Piden que caigan los jueces, fiscales, notarios y abogados corruptos, para seguir inspirando confianza.
Revelan que al igual que los altos mandos militares la
ley también debe entrar por casa.
SANTO DOMINGO, R. D.- Inversionistas extranjeros y dominicanos demandaron
del Poder Judicial y el Ministerio Público hacer valer sus derechos a los fines
de erradicar la corrupción en dicha instancia de poder, y que le caiga todo el
peso de la ley a los jueces, fiscales, abogados, notarios y demás funcionarios
judiciales que cometan actos indecorosos en el ejercicio de sus funciones, para
de esa manera poder seguir inspirando confianza en la sociedad.
La petición fue hecha por los empresarios norteamericanos Julián Rodríguez,
Carol Jaramillo, la china HUANG KITTY QUA, así como los dominicanos Eduardo
Vásquez Matos, Julio César Núñez Alvarado y Continental Progreso
Turístico, a través de su abogado Georges López Hilario, quien reveló que
dichos inversionistas tienen varios años demandando justicia en el país, ya que
fueron estafados en el año 2013, con alta suma de dinero, y también han sido
víctimas del despojo de posesión, plantaciones agrícolas y robo de ganado.
López señaló que por este hecho fueron sometidos a la justicia en el año
2018, los jueces del Tribunal Superior de Tierras de San Francisco de
Macorís, Héctor Bienvenido de Jesús Cabral, Ramón Emilio Inoa Peña, Miguelina
Vargas Santos, entre otros, a quienes imputan de dictar una ordenanza
designando un secuestrario judicial de un inmueble en base a fotocopias
de contratos viciadas de falsedad, lo cual incluye los tipos penales de
prevaricación, falsedad en documento público y privado, uso de documentos
falsos, soborno, asociación de malhechores, abuso de autoridad y en el
ejercicio de autoridad pública y legal, robo agravado, complicidad entre otras
violaciones. También fueron sometidos los procuradores fiscales de Nagua,
Braulio Duarte y Juan Antonio Mateo Ciprián, así como el notario Onésimo García
Rosario entre otros.
Al hablar en rueda de prensa previo al conocimiento del recurso de objeción
elevado por las víctimas querellantes y actores civiles, para que
sean juzgados ante la jurisdicción privilegiada los jueces, fiscales,
notarios y abogados que han violado la ley penal, en detrimento de
dichos inversionistas, López Hilario afirmó que llegó el momento de enviar una
señal clara de que los privilegios deben acabar en el país, comenzando con la
justicia.
‘Por eso, es que abogamos para que sean sancionados los miembros del Poder
Judicial y Ministerio Público que prevariquen, en consonancia con lo
establecido en el Código Penal dominicano el cual permite sancionar los
ilícitos penales y actos de corrupción, pues la tendencia universal, cuyo
fenómeno positivo también está ocurriendo en República Dominicana, es que no
existan “vacas sagradas ni inimputables, sin importar que sean jueces,
fiscales, senadores, diputados, pues si altos funcionarios del Poder Ejecutivo,
legislativo y mundo militar son judicializados, también deben serlo los
miembros del Poder Judicial y Ministerio público, lo que permite sanear y
transparentar la justicia”, aseguró López Hilario.
Precisó que además, es inaceptable la historia de corrupción a lo interno
del Poder Judicial lo que se ha significado que el pueblo aún en los tiempos
actuales, no tenga confianza en la justicia, lo que revela que los jueces no
son impolutos y su comportamiento no está teniendo el escrutinio social que esa
investidura amerita.
‘Por tanto, el cambio debe llegar al fuero del poder judicial y órganos del
Ministerio Público, para erradicar la corrupción, de lo cual históricamente,
gestión tras gestión, se denuncia en todas sus manifestaciones, sin
consecuencias jurisdiccionales, teniendo los jueces no probos como única
sanción la destitución, lo que promueve el círculo de corrupción pues dichos
funcionarios asumen el riesgo de su destitución por enriquecimiento ilícito.
Indicó que si falta la justicia, falta la democracia, la debilidad de
nuestra democracia es directamente proporcional a la falta de justicia por
seguridad jurídica, pero para erradicar la corrupción se requiere una voluntad
indomable en la persecución de actos de corrupción sin escape y privilegios de
ninguna índole, lo que es una lucha de todo los poderes del estado para poder
garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana.
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