Las dos iniciativas buscan colocar a la República Dominicana entre los países avanzados que tienen leyes para proteger a las víctimas y testigos y una legislación especial en contra del crimen organizado.
SANTO DOMINGO, R. D.- La tarde de este
martes el presidente de la República, Luis Abinader, introdujo en el Congreso
Nacional, vía el Senado de la República, dos iniciativas legales encaminadas a
fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.
Se trata del proyecto de ley sobre
persecución y judicialización de las organizaciones criminales y el proyecto de
ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y
sujetos en riesgo.
En el mensaje de remisión se afirma que
la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y
de nuestro país, esto es, el combate al crimen organizado en sus distintas
manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del Estado Social
y Democrático de Derecho.
En consecuencia, la ley propuesta tiene
por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución,
judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados
en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.
La pieza es categórica al tipificar la
organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o
promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a
obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole
para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales
como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas
de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de
personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas,
municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando;
secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno
transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos
financieros; delitos medioambientales; sicariato; delitos de alta tecnología.
También se tipifican delitos relativos a
grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y
contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de
justicia.
Por su lado, la segunda iniciativa
responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las
víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho
delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la
justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la
atención, representación legal y protección de estas personas.
En consecuencia, la ley propuesta tiene
por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y
los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de
protección y atención en provecho de estos.
De aprobarse esta iniciativa del Poder
Ejecutivo, la cual constituiría un significativo avance para la legislación
moderna del país, se estaría cumpliendo con una deuda histórica en favor de la
equidad de garantías que debe primar entre el imputado y la víctima en un
proceso judicial, al satisfacerse el mandato constitucional de asistencia legal
gratuita a personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una
representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de
los derechos de la víctima.
En la nota de prensa circulada por la
Presidencia de la República se reafirmó el compromiso del Gobierno y
particularmente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en continuar
trabajando en las reservas de ley pendientes desde la reforma constitucional
del año 2010, a la par de las derivadas de la Constitución recién proclamada el
27 de octubre de 2024.
Conjunto de iniciativas penales
Los dos proyectos recién depositados en
el Congreso Nacional forman parte de un conjunto de iniciativas que el Poder
Ejecutivo ha venido trabajando de la mano del Ministerio Público, con el
propósito de fortalecer el marco jurídico de las políticas del Estado contra la
criminalidad.
Se recuerda que en octubre del año
pasado el presidente de la República también introdujo en el Congreso dos
importantes proyectos de ley sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad
inmobiliaria pública o privada y sobre el secuestro en todas sus modalidades.
Ambos están siendo conocidos actualmente por el Senado de la República.
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