El Informe saca al país de la lista de advertencia donde había sido colocado el año pasado.
WASHINGTON, D. C.- El gobierno de los Estados Unidos valoró positivamente
los esfuerzos que ha venido realizando la República Dominicana en materia de
lucha contra la trata y tráfico.
El informe anual publicado por el Departamento de Estado asciende al país y
lo saca de la “lista de advertencia”, donde había sido puesto el año pasado.
En el vigésimo primer informe anual sobre la trata de personas (TIP),
publicado el 1 de julio de 2021, el Departamento de Estado aseguró que se han
visto avances en general en la lucha contra la trata y el tráfico de personas.
Asimismo destacó los esfuerzos cada vez mayores para investigar la
complicidad oficial en delitos de trata, la prohibición del matrimonio infantil
y la ayuda migratoria ofrecida a venezolanos vulnerables.
En enero del 2021, el Presidente Luis Abinader promulgo la ley 1-21
que prohíbe el matrimonio infantil, herramienta importante para evitar que las
niñas se conviertan en víctimas de la trata.
Según el informe, que fue presentado por el secretario de Estado, Anthony
Blinken, en un evento virtual transmitido en vivo, se notó cómo el Gobierno
dominicano aumentó los esfuerzos de enjuiciamiento.
Citando que la Procuraduría General de la República inició 63
investigaciones (59 por trata sexual, cuatro por trata laboral) en el 2020, en
comparación con 26 investigaciones en 2019, 11 en 2018, 17 en 2017 y 25 en
2016.
Asimismo, dice que la unidad policial contra la trata informó haber
iniciado 44 investigaciones en el 2020, en comparación con 35 investigaciones
en 2019, 45 investigaciones en 2018 y 83 en 2017.
Si bien el informe menciona que la Procuraduría Especializada contra el
Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la unidad policial
contra la trata son los principales cuerpos de seguridad que perseguían casos
de trata, con unidades policiales en Santo Domingo, Punta Cana, San Cristóbal,
Puerto Plata y Boca Chica, refiere que los recursos estén altamente
concentrados en la capital, lo que resulta en "una falta de capacidad institucional
para investigar y procesar adecuadamente los casos de trata de personas en
áreas del país fuera del área metropolitana de Santo Domingo".
El documento de once páginas reconoce que indudablemente la pandemia afectó
las acciones oficiales. Señala, sin embargo, que no obstante una disminución en
el número de casos procesados por las fuerzas del orden, tanto el
gobierno como las ONG informó que los tribunales crearon protocolos para
audiencias virtuales y presenciales.
El informe también destaca los esfuerzos del gobierno para capacitar a 153
funcionarios de defensa, turismo, policía, inmigración y representantes de la
sociedad civil sobre la detección del delito de trata de personas y sobre los
métodos fraudulentos que emplean los traficantes en cooperación con una
organización internacional.
En materia de protección, según el informe, el gobierno mantuvo los
esfuerzos de protección a las víctimas, identificando 95 víctimas (82 por trata
sexual y 13 por trata laboral), frente a 195 víctimas en 2019, 96 en 2018, 102
en 2017 y 157 en 2016. De las 95 víctimas identificadas, 56 eran dominicanas y
39 extranjeras; 54 eran adultos y 41 niños.
En el apartado de prevención, el documento citó los esfuerzos de la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes (CITIM), coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), para continuar funcionando con normalidad durante el período del informe luego de trasladar sus reuniones en línea en respuesta a la pandemia.
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