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jueves, 14 de septiembre de 2017

Schneiderman anuncia declaración de culpabilidad de hombre del Bronx por red de tráfico de heroína


Jeremey Collazo vendió más de 2.000 tubitos de heroína a un agente encubierto; será condenado a 3 años de prisión

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la declaración de culpabilidad de Jeremey Collazo por su papel en un anillo de tráfico de drogas que distribuía heroína en los condados de Manhattan y Bronx. En cuatro fechas separadas, Collazo fue captado vendiendo bolsas de plástico llenas de heroína a un detective encubierto. En un caso, Collazo colocó la heroína dentro bocinas que guardaba en un storage (negocio de almacenamiento) que era utilizado por la policía y estaba equipado con cámaras encubiertas. Una vez dentro de la unidad de almacenamiento, Collazo abrió las bocinas y retiró las bolsas de heroína ocultas para dárselas al agente encubierto. En total, Collazo vendió más de 2.000 tubitos de heroína durante el curso de esta investigación.

Este caso forma parte de la Operación “Steal Horses", una investigación a largo plazo llevada a cabo por el Equipo de Trabajo Contra el Crimen Organizado –OCTF- de la Fiscalía General y la División de Delitos de Auto del Departamento de Policía de Nueva York, que ha resultado en el arresto de diez individuos en el Condado del Bronx por participar en robo organizado de motocicletas y narcotráfico.

"Continuaremos actuando para sacar las drogas peligrosas - y las que las trafican- de nuestras calles", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Demasiadas familias neoyorquinas están plagadas por la epidemia de opiáceos y la violencia que a menudo viene con ella. Estamos comprometidos a continuar trabajando incansablemente con nuestros aliados locales en la aplicación de la ley para detener el flujo de drogas ilegales y peligrosas".

Como parte de la investigación a largo plazo, la policía también empleó cámaras encubiertas en la calle, informantes confidenciales y agentes encubiertos.

Collazo, de 30 años, del condado de Bronx, se declaró culpable el 13 de septiembre de 2017 de la Venta Criminal de una Sustancia Controlada en el Tercer Grado, un delito grave Clase B. El 4 de octubre de 2017, el juez de la Corte Suprema del Condado de Bronx, Steven L. Barrett, lo condenará a 3 años de prisión, con 5 años de supervisión después de la liberación. Los casos de robo de motocicletas y narcotráfico contra los acusados restantes aún están pendientes.

El Equipo de Trabajo Contra el Crimen Organizado (OCTF, por sus siglas en inglés) de la Fiscalía General ha desarticulado 25 pandillas de narcotraficantes, ha realizado más de 580 arrestos de narcotraficantes por delitos graves y capturado más de $1.5 millones y más de 2.000 libras de drogas ilegales desde 2011. En los últimos meses la nueva Iniciativa Suburbana y el Norte del Estado del Fiscal General Schneiderman a la Creciente Epidemia ("SURGE") - una represión contra las redes crecientes de tráfico de heroína, opiáceos y narcóticos en Nueva York - ha sacado de las calles de Nueva York a 260 presuntos traficantes y distribuidores, a través de Operación Bricktown, Operación Un-Wise, Operación Tren Gravy, Operación Bloodsport, Operación Pipeline y Operación Wrecking Ball.

Los cargos contra los acusados restantes son meras acusaciones y los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El caso está siendo procesado por la Fiscal Adjunta de la OCTF, Caitlin E. Carroll. La Fiscal Adjunta Peri Alyse Kadanoff dirige el Equipo de Trabajo Contra el Crimen Organizado del Fiscal General.


lunes, 11 de septiembre de 2017

Schneiderman anuncia sentencia de mujer del condado de nassau por su papel en esquema de fraude contra el sistema de bienestar público

Candanedo presentó documentos falsos al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nassau para recibir beneficios de vivienda; sentenciada a 1 ½ a 3 años de prisión

NUEVA YORK - El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció la sentencia de Ana Candanedo por su papel en un plan de fraude al sistema de bienestar público que resultó en la obtención ilícita de beneficios de vivienda de Candanedo.

Candanedo, junto con el co-acusado George Athanasatos, conspiraron para defraudar al Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nassau falsificando y presentando una serie de documentos requeridos para recibir los beneficios de vivienda. Para facilitar este plan, Candanedo solicitó que Athanasatos posar como de su casero y falsificó varias firmas en la verificación de la vivienda y los formularios de elegibilidad de beneficios requeridos por el Departamento de Servicios Sociales del Condado de Nassau. Como resultado de estos falsos documentos, Candanedo recibió más de mil dólares en fondos de asistencia social a los que ella no tenía derecho.

"Los beneficios para asistencia de vivienda están destinados a los beneficiarios que tienen una necesidad legítima de ayuda", dijo el Fiscal General Schneiderman. "Mentir para desviar estos fondos es absolutamente vergonzoso, y aquellos que socavan nuestros programas de asistencia social serán procesados".

El esquema de fraude fue descubierto durante la Operación Sticky Fingers (Dedos pegajosos), una investigación de diez meses conducida por el Equipo de Trabajo Contra el Crimen Organizado del Fiscal General con el apoyo de la Policía del Estado de Nueva York, que resultó en la detención de una docena de individuos en el condado de New York por participando en uno de los más grandes jamás organizado robo de venta al por menor. La Operación Sticky Fingers resultó en la incautación de más de 5.300 dispositivos electrónicos robados y cartuchos de tinta, así como más de $7,7 millones de dólares de los hogares de los acusados, instituciones financieras y cuentas de comerciantes en Amazon y PayPal. Durante la investigación, que utilizó escuchas telefónicas y otra vigilancia electrónica, los investigadores descubrieron una serie de conversaciones entre Candanedo y Athanasatos en las que planearon y ejecutaron el esquema de fraude contra el sistema de bienestar social.

Candanedo, de Elmont, se declaró culpable el 19 de junio de fraude al bienestar en el cuarto grado. Ella fue sentenciada hoy a 1 ½ a 3 años de prisión por el juez del condado de Nassau, Terence Murphy. Candanedo había tenido problemas anteriormente con la justicia con una condena de 2009 en el condado de Nassau por asalto imprudente de un niño. En ese caso, Candanedo sacudió violentamente a su infante hija para detener su llanto. Como resultado, la bebé sufrió hinchazón del cerebro y requirió una craneotomía.

El fraude contra el programa de bienestar del condado de Nassau y los casos de robo de venta al por menor del condado de Nueva York contra George Athanasatos todavía están pendientes.

Los cargos contra los acusados restantes son acusaciones y los acusados son presuntos inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal de justicia.

El caso está siendo procesado por la Fiscal Adjunta Shanon Nicholas LaCorte de OCTF. La Fiscal Adjunta Peri Alyse Kadanoff dirige el Equipo de Trabajo Contra Crimen Organizado del Fiscal General.



Schneiderman encabeza demanda para proteger estándares de eficiencia de combustibles

Cinco fiscales generales sostienen que la administración de Trump no puede retrasar la norma que reduciría las emisiones y la contaminación, y que además ahorraría dinero a los consumidores

Regla estimularia a los fabricantes de automóviles a cumplir o superar los estándares de eficiencia de combustible, lo que reduciría las emisiones de carbono en 1,8 mil millones de toneladas métricas y ahorraría a cada consumidor $1,650

NUEVA YORK - Liderando una coalición de cinco fiscales generales, El Fiscal General de Nueva York, Eric T. Schneiderman, presentó una demanda contra la Administración Trump por demorar ilegalmente una norma que alienta a los fabricantes de automóviles a producir flotas de vehículos que cumplan o excedan los estándares federales de eficiencia de combustible.

Esta regla, que entraría en vigor en julio de 2017, aumentaría la penalización impuesta a los fabricantes de automóviles cuyas flotas de vehículos no cumplen con los estándares mínimos de eficiencia de combustible. Todas las agencias federales fueron obligadas a aumentar sus tasas de sanción civil por una ley del Congreso, la Ley de Ajuste a la Inflación de las Penas Civiles Federales de 2015. En respuesta, el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una nueva regla para aumentar la penalidad en $8.50 por décimo de milla por galón. La Administración Trump ha retrasado, volviendo a la tasa de pena más baja. Si la penalidad no es suficientemente alta, los fabricantes de automóviles carecen de un incentivo vital para fabricar vehículos eficientes en combustible.

El Fiscal General Schneiderman dijo: "Los estándares de eficiencia de combustible son de sentido común, protegen los bolsillos de los estadounidenses y reducen las emisiones que socavan la salud pública e impulsan el cambio climático. Una y otra vez, la administración de Trump actúa contra los neoyorquinos y nuestro medio ambiente. Los fiscales generales estatales han dejado claro: no dudaremos en actuar cuando a los que servimos son puestos en riesgo".

Haga clic aquí para leer la demanda, encabezada por el Fiscal General Schneiderman y el Fiscal General de California, Xavier Becerra, y presentada por Nueva York, California, Vermont, Maryland y Pennsylvania. En una petición similar, el Consejo de Defensa de Recursos Naturales, Sierra Club y el Centro para la Diversidad Biológica también están desafiando la demora ilegal de la administración Trump.

Las sanciones crean un mayor incentivo para que los fabricantes de automóviles alcancen las Normas Corporativas Promedio de Economía de Combustible (CAFÉ, por sus siglas en inglés) para los próximos modelos de vehículos. Las normas - para los años de modelo 2016 a 2025 - ahorrarían aproximadamente 1,8 mil millones de toneladas métricas de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de la vida útil de los vehículos vendidos. Los Estándares Augurales (años modelo 2022 a 2025) reducirían las emisiones de dióxido de carbono en 40 millones de toneladas al año en 2025, y más de 200 millones de toneladas al año en 2050, en comparación con mantener indefinidamente los estándares 2021.

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha estimado previamente que los Estándares Augurales también conducirían a una reducción anual de 13.000 toneladas de emisiones de NOx y de 2.000 toneladas de emisiones de partículas en todo el país para 2030. Un consumidor ahorraría $1.650 netos con un año modelo 2025 vehículo que se adhiere a los Estándares Augural, en comparación con uno que cumple con el modelo del año 2021 normas. Estos impactos se describen en una hoja informativa de la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés).

Como se detalla en la demanda, el 28 de diciembre de 2016, la NHTSA anunció una regla que aumentó la tasa de multa por violar los estándares de eficiencia de combustible en $8.50, de $5.50 por décimo de milla por galón a $14 por décimo de milla por galón. Sin embargo, el 12 de julio de 2017, NHTSA anunció que estaba retrasando indefinidamente la fecha efectiva de su sanción actualizada. Esto es ilegal de dos maneras. En primer lugar, NHTSA actuó sin previo aviso y sin hacer comentarios, lo que viola la Ley de Procedimiento Administrativo. En segundo lugar, este retraso arbitrario restablece la anticuada tasa de penalidad de $ 5.50, que viola la Ley de Ajuste a la Inflación de las Penas Civiles Federales de 2015.