que tienen calidad para recurrir y
establece que los plazos sean calculados en días hábiles, no francos como
actualmente dispone la Ley de Procedimiento de Casación.
Entre los puntos que se discutieron en la reunión están los siguientes:
fase de admisibilidad del recurso, donde además de revisar los aspectos
formales del recurso se incluye la evaluación del interés casacional que
permitirá a la Suprema Corte de Justicia determinar si el recurso reviste la
trascendencia necesaria para ser conocido o si se tratar de un caso donde
existe una jurisprudencia constante.
La propuesta de modificación también suprime el dictamen del procurador,
excepto en aquellos casos donde figure una institución del Estado o la Suprema
lo estime necesario y además establece como nueva facultad de la Suprema dictar
decisiones directas que falle el fondo y concluyan de manera definitiva el
caso.
El proyecto también regula el carácter no suspensivo del recurso de
casación, la forma de los escritos, depósito y trámite del recurso de casación
y suprime el auto de emplazamiento.
En el encuentro estuvieron presentes también los integrantes de la Comisión
de Agenda Legislativa de la SCJ, magistrados Justiniano Montero Montero y
Rafael Vásquez Goico. Asistieron también el magistrado Alexis Read, presidente
de la Tercera Sala de la SCJ, y las magistradas Vanessa Acosta, de la Primera
Sala, y Nancy I. Salcedo, de la Segunda Sala Penal. Además, César García Lucas,
secretario general de la Suprema Corte de Justicia; Javier Cabreja, coordinador
general de Comunicaciones y Asuntos Públicos; y Rosaura Quiñones, directora de
Análisis de Políticas Públicas.
Por la Comisión de Justicia del Senado estuvieron presentes también Aris
Lorenzo Suero, vicepresidente; Dionis
Sánchez, secretario y autor del proyecto; José Manuel Del Castillo Saviñón,
Milcíades Franjul, Félix Bautista Rosario y Faride Raful, miembros.
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