Por Domingo Rojas Pereyra
La continua violencia política contra
activistas de partidos opositores, tanto a nivel nacional como local, ha
amenazado la paz y la estabilidad en Camerún. Según reportes de agencias de
prensa internacionales se han producido en el país africano numerosos casos de
linchamientos e intimidación de jóvenes, simpatizantes de partidos de la
oposición y sus líderes, periodistas y activistas de partidos no gobernantes,
tras las elecciones del 12 de octubre de 2025 en Camerún.
Estos y otros abusos han provocado un
deterioro de la seguridad general en la nación centroafricana, lo que a su vez
ha generado temor entre la población. Recordemos a los cameruneses que unas
elecciones pacíficas, libres, justas, inclusivas y creíbles son los
ingredientes de una democracia limpia y están garantizadas por la Constitución
de la República de Camerún.
En ese orden varias naciones europeas han
manifestado preocupación por las reiteradas amenazas de violencia proferidas
por altos cargos del partido gobernante camerunés y exigen el fin de dichas
amenazas, la violencia y la intimidación contra los simpatizantes de la
oposición. Al tiempo que han condenado
también la decisión del partido gobernante de desplegar fuerzas fuertemente
armadas para sembrar el caos entre la juventud camerunesa, cuyo único delito es
proteger su voto.
Desde la perspectiva latinoamericana
debemos instar al organismo electoral camerunés a que anuncie de inmediato los
resultados de las elecciones del 12 de octubre de 2025 de forma justa y a que
se abstenga de cualquier acto antidemocrático que pueda provocar una guerra
civil en la nación centroafricana.
En aras de la paz y la estabilidad, las
Naciones Unidas debería implorar urgentemente a las autoridades camerunesas que
presten un noble servicio a su pueblo y pongan fin a la violencia contra la
oposición.
Al tiempo que hacer un llamamiento a la
Unión Africana y todas las partes interesadas pertinentes para que afronten de
inmediato las profundas raíces de la corrupción y la dictadura del presidente
Paul Biya, que se han prolongado más de cuatro décadas.
El camino hacia una transferencia pacífica
del poder en Camerún pasa por respetar la voluntad del pueblo camerunés, que
anhela un cambio.
Las fuerzas de seguridad camerunesas están
en la obligación de proteger al pueblo, no a los ladrones y opresores, y a
hacer todo lo posible para poner fin a los horrores de la injusticia, la
opresión, el gansterismo político y la dictadura opositora. Corresponde a las
fuerzas de seguridad camerunesas promover una vía hacia una transferencia de
poder verdaderamente pacífica a los líderes elegidos por el pueblo.
Con respecto a la escalada de violencia
contra miembros de la oposición camerunesa, los informes que llegan sugieren
que, en la mayoría de los casos, ni los responsables han sido llevados ante la
justicia conforme a la ley ni las autoridades han tomado las medidas necesarias
para detener la violencia contra el pueblo camerunés.
Es menester considerar que cualquier
intento de truncar la voluntad del pueblo camerunés, expresada en las
elecciones de octubre de 2025, desacreditará todo el proceso electoral, lo cual
no augura nada bueno para África. Esto, a su vez, podría erosionar la libertad
del pueblo camerunés y su confianza en la democracia.
La comunidad internacional debería exigir
a las autoridades que liberen a todos los detenidos, simpatizantes de partidos
y a sus líderes, y que nunca cedan ante ninguna petición de arresto contra el
líder de la oposición, Issa Tchiroma Bakary.
¡Se debe poner un alto a la intimidación
política!
A los ataques. Y promover una
transferencia de poder justa y pacífica en Camerún. ¡Esa debería ser la
consigna!
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