Estaría violando la ley 340-06.
En caso de rescisión o sin son vendidas las EDES tendrán que pagar
totalidad a abogados contratados.
SANTO DOMINGO, R. D.- La Fundación Primero Justicia denunció que el vicepresidente
de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Andrés Astacio,
suscribió contratos, mediante los cuales EDESUR, ENEDNORTE Y EDESTE, tendrán
que pagar a cinco oficinas de abogados, vinculadas al anterior gobierno, la
friolera de US$6,915,000.00, y hasta la suma RD$3,000,000,000.00, equivalentes
al 6% del monto recuperado, partiendo de los daños, estimados en RD$50,000
millones de pesos.
Expresa la entidad que de conformidad con el artículo 4to, del referido
contrato, las firmas de abogados beneficiarias de dicha transacción son Valerio
Jiminian Roa, representada por Miguel Valerio; Jiménez Peña, S.A.S.,
representada por Luis Julio Jiménez.
También, SDHH Consultores, SRL, representada por Armando Paino Henríquez;
Gestleg, SRL, representada por José Figueroa Guilamo; y Ramón Emilio Núñez;
quienes recibirán la suma US$125,000.00, para cada firma de abogados, igual a
US$625,000.00, más US$14,000.00 dólares mensuales, para cada firma de abogados,
igual a US$70,000.00, durante 24 meses, lo que equivale a la suma de
US$1,680,000.00.
Las tres EDES, tendrían que pagar la suma de dólares, equivalentes a RD$394,155,000.00;
pagos acordados en plena austeridad en perjuicio de esas empresas con supuesto
problemas de liquidez, y en violación de la Ley 340-06, tal y como lo confirmó
la resolución No. RIC-69-2021, de fecha 24 de marzo del 2021, emitida por
Compras y Contrataciones.
Miguel Surun Hernández, presidente de la Fundación Primero Justicia, afirmo
que las contrataciones públicas realizadas en violación de la ley 340-06,
constituyen el “modus operandi” de las organizaciones criminales dedicadas a la
sustracción de fondos públicos.
Califico como sospechoso el hecho que
se suscribieran contratos en moneda extrajera, cuando dicha práctica fue
prohibida, con el agravante que los referidos contratos contemplan compromisos
de pago no autorizados por los consejos de administración, como es el 6% del
monto recuperado, y su liquidación sobre el valor de los bienes incautados o
embargados, en caso de terminación contractual o en caso de venta de las EDES.
En ese sentido, la Fundación Primero Justicia solicitó la intervención de
la Dirección General de Compras y Contrataciones para que sean dejado sin
efecto esos contratos fraudulentos.
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