Por Luis Aníbal Medrano S.
La situación de la niñez y la adolescencia
en la República Dominicana es compleja: combina avances importantes en políticas
públicas con desafíos estructurales que aún limitan el desarrollo integral de
millones de niños, niñas y adolescentes. Además, exige un compromiso activo no
solo del Estado, sino también de toda la ciudadanía.
Un panorama general presenta que los
niños, niñas y adolescentes representan alrededor del 31.7 % de la población
dominicana, es decir, casi un tercio del país. Esto significa que cualquier
problema que les afecte tiene un impacto directo en el presente y el futuro
nacional.
Detectando las principales problemáticas,
observamos que la violencia y maltrato arroja que más del 63 % de niños entre 1
y 14 años ha sufrido métodos violentos de disciplina en el hogar. La violencia
infantil sigue siendo estructural y cotidiana, especialmente en el entorno
familiar.
Las consecuencias que generan estos
lastres se pueden enunciar como los problemas de salud mental, reproducción de
ciclos de violencia, dificultades en el aprendizaje y desarrollo social.
Unos lamentables elementos como la
desigualdad y la pobreza, aunque ha habido avances, muchos niños siguen
viviendo en condiciones de vulnerabilidad con acceso desigual a educación de
calidad, limitaciones en servicios de salud y nutrición y brechas territoriales
(zonas rurales vs. urbanas). Esto genera exclusión social desde edades
tempranas, afectando oportunidades futuras.
Con relación a la educación y
oportunidades, es preciso decir que se han fortalecido programas educativos y
de inclusión, pero persisten retos como: Abandono escolar, baja calidad
educativa en algunos sectores y acceso limitado a tecnología y formación
técnica, aunque en estos últimos el gobierno dominicano está sentando
precedente con la masificación de los centros tecnológicos, centros de Infotep
y los politécnicos.
Embarazo adolescente y uniones tempranas
es una preocupación del actual gobierno y se observa el denodado accionar del
despacho de la primera dama, Raquel Arbaje, quien preside de manera honorífica
el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia (GANA), con el acompañamiento fructífero
del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), que encabeza la
maestra Ligia Perez Peña.
Esto continúa siendo un problema relevante
que limita el desarrollo educativo y económico de las adolescentes. Sin duda
alguna, eso está vinculado a pobreza, desigualdad y falta de educación
sexual.
La falta de protección integral, aunque
existen leyes y políticas, su aplicación aún enfrenta debilidades;
independientemente del gran avance obtenido en los últimos cinco años,
persisten brechas en protección contra abuso, registro oportuno de nacimiento y
acceso a justicia.
No todo es negativo; en los últimos años
se han logrado avances importantes. Se han ampliado programas de protección
social, mayor enfoque en la primera infancia, iniciativas para mejorar la
educación y digitalización, mayor producción de datos para diseñar políticas
públicas.
A todo eso, el necesario apoyo ciudadano
es de capital importancia para lograr el bienestar de la niñez y la
adolescencia, que no es solo responsabilidad del Estado; también depende de la
sociedad.
La pregunta obligada es: ¿Por qué es clave
la participación ciudadana? Porque muchos problemas (violencia, abandono,
desigualdad) ocurren en el entorno social y familiar. Por lo que la
ciudadanía debe promover crianza positiva, evitar castigos físicos y
humillantes, fomentar el respeto y la comunicación, denunciar abusos, no
normalizar la violencia infantil, utilizar canales institucionales de denuncia,
apoyar la educación, participar en escuelas y comunidades, incentivar el
estudio y el desarrollo de habilidades. De igual forma, involucrarse en la
comunidad con programas sociales, voluntariado, creación de espacios seguros
para jóvenes, exigir políticas públicas efectivas, vigilancia ciudadana y participación
en debates y decisiones locales.
En conclusión, la niñez y la adolescencia
en la República Dominicana enfrentan retos estructurales como la violencia, la
desigualdad y las limitaciones educativas, pero también existen oportunidades
reales de mejora.
El punto clave es este: sin el compromiso
ciudadano, ninguna política pública será suficiente. Proteger a la niñez
no es solo una obligación legal o institucional, sino una responsabilidad ética
colectiva que define el futuro del país.
Luis Aníbal Medrano Silverio es
periodista, político, municipalista y creador de contenido.
