El auditor Alis Medina indica covid-19 obliga a fortalecer controles en la gestión pública
El experto de la auditoría y catedrático universitario Alis Medina,
aspirante a miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD),
consideró que ese organismo urge de cambios profundos y una reforma a la Ley
10-04, para su fortalecimiento, a fin de afrontar los grandes retos que deja en
la economía la pandemia del coronavirus y la covid-19, debido a las debilidades
en la fiscalización y controles en el Estado.
Medina afirma que como el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha
vaticinado que para el 2021 República Dominicana registrará una recesión en la
economía de un 5,9%, el país debe ajustarse a una realidad que podría
prolongarse en los próximos años, para lo cual será necesario un mayor control
externo por parte de la Cámara de Cuentas.
Alis Medinas será evaluado por la comisión especial del Senado de la
República junto a otros aspirantes para formar parte de la Cámara de Cuentas y
será nuevamente entrevistado por la referida comisión mañana jueves.
Planteó que como parte de los cambios requeridos en la CC; se escoja
para su conformación al menos dos Contadores Públicos Autorizados, incluido su
presidente, con prácticas y experiencias comprobadas en auditorías
independientes tanto el en sector público como en el privado.
En una declaración escrita enviada a los medios de comunicación, Medina
dijo que los cambios en el organismo deberán estar dirigidos a promover la
ética, la eficiencia, eficacia y facilitar la transparente rendición de cuentas
de quienes desempeñan una función pública o reciben recursos públicos.
Además, buscar el fortalecimiento de la labor fiscalizadora a través de
la adecuación de la Ley 10-04 e incluir el Marco Técnico, con el propósito de
estar en condiciones de auditar, de manera más eficiente y expedita, las
acciones gubernamentales, en base a las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI).
Planteó la implementación de un sistema informático de apoyo a la
fiscalización. “La evolución de la Tecnología nos permite pensar en
nuevos mecanismos de fiscalización, en el uso sofisticado de las Tecnologías de
Información y Comunicaciones (TIC’s), técnicas de análisis de datos y nuevos
desarrollos de medidores de indicadores de auditoría de gestión, para poder
lograr la capacidad de detectar posibles operaciones fraudulentas con el simple
manejo de datos, y así posibilitar un gobierno eficaz en las actividades de
control y ordenamiento de la gestión TIC”, indicó.
Asimismo, fortalecer el Control Social de la sociedad dominicana,
mediante el desarrollo de una plataforma tecnológica (APP Ciudadana CCRD),
“para que cualquier ciudadano u organización social interesada, pueda tener
acceso a las auditorias, informes de transparencias, ejecuciones
presupuestarias, buzón de sugerencia, denuncias, eventos y otros, adicional a
las informaciones publicadas en la página de internet. Tal como existen en
países, como: México, Chile, etc.”
Sugiere la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y el
fortalecimiento de las políticas de organización interna, a partir del
establecimiento de medidas de protección del personal, unido a la aplicación de
acciones administrativas y organizacionales para garantizar la continuidad de
las labores fiscalizadoras.
Argumentó que esto permitirá desarrollar auditorías en un menor tiempo y
ahorros de costos operativos.
El experimentado auditor sostuvo que uno de los parámetros básicos para
analizar la calidad de una democracia es la eficiencia de los mecanismos de
rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Mayor presupuesto
El experto de la contaduría y la auditoría interna y externa estima que,
para los cambios y reformas propuestos, dirigidos a superar las falencias y
debilidades, se requiere mejorar el presupuesto de la CCRD.
Expresó que la Cámara de Cuentas opera con un faltante estimado de 60%
de lo que está previsto en la Ley que la rige, y advirtió que de no recibir los
fondos requeridos se limitaría su verdadero alcance por su condición de órgano
superior de control y auditoria, para así garantizar su plena independencia.
Sugirió que para los cambios planteados en la Cámara de Cuentas, el
Poder Ejecutivo, el Senado de la República y la Cámara de Diputados emprendan
esfuerzos conjuntos y se aboquen a una reforma de la Ley 10-04.
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