RD$6,500 millones recuperados y RD$130,000 millones bajo investigación
Se siguen reforzando los sistemas
anticorrupción y anti impunidad, con foco en la prevención, 287 casos de faltas
administrativas remitidos al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales
llevados al MP
Santo Domingo, R. D.- El presidente Luis
Abinader presentó este lunes los avances alcanzados para establecer un régimen
de consecuencias en la República Dominicana y llevar a la justicia a toda
persona “con acciones que le comprometa con la corrupción, sin importar quien
sea ni el momento que sea”.
El gobierno busca sancionar el incumplimiento
de la transparencia en todos los órganos y entes públicos bajo el Poder
Ejecutivo y registra, a la fecha, 287 casos de faltas administrativas remitidos
al MAP y 49 casos de funcionarios públicos actuales llevados al MP; también se
han recuperado RD$6,500 millones del patrimonio público y hay más de RD$130,000
millones en casos en curso.
“Podemos decir que somos el primer
gobierno que ha establecido un régimen de consecuencias a todos los niveles.
Hoy estamos más firmes que nunca en la lucha contra la corrupción, en que no
debe haber impunidad, en que se deben respetar los bienes públicos”, destacó
Abinader.
Dirección General de Ética e Integridad
Gubernamental (DIGEIG)
A través de esta, el gobierno promueve una
gestión pública transparente, ética y orientada al bien común, que reconoce el
derecho a saber del ciudadano y el deber de informar del gobierno.
230 instituciones fueron evaluadas entre
enero y marzo 2025, de las cuales 211 obtuvieron entre 85-100 puntos,
demostrando un alto compromiso institucional con la transparencia.
Hito en la transparencia
Por primera vez un gobierno emite un
decreto que sanciona el incumplimiento de la transparencia (No. 166-25), el
cual será aplicado a partir de septiembre y que establece la pérdida de
beneficios extraordinarios y sanciones administrativas.
Asimismo, mediante el Decreto no. 791-21
las antiguas Comisiones de Ética Pública evolucionaron a Comisiones de
Integridad Gubernamental y Cumplimiento que operan desde dentro de las
instituciones.
Más de 8 mil servidores públicos han sido
capacitados para prevenir malas prácticas en contrataciones públicas, sobornos
y gestión de riesgo de corrupción. Se han desarrollado 96 matrices de riesgo
para detectar posibles vulnerabilidades a la corrupción y se trabaja para
fortalecer el Sistema Nacional de Integridad Pública con la asesoría de
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
La DIGEIG realizó también el primer
estudio sobre servidores electos, contactando a 195 instituciones de las cuales
139 respondieron, y de esas, 60 confirmaron tener servidores electos en los
comicios municipales.
Faltas administrativas más comunes,
denuncias y tiempos de respuesta
Entre 2020 y 2025 se enviaron 287
expedientes al Ministerio de Administración Pública por abuso de poder, acoso o
maltrato laboral, nepotismo y duplicidad de funciones. Se remitieron 49 casos
al Ministerio Público con un tiempo de respuesta promedio de 55 días,
agilizando así los 90 días que se establecen en el manual. En estos procesos ha
sido clave el involucramiento ciudadano, cuyas denuncias han dado paso a muchas
investigaciones, aunque no todas resultan en sanciones.
Unidad Antifraude
La Unidad Antifraude de la Contraloría
General, fundamentada en la prevención y la investigación, realizó, entre 2021
y 2024, 368 colaboraciones con la Procuraduría General, 31 acciones de
prevención, 20 análisis financieros forenses y 72 análisis de denuncias.
Su éxito se debe a la robusta base de
datos de la institución matriz y a la sinergia con demás órganos de control y
persecución de la corrupción. Con el decreto 382-25 quedó formalizada como
mecanismo preventivo técnico concebido para perdurar en el tiempo.
Procuraduría General de la República
En cuanto a persecución de la corrupción,
existe mayor independencia y capacidad de actuación, permitiendo a la DGCP y la
Unidad Antifraude procesar más de 600 solicitudes del Ministerio Público,
existe además una coordinación efectiva entre los órganos de control y el
Ministerio Público, para que los informes de auditoría se traduzcan en acciones
judiciales concreta.
Como resultados tangibles, se han llevado
a la justicia, en este y otro gobiernos, los casos Calamar, INTRANT: Pago RD,
sobornos para temas de seguridad, agricultura, asfalto, CESTUR, Operación 13,
MINERD e INAIPI (estos dos últimos en investigación).
Dirección General de Contrataciones
Públicas (DGCP)
En el área de prevención ha bloqueado la
corrupción antes de que ocurra, con un monitoreo preventivo que permitió la
supervisión de más de RD$853 mil millones para prevenir irregularidades antes
que afecten al Estado.
Más de 517 procesos de compras sospechosas
se cancelaron o detuvieron, protegiendo más de RD$43 mil millones y se han
emitido 112,000 alertas a instituciones públicas para frenar comportamientos
riesgosos.
También se implementó el Programa de
Cumplimiento Regulatorio en 30 instituciones claves, cubriendo el 85% del
presupuesto público, para mejorar la vigilancia y la rendición de cuentas en
las compras del Estado y obligar la revisión de la integridad de los
proveedores con 135 informes para evitar riesgos.
Los controles de tolerancia cero a la
impunidad, han facilitado la suspensión de 567 proveedores por estar impedidos
legalmente de contratar con el Estado, otros 144 fueron inhabilitados por
fraude documental y violaciones graves a la ley. Se han emitido más de 618
respuestas a entidades de control y entregado 3,900 certificaciones a procesos
investigativos y 13 casos han sido llevados ante el Ministerio Público.
La proactividad se pone de manifiesto con
16 investigaciones iniciadas sin necesidad de denuncias externas, suspendiendo
12 procesos y anulando 35, por un valor superior a RD$6,500 millones. Hay un
93% de respuestas a las solicitudes de reclamaciones con 0% de silencio
administrativo; un 88% de éxito en la defensa ante el Tribunal Administrativo y
100% de éxito ante demandas temerarias de responsabilidad patrimonial.
Con el marco legal robusto se promovió la
ley de Contrataciones Públicas con sanciones claras y se implementó el
reglamento 416-23 para actualizar y fortalecer el sistema de compras públicas.
También se creó el monitoreo preventivo, el código de pautas éticas, sistema de
alertas y Siscompras.
Finalmente, con el Decreto sobre Gestión
de Bienes de Consumo no. 385-25 se institucionaliza un modelo de gestión
eficiente y articulado para los bienes y suministros de uso recurrente e
inventariables en las dependencias del Poder Ejecutivo.
El mismo también fortalece la eficiencia y
la transparencia en las contrataciones públicas, inteligentes desde el proceso
de compra y garantiza la trazabilidad y el monitoreo preventivo en todo el
ciclo de vida de estos bienes, desde la planificación hasta
su disposición final.
Dirección General de Presupuesto (DGP)
Para garantizar un uso responsable de los
recursos públicos, se realizó un compromiso con la eficiencia, el ahorro y la
transparencia, fortaleciendo el sistema presupuestario y la contención y
racionalización del gasto.
Equipo de Recuperación del Patrimonio
Público (ERPP)
Este se creó mediante decreto en 2021 con
respaldo presidencial e interés nacional para recuperar los bienes sustraídos
al estado mediante acciones legales y promover una cultura de transparencia y
rendición de cuentas. Cuenta con una estructura ágil, enfocada en resultados y
sin carga presupuestaria directa al estado, es decir, sus integrantes cobran
solo si recuperan activos.
El equipo está formado por expertos en
derecho penal, administrativo, empresarial, civil y de ejecución. Funciona con
autonomía, sigilo y respeto a los procesos judiciales y al rol del Ministerio
Público y bajo un marco jurídico claro y resistente a impugnaciones.
Resultados obtenidos
Los logros financieros en este sentido son
más de RD$6,500 millones ya recuperados (RD$3,500 millones en recuperación
directa y RD$3,000 en caso EDES). Mientras, hay más de RD$130,000 millones en
casos en curso, implicando una mejora en los indicadores de percepción sobre
corrupción y fortaleciendo la confianza ciudadana y cambio cultural en la
defensa del patrimonio público.
Retos enfrentados
Entre los retos enfrentados se enumeran:
resistencia de funcionarios, acceso limitado a información internacional,
presión de poderes fácticos y limitaciones legales y logísticas.
Para las labores de supervisión y control
se realiza un monitoreo constante tanto en lo interno con la supervisión por
una junta de coordinadores, también externo con una vigilancia del MP,
tribunales y contrapartes, así como informes trimestrales evaluados por la
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En cuanto a la implementación y destino de
bienes, se da una colaboración interinstitucional con el Ministerio
Administrativo, Hacienda y Consultoría Jurídica, depositando todos los fondos
recuperados en la Tesorería Nacional y se transfieren al Estado los bienes
muebles e inmuebles a través del Instituto de Bienes Incautados (INCABIDE).
Liderazgo internacional
El país ha tenido un gran liderazgo
internacional ocupando la presidencia de la Red Interamericana de Compras
Gubernamentales de la OEA, del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento
a la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción
(MESICIC) y la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Iberoamericana (RTA).
Somos también el único país de
Latinoamérica miembro observador del Comité de Contrataciones Públicas de
Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario