Por Jorge Lendeborg
En una administración pública donde muchas
veces la inercia, la burocracia o la simple improvisación impiden que los
buenos propósitos del presidente Luis Abinader lleguen a materializarse, hay
funcionarios que, sin aspavientos mediáticos ni presupuestos millonarios en
comunicación, demuestran que sí se puede gobernar con integridad, eficiencia y
resultados concretos. Uno de esos funcionarios es, sin lugar a dudas, el actual
ministro de Trabajo, Doctor Eddy Olivares.
Mientras algunos encabezan instituciones
como si fueran islas desconectadas del proyecto nacional, y otros apagan fuegos
que ellos mismos provocaron con malas decisiones, Olivares ha optado por otro
camino: el de la acción valiente, justa y legal. En lugar de escudarse en
tecnicismos o en la famosa frase “eso no me corresponde”, ha asumido con
compromiso su rol de protector de los derechos laborales en el país.
Hace apenas unos días, transitaba por la
intersección de la Avenida Duarte con Pedro Livio Cedeño, una de las zonas
comerciales más caóticas y desreguladas de la capital, cuando observé varios
establecimientos cerrados. Pensé, como cualquier ciudadano, en clausuras por
evasión fiscal o por algún operativo migratorio. Pero al indagar, descubrí una
realidad mucho más significativa: no era clausura, era pausa. Una suspensión
temporal por faltas graves cometidas contra trabajadores dominicanos.
Muchos de estos comercios, dirigidos por
empresarios, ensu mayoría de nacionalidad china, mantenían prácticas laborales
que bordeaban el esclavismo moderno. Jornadas interminables, ausencia de baños
adecuados, falta de comedores, negación de días libres y condiciones de trabajo
que violentaban toda norma establecida en el Código de Trabajo y los convenios
internacionales.
Durante años, esta realidad fue tolerada.
Por omisión o por complicidad, las autoridades de turno habían dejado a los
trabajadores dominicanos desamparados, sin una voz que los defendiera. Eso
cambió con la llegada de Eddy Olivares.
Su gestión no se ha limitado a auditorías
o visitas protocolarias. Ha implementado operativos de inspección reales, con
consecuencias tangibles para quienes violan la ley. Y lo más importante: ha
logrado que el sector privado entienda que los derechos laborales no son un
lujo, son un mínimo ético y legal innegociable.
Hoy, muchos de esos mismos negocios han
empezado a “poner la casa en orden”. Se están habilitando baños dignos, áreas
de descanso ventiladas, comedores para los empleados, y jornadas ajustadas a lo
que establece la normativa vigente. No por miedo, sino porque por fin alguien
les hace cumplir la ley.
El Ministerio de Trabajo, bajo la
dirección de Olivares, está enseñando algo fundamental: el Estado no tiene
porqué ser un espectador pasivo. Puede ser garante, árbitro, defensor de los
más vulnerables. Y lo está haciendo sin necesidad de escándalos, sin
persecuciones mediáticas, sin populismo.
Por eso, desde esta columna, no solo
reconozco su excelente desempeño, sino que lo exhorto a seguir por ese camino.
Porque en un país donde la institucionalidad muchas veces ha sido debilitada
por intereses particulares, figuras como la suya nos recuerdan que sí se puede
servir con dignidad.
Los trabajadores dominicanos, por fin,
tienen un Chapulín Colorado. No uno con antenitas de vinil, pero sí con la
firmeza de la ley en una mano y la voluntad de cambiarlas cosas en la otra.
Y eso, en estos tiempos, es más que
admirable: es urgente.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario