Pretenden
bloquear las sanciones que la administración de Trump busca imponer a las
jurisdicciones "santuario"
15 fiscales generales someten instancia
en el caso City of Chicago v. Sessions, apoyando el desafío a las condiciones
de la administración sobre las subvenciones bajo la Ley Byrne-JAG
Byrne-JAG otorga fondos para iniciativas
vitales de seguridad pública - Incluyendo esfuerzos para reducir la violencia
con armas de fuego y combatir la epidemia de opioides; En el año fiscal 2016,
NY y sus localidades recibieron $15 millones en fondos Byrne-JAG
Las localidades de Nueva York en riesgo de cortes de
fondos bajo la política del DOJ incluyen Albany, NYC, Poughkeepsie, Rochester y
potencialmente otras
El Fiscal
General Schneiderman, anteriormente emitió orientación legal para las
jurisdicciones santuario de Nueva York
NUEVA YORK- El Fiscal General de Nueva
York Eric T. Schneiderman encabezó una coalición de 15 Fiscales Generales en
una acción legal amicus para proteger a las ciudades y departamentos de policía
de recortes de fondos federales, apoyando un desafío a los esfuerzos de la
administración Trump para castigar las llamadas jurisdicciones
"santuario" al poner condiciones relacionadas con la inmigración a
las subvenciones para el cumplimiento de la ley. Los Fiscales Generales
argumentan que estas condiciones interfieren con el derecho de los estados y
las localidades a establecer sus propias políticas de aplicación de la ley y
que el Departamento de Justicia carece de la autoridad para imponer estas
nuevas condiciones.
En el año fiscal 2016 (FY 2016), Nueva York y sus localidades recibieron
casi $15 millones en fondos a través del programa Edward Byrne Memorial Justice
Assistance Grant (Byrne-JAG). Mientras que los fondos para el 2017 están
actualmente congelados debido al litigio pendiente, la asignación estatal
propuesta para el año fiscal 2017 para Nueva York y sus localidades fue de
aproximadamente $14.5 millones. La administración de Trump ha amenazado a la
ciudad de Nueva York por presuntamente violar las condiciones de las
subvenciones relacionadas con la inmigración, poniendo en riesgo los fondos de
la Ciudad, a pesar de que la subvención lleva el nombre del oficial del NYPD
Edward Byrne, quien murió mientras cumplía con su deber mientras protegía
Comunidades de la ciudad de Nueva York".
"La ley es clara: la administración de Trump no puede despojar a una
ciudad o departamento de policía de estos fondos críticos, simplemente porque
no les gustan sus políticas", dijo el Fiscal General
Schneiderman. "El presidente Trump y el Departamento de
Justicia no tienen la autoridad para transformar unilateralmente a la policía
estatal y local en agentes federales de inmigración, ni para obligar a una
ciudad o estado a decidir entre subvenciones vitales y las políticas que saben
que son necesarias para proteger la seguridad pública. Los Fiscales Generales
continuaremos actuando para proteger nuestra seguridad pública y cada comunidad
que representamos".
En el caso City of Chicago v. Sessions, Chicago desafió la
imposición del DOJ de nuevas condiciones relacionadas con la inmigración en las
subvenciones emitidas en virtud del programa Byrne-JAG. El otoño pasado,
un tribunal de distrito ingresó un requerimiento preliminar a nivel nacional
contra la ejecución por parte del DOJ de dos de las nuevas condiciones
relacionadas con la inmigración, sosteniendo que el DOJ carecía de autoridad
para imponerlas. El caso se encuentra ahora ante el Tribunal de Apelaciones de
los Estados Unidos para el Séptimo Circuito.
El escrito amicus fue presentado en el Séptimo
Circuito por los Fiscales Generales de Nueva York, California, Connecticut,
Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Nuevo México,
Oregón, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
La ley federal permite a los estados y las localidades limitar su
participación voluntaria en la aplicación de la política federal de
inmigración, y muchos lo han hecho porque han llegado a la conclusión de que
fomentar una relación de confianza entre sus funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley y sus comunidades de inmigrantes promoverá la seguridad pública.
En julio de 2017, el Departamento de Justicia anunció que imponía nuevas
condiciones relacionadas con la inmigración a los recipientes de los fondos de
Byrne-JAG y amenazó con retener fondos de jurisdicciones que no cumplían con
estas condiciones. Específicamente,
DOJ buscó exigir a los estados y localidades que brinden al Departamento de
Seguridad Nacional notificación anticipada de la fecha programada de salida de
un inmigrante de una instalación correccional, y otorgar a los agentes
federales acceso a las instalaciones correccionales para interrogar a los inmigrantes.
Como argumentan los Fiscales Generales, las nuevas condiciones violan la
ley, el principio constitucional de separación de poderes y los principios de
federalismo consagrados en el estatuto Byrne-JAG, que interfieren con las
capacidades de los estados y las localidades para establecer sus propias
políticas y sobrepasa la autoridad del DOJ para imponer las nuevas
condiciones bajo el estatuto. "El Procurador General de los
Estados Unidos ahora reclama la autoridad para retener fondos de Byrne-JAG de
los estados y localidades que han emitido juicios de política policial que la
ley federal permite, pero con los cuales no está de acuerdo.
Específicamente, sostiene que puede denegar concesiones a los estados y
localidades que limitan su participación voluntaria en la aplicación de la
política federal de inmigración porque han concluido que fomentar una relación
de confianza entre sus funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y sus
comunidades de inmigrantes promoverá la seguridad pública para todos sus residentes.
El
estatuto de Byrne-JAG no autoriza la posición del Procurador General de los
Estados Unidos, que también es contrario a los principios de federalismo que el
Congreso consagró en el programa Byrne-JAG ", dice el escrito amicus.
El programa Byrne-JAG es una iniciativa federal que otorga subsidios a
estados y localidades de acuerdo con una fórmula legal obligatoria. El Congreso
diseñó Byrne-JAG para brindarles a los estados y localidades una fuente
confiable de fondos para la aplicación de la ley, al tiempo que les brinda la
máxima flexibilidad para decidir cómo usar los fondos de acuerdo con la
política de aplicación de la ley estatal y local.
Los estados amici han recibido subvenciones para la aplicación de la ley
bajo el programa Byrne-JAG y sus predecesores desde 1968, y han utilizado esos
fondos para apoyar una amplia gama de programas de aplicación de la ley
fundamental adaptados a las necesidades locales, incluso para apoyar la policía
comunitaria. y reducir la agresión sexual, el maltrato a personas mayores, la
violencia con armas de fuego, la reincidencia y la drogadicción.
Por ejemplo, Nueva York ha utilizado sus fondos Byrne-JAG para apoyar una
iniciativa de varios condados para combatir la violencia con armas de fuego,
mejorar los sistemas de registros criminales, mejorar los laboratorios forenses
y apoyar los servicios de defensa y enjuiciamiento. Nueva York
planea usar su dinero de la subvención del año fiscal 2017 para combatir la
epidemia de opiáceos. Sin el financiamiento de Byrne-JAG, estados como Nueva
York podrían verse obligados a recortar fondos para estos programas estatales y
locales críticos.
El año pasado, el Fiscal General
Schneiderman publicó una guía legal para apoyar a los gobiernos
locales y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en la protección de
las comunidades de inmigrantes vulnerables.
