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miércoles, 9 de octubre de 2019

Coalición Democrática por la Regeneración Nacional evalúa pasadas primarias simultáneas en RD



SANTO DOMINGO, R. D.- Transcurridas la primera experiencia de las elecciones primarias simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) al amparo de la ley No. 33-18, departidos, agrupaciones y movimientos políticos el domingo 6 de octubre, la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional formula los siguientes planteamientos: 

Más allá del uso de la tecnología que permitió un escrutinio mucho más rápido, el proceso fue profundamente viciado por la irrupción del gobierno en pleno en apoyo de uno de los competidores a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).La designación como jefes de campañas provinciales de más de una veintena de ministros y altos funcionarios, implicó un abuso de poder a costa del patrimonio público. Solo el amplio apoyo estatal puede explicar el enorme despliegue publicitario de la candidatura del señor Gonzalo Castillo, en proporción que superó la inversión de todos los demás precandidatos de los dos partidos participantes en la votación.

La compra masiva de votos, a la vista de todos, comprobada por la observación electoral de Participación Ciudadana en el 30 por ciento de los recintos, alcanzó dimensión sin precedente, suficiente para viciar la jornada que debió tener un carácter democrático, de libre competencia y equidad.

En ese marco de abusos de poder, el estrecho resultado de la votación en el PLD obligaal examen minucioso de las denuncias de irregularidades que puedan ser formalizadas por los canales institucionales correspondientes, incluyendo la revisión de actas y hasta el reconteo de los votos, si es necesario.

Como forma de fortalecer su credibilidad frente al país, la JCE está en la obligación de realizar las auditorías que desde antes de las primarias debió hacerse a los equipos y programas, lo que será imprescindible para garantizar la pulcritud y legitimidad de los procesos eleccionarios de febrero y mayo venideros.  
 
La irrupción del Estado para imponer una candidatura en su propio partido es una amenaza ominosa al próximo proceso de elecciones municipales, congresuales y presidenciales y debe alertar a todas las instituciones preocupadas por la institucionalidad democrática, especialmente a los partidos de oposición, para concertar esfuerzos que impongan límites. De ninguna manera se puede permitir la repetición de los abusos y desmesuras del poder estatal que cargaron de inequidad las elecciones de 2016.

La JCE tiene la obligación de cumplir el artículo 211 de la Constitución de la República que le señala: “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, poniendo límites a excesos del gobierno como los que quedaron a la vista de todos.

Celebramos el ejemplo de responsabilidad política con que los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno condujeron el proceso de sus elecciones primarias, sin el menor incidente, antes, durante o después de la votación. Así como la forma ejemplar con que el expresidente Hipólito Mejía y el diputado Wellington Arnaud asumieron el resultado electoral que le desfavoreció, comprometiéndose a sumar su esfuerzo a la causa de su partido.

La demostración de desprecio por los procedimientos democráticos que acaba de darse en el PLD y su gobierno obligan a ratificar la necesidad de una gran coalición de fuerzas políticas y sociales para rescatar la nación del derrumbe de sus instituciones, de la corrupción, de la inseguridad y del rumbo a la insostenibilidad fiscal en que se encuentra.

Por todo lo indicado, llamamos a los partidos participantes en la mesa de concertación auspiciada por esta Coalición a concluir cuanto antes las alianzas electorales y a proclamar los consensuados Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo.





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