Por JUAN T H
Artículo 146.-
Proscripción de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los
órganos del Estado.
En consecuencia:
Será
sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga
fondos públicos o que prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y
organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para
sí o para terceros provecho económico;
De
igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus
asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
Es
obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de
bienes de las y los funcionarios públicos, a
quienes corresponde siempre probar el origen de sus
bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de
autoridad competente;
A
las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin
perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación
cívica, y se les exigirá la restitución
de lo apropiado de manera ilícita;
La
ley podrá disponer plazos de prescripción de mayor duración que los ordinarios
para los casos de crímenes de corrupción y un régimen de beneficios procesales
restrictivo.”
La Constitución
del 2010, modificada luego para permitir la reelección de Danilo Medina, es
hija legítima del Partido de la Liberación Dominicana.
Sin embargo, es
letra muerta, nadie ha querido aplicarla. El PLD se niega a sí mismo. Hay que
llevarlo “a su propia legalidad”, como le exigiera Juan Bosch al presidente
Balaguer.
Los funcionarios
y las bocinas alegan constantemente que este es el gobierno más honesto que ha
tenido el país en su historia, burlándose, en un acto de cinismo increíble, de
la inteligencia del pueblo. Este no es el gobierno más serio, es el más
permisivo, el de más impunidad, por lo tanto, el más corrupto.
Danilo dijo
tener un látigo para los corruptos. Pero nadie ha sido azotado en más de seis
años. Prometió que cancelaria y sometería a la justicia a cualquier funcionario
por “el simple rumor público”. Pero a pesar de las denuncias y de las
protestas, los presuntos prevaricadores han sido premiados con otro ministerio
o con una botella en el mismo Palacio Nacional.
Durante el
primer mandato del presidente Medina la mayoría de los funcionarios no hizo
declaración jurada de bienes. A más de un año del segundo mandato, más de cinco
mil se niegan. Y no pasa nada. El jefe de la administración pública, el señor
Medina, se convierte en ciego, sordo y modo. No ha cancelado a nadie. La
complicidad es obvia.
Durante los
gobiernos del PLD ningún caso grande de corrupción ha adquirido el carácter de
la cosa irrevocablemente juzgada. El Ministerio Público está, al igual que la
judicatura, secuestrada por el poder político que encarna el PLD bajo la
tutela, en los últimos seis años, de Danilo Medina.
La periodista
Alicia Ortega ha presentado el caso, bien documentado, de Diandino Peña. ¿Qué
hará el gobierno al respecto? ¿Ordenará la aplicacióndel 146 de la Constitución
que invierte el fardo de la prueba obligando al imputado a probar la idoneidad
de sus bienes o de lo contrario les serán incautados, terminando en la cárcel y degradado civilmente o se hará
el loco igual que con otros expedientes?
Un
presidente honesto no quiere “su Congreso”, ni “su justicia”; al contrario,
quiere que sea una representación del pueblo, que se convierta en un
fiscalizador, en un contrapeso, y que la Justicia sea independiente para que
actúe con estricto apegue a la Constitución y las leyes sancionando la
corrupción y terminando con la impunidad que tanto daño económico y moral le
hacen a la sociedad dominicana.
Un
presidente honesto y con carácter, sin cola que le pisen, ordenaría una
auditoria a las fortunas de todos los políticos que en los últimos 25 años han
ocupado una función pública importante. Y el que no puede justificar sus
bienes, le aplicaría el artículo 146 de
la Constitución. Pero en un gobierno del PLD eso no es posible porque muchos
terminarían arruinados y en la cárcel.
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