El Hoyo de Friusa es mucho más que un problema migratorio

Por Luis José Chávez

 

En el país hay cientos de hoyos, semilleros y comunidades  marginales, como el de Friusa, que ni siquiera tienen que ver con la presencia haitiana, sino con el incumplimiento de las normas de planificación urbana que regulan el uso de suelo y los permisos  de construcción en territorio dominicano.

 

Antes de que Friusa y  Mata Mosquitos fueran poblados masivamente por trabajadores haitianos y dominicanos (estos últimos en menor medida), ya existían asentamientos urbanos informales en el Gran Santo Domingo, con nombres tan conocidos y sonoros como Borojol, La Ciénaga, Domingo Savio, Gualey, Guachupita, Los Guandules, 27 de Febrero, Loma del Chivo, Capotillo, Simón Bolivar, Las Cañitas,  La Zurza, Cristo Rey, Hoyo de Chulín, Cañada de Benavides, Kilombo, Cañada del Diablo, Cañada de Guajimía, Herrera, La Barquita,  Maquiteria,  Los frailes, Villa Faro  y la Ureña, entre otros.

 

Pero no se trata de una condición exclusiva de la Gran Capital. Santiago de los Caballeros también tiene sus propios barrios marginales surgidos bajo la indiferencia de las políticas de gestión urbana, como son la Cañada del Diablo, Pontezuela, Hoya del Caimito, Camboyita, Baldom, barrio la Cacata, La Gloria de Cienfuegos y el Hoyo de Bartola.

 

Estas comunidades tienen en común, al igual que Friusa y Verón Punta Cana,  haberse desarrollado inicialmente al margen de las  normas y procedimientos legales  que rigen  la gestión urbana, entre ellas la ley 675 de Ornato y Construcciones, de 1944; la ley 62-32, sobre Planificación Urbana, de 1962; el decreto 385-87, del 30 de julio de 1987, que crea el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU); y la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios (antes 34-55 y 34-56 de organización municipal).

 

Durante varias décadas, la práctica usual de los ayuntamientos del país fue aplicar   tales normativas a la construcción de viviendas, edificaciones y  urbanizaciones  formales, pero no así a los asentamientos precarios que surgían de la noche a la mañana en terrenos invadidos o que carecían de  títulos de propiedad, un requisito innegociable para autorizar una construcción o un cambio de uso.

 

En esas circunstancias,  parecía que los gobiernos locales y  nacionales aceptaban las ocupaciones ilegales de terrenos y la habilitación de asentamientos informales, sin los servicios básicos esenciales, como un mal necesario, hasta que la administración del presidente Luis Abinader decidió agarrar  al toro por los cuernos.…

 

Políticas públicas para superar  el caos y ejercer  el control del territorio

 

A continuación me permito citar   algunas  iniciativas institucionales aplicadas por el Gobierno actual para revertir el modelo de desarrollo urbano caótico que ha predominado en nuestras ciudades y en las principales comunidades turísticas del país.

 

Programa de titulación.  La puesta en marcha de este programa le ha permitido al Gobierno proveer de sus títulos de propiedad a más de 117 mil familias en todo el país, en cumplimiento de la meta trazada  de alcanzar a 300 mil familias al cierre del actual  mandato, creando las condiciones para superar el status de informalidad que ha venido afectando a cientos de miles de familias en todo el país.

 

Ley de Ordenamiento Territorial. La promulgación  de la  Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, en diciembre de 2022, después de una larga espera de 17 años, ha puesto en manos del Estado Dominicana una herramienta clave para ordenar el territorio y garantizar la sostenibilidad ambiental, proteger los suelos agrícolas y regular la expansión urbana. Con la aplicación responsable de esta normativa  no deberían surgir  más Friusas, ni más Guijimías.

 

Más viviendas y mejoras habitacionales. A través de los programas “Dominicana se Reconstruye”, “Mi Vivienda” y “Familia Feliz”, el Gobierno ha canalizado en los últimos  4  años una inversión superior a los 29 mil  millones de pesos, favoreciendo a más de 303 mil  familias a través de nuevas viviendas y mejoras habitacionales, un logro  complementado con el Plan Nacional de Titulación, primer escalón para alcanzar el sueño de una vivienda propia digna.

 

Agua potable, alcantarillado  sanitario y saneamiento ambiental. Sin servicios tan elementales como el agua potable y el saneamiento ambiental, no hay forma de cambiar la vida de la gente. En tan solo  4 años, el Gobierno de Abinader ha invertido 25 mil  millones de pesos a  través del INAPA, en construcción y rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento, que han ayudado  a cambiar la vida  de dos millones de dominicanos, incluyendo el Hoyo de Bartola, impactado por el formidable programa de Saneamiento del Arroyo de Gurabo en Santiago.

 

No menos impactante ha sido el aporte de la CAASD al incrementar en  86 millones de galones la producción de agua potable en el Gran Santo Domingo, al tiempo de intervenir 42 kilómetros de cañadas en la misma demarcación, entre ellas  Cristo Park, El Manguito, Alto Sabana Perdida fase I, Villa Emilia fase I, San Luis Gualey fase I, Villa Marina fase I, Los Dulceros, Cancino Adentro, Los Rieles, 2 de Enero, Jicaco fase I, San Luis Gualey fase I, Arroyo Hondo, Los Jardines del Norte, La Malanga, Arroyo Francisco, entre otras.

 

Y por primera vez  se aplica la ley de Migración. Parecería una exageración, pero en los últimos 20 años antes de Abinader, ningún gobierno se había tomado en serio aplicar la ley de Migración 285-04.

 

Esta ley fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004, pero el país debió esperar  7  años para que el presidente Leonel Fernández promulgara el reglamento 631-11 para su aplicación. Y nunca  se aplicó en serio.

 

El presidente Danilo Medina, fue más que conservador  en la gestión del tema migratorio  y en el segundo año de su  primer mandato ordenó paralizar las deportaciones de haitianos ilegales en territorio dominicano, hasta tanto concluyeran  las conversaciones en torno al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, trazado por el Gobierno.  (https://www.diariolibre.com/actualidad/danilo-medina-ordena-detener-repatriaciones-de-haitianos-ilegales-BIDL444151)

 

La firme voluntad del presidente Abinader. En el inicio de su gestión, en medio de la pandemia,  el problema migratorio no parecía ser una de las prioridades del país, pero en diciembre del 2020  el presidente Abinader dejó claramente establecido que haría cumplir a carta cabal la Ley General de Migración 285-04 y su reglamento de aplicación 631-11.

 

Y así ha sido desde el 2020 hasta ahora. El Gobierno Dominicano ha puesto en práctica  una política migratoria más humana, ordenada y respetuosa de la Ley, pero  hasta el inicio de su segundo mandato había dispuesto la expatriación de más de medio millón 200 mil haitianos ilegales.

 

Además ha dispuesto la construcción de seis grandes centros de interdicción y contención migratoria en Haina, Santiago, Dabajón, Jimaní, Elías Pila   y Benerito-Higuey. En cuanto a la frontera el cambio ha sido radical, no solo por instalación de la verja perimetral en los puntos estratégicos de la línea, sino, y sobre todo, por la voluntad del Gobierno de asumir  el control de lo que parecía ser tierra de nadie y  hacer cumplir el mandato constitucional que “declara de supremo y permanente interés nacional la seguridad, el desarrollo económico, social y turístico de la zona fronteriza...”  (31 de marzo 2025)

 

Luis José Chávez es periodista, municipalista y activista  social