La nueva normativa cumple la decisión del Tribunal Constitucional agiliza, procesos y fortalece derechos de todas las partes.
Santo Domingo, R. D.- El consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, informó que el
presidente de la República promulgó en la mañana de este domingo 7 de diciembre
de 2025 la Ley núm. 97-25, mediante la cual se realiza una importante reforma
al Código Procesal Penal, dando cumplimiento a la Sentencia TC 0765 24 que
ordenó sustituir la Ley 10-15.
Peralta Romero indicó que esta reforma,
por demás, apuesta por una normativa acorde con los principios democráticos y
asume distintos criterios que el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de
la Suprema Corte de Justicia han venido creando en la materia.
Destacó que la nueva ley moderniza el
texto vigente hasta hoy, ya que fortalece parte importante de los 28 principios
del proceso penal. Igualmente consolida un modelo procesal más ágil, garantista
y coherente con el Estado social y democrático de Derecho.
El texto, apuntó, que fue promulgado hoy
será publicado en la Gaceta Oficial en el día de mañana. De conformidad con
nuestra normativa en la materia, entrará en vigor a partir del próximo martes
en el Distrito Nacional y a partir del miércoles en el resto del país.
Dijo que, entre los elementos destacables del
texto promulgado, está la ampliación de los mecanismos modernos de resolución
de conflictos, incluyendo justicia restaurativa, criterios de oportunidad,
acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional
del procedimiento, disponible ahora para hechos sancionados con hasta cinco
años de prisión.
El consultor jurídico expresó que es
igualmente notorio que la reforma fortalece el derecho de defensa y las
garantías al elevar los principios fundamentales y modernizar los
procedimientos. Se refuerza la presunción de inocencia, se asegura la asistencia
técnica integral para partes vulnerables, y se garantiza una aplicación más
humana mediante el principio de favorabilidad procesal.
Añadió que, los derechos del investigado
se activan desde los primeros actos, como la citación o la inmovilización de
fondos, y se amplía el plazo para que la defensa presente su escrito. Además,
se otorgan más oportunidades para que la defensa solicite contraperitaje, y se
fijan plazos máximos de dos años para los archivos provisionales, que antes no
tenían límite.
Asimismo, en el régimen de medidas de
coerción, la reforma establece reglas más claras sobre el arresto y las órdenes
de comparecencia, e impone un mayor rigor en el control judicial en la revisión
obligatoria, respondiendo a las exigencias de necesidad, razonabilidad y
estricta motivación para la restricción de libertad. Se incluye el criterio
explícito de plazo razonable, estableciendo un máximo de cuatro años para casos
ordinarios y cinco años para casos complejos, con criterios claros para su
cómputo. Adicionalmente, se garantiza un recurso de apelación efectivo al
eliminar el "nuevo juicio" y otorgar facultades a las cortes para
instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando un doble grado
de jurisdicción real y funcional.
En definitiva, sostuvo, el reformado
Código Procesal Penal está orientado a mejorar la administración de justicia
penal y modernizar profundamente el sistema, impulsando una transformación
basada en la celeridad, la economía procesal, la especialización y el consenso
entre las partes, con el objetivo de lograr una justicia más rápida, eficaz y
centrada en la solución del conflicto. Por demás, presenta una necesaria
armonización con el nuevo Código Penal, que se expresa en la adecuación a la
nueva clasificación de infracciones.
En ese sentido, explicó, las extensas
sesiones de trabajo que dieron como resultado esta importante reforma,
participaron, además de los legisladores, importantes sectores de la sociedad y
el Estado, lo que permitió que se arribaran a consensos importantes. Estuvieron
presentes en el proceso el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Poder
Judicial, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y distintos
representantes de la comunidad jurídica.
Con estas transformaciones, que se une la
Ley de Extinción de Dominio y la reforma al Código Penal, entre otras normas de
reciente impulso, la República Dominicana consolida una justicia penal más
humana, moderna y efectiva, en sintonía con los estándares constitucionales y
los desafíos del sistema judicial contemporáneo.
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