SANTO DOMINGO, R. D.- Transcurridas
la primera experiencia de las elecciones primarias simultáneas y organizadas
por la Junta Central Electoral (JCE) al amparo de la ley No. 33-18, departidos,
agrupaciones y movimientos políticos el domingo 6 de octubre, la Coalición
Democrática por la Regeneración Nacional formula los siguientes
planteamientos:
Más allá del uso de la
tecnología que permitió un escrutinio mucho más rápido, el proceso fue
profundamente viciado por la irrupción del gobierno en pleno en apoyo de uno de
los competidores a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD).La designación como jefes de campañas provinciales de más de
una veintena de ministros y altos funcionarios, implicó un abuso de poder a
costa del patrimonio público. Solo el amplio apoyo
estatal puede explicar el enorme despliegue publicitario de la candidatura del
señor Gonzalo Castillo, en proporción que superó la inversión de todos los
demás precandidatos de los dos partidos participantes en la votación.
La compra masiva de votos, a
la vista de todos, comprobada por la observación electoral de Participación
Ciudadana en el 30 por ciento de los recintos, alcanzó dimensión sin
precedente, suficiente para viciar la jornada que debió tener un carácter
democrático, de libre competencia y equidad.
En ese marco de abusos de
poder, el estrecho resultado de la votación en el PLD obligaal examen minucioso
de las denuncias de irregularidades que puedan ser formalizadas por los canales
institucionales correspondientes, incluyendo la revisión de actas y hasta el
reconteo de los votos, si es necesario.
Como forma de fortalecer su
credibilidad frente al país, la JCE está en la obligación de realizar las
auditorías que desde antes de las primarias debió hacerse a los equipos y
programas, lo que será imprescindible para garantizar la pulcritud y
legitimidad de los procesos eleccionarios de febrero y mayo venideros.
La irrupción del Estado para
imponer una candidatura en su propio partido es una amenaza ominosa al próximo
proceso de elecciones municipales, congresuales y presidenciales y debe alertar
a todas las instituciones preocupadas por la institucionalidad democrática,
especialmente a los partidos de oposición, para concertar esfuerzos que
impongan límites. De ninguna manera se puede permitir la repetición de los
abusos y desmesuras del poder estatal que cargaron de inequidad las elecciones
de 2016.
La JCE tiene la obligación de
cumplir el artículo 211 de la Constitución de la República que le señala: “la
responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad
de las elecciones”, poniendo límites a excesos del gobierno como los que quedaron
a la vista de todos.
Celebramos el ejemplo de
responsabilidad política con que los dirigentes y militantes del Partido
Revolucionario Moderno condujeron el proceso de sus elecciones primarias, sin
el menor incidente, antes, durante o después de la votación. Así como la forma
ejemplar con que el expresidente Hipólito Mejía y el diputado Wellington Arnaud
asumieron el resultado electoral que le desfavoreció, comprometiéndose a sumar
su esfuerzo a la causa de su partido.
La demostración de desprecio
por los procedimientos democráticos que acaba de darse en el PLD y su gobierno
obligan a ratificar la necesidad de una gran coalición de fuerzas políticas y
sociales para rescatar la nación del derrumbe de sus instituciones, de la
corrupción, de la inseguridad y del rumbo a la insostenibilidad fiscal en que
se encuentra.
Por todo lo indicado, llamamos
a los partidos participantes en la mesa de concertación auspiciada por esta
Coalición a concluir cuanto antes las alianzas electorales y a proclamar los
consensuados Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y
un Nuevo Modelo de Desarrollo.
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