Poder Ejecutivo designa como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles

Santo Domingo, R. D.- El Poder Ejecutivo designó como organización terrorista al grupo armado Cártel de los Soles por lo que instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a adoptar las medidas apropiadas para prevenir las incursiones del grupo antes indicado en el territorio nacional, o en contra de intereses dominicanos en el exterior.

 

La designación está contenida en el decreto 500-25 de fecha 2 de septiembre del presente año.

 

La decisión obedece a que la Constitución dominicana establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionalcs que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad nacional y regional.

 

En el mismo documento se instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores comunicar a los organismos internacionales competentes y a los socios estratégicos de República Dominicana.

 

Asimismo, coordinar con las instancias multilaterales apropiadas las acciones necesarias para que se adopten, en el marco del derecho internacional, las sanciones y medidas de cooperación que resulten pertinentes contra dicho grupo terrorista.

 

Poder Ejecutivo deposita en el Senado de la República el proyecto de ley que regularía la Libertad de Expresión y los medios audiovisuales

SANTO DOMINGO, R. D.- El presidente Luis Abinader remitió en el día de hoy al Senado de la República el proyecto de Ley que regulará la libertad de expresión y los medios digitales, según reveló a la prensa el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. 

 

Se trata de un proyecto en el que participaron diversos actores de la sociedad civil, los medios de comunicación y destacados juristas en la materia, con el fin de crear un marco legal moderno y democrático.

 

En la misiva de remisión al Congreso Nacional, el presidente Abinader resalta que el proyecto “tiene por objeto regular la libertad de expresión en todas sus manifestaciones (prensa escrita, radio, televisión, espectáculos públicos y redes sociales); resguardar el derecho a la comunicación social y periodismo; así como también proteger el derecho de acceso a la información y crear al Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), como órgano regulador del ejercicio en el país de estos importantísimos derechos fundamentales”.

 

Además, el presidente Abinader resaltó en su misiva dirigida a Ricardo De Los Santos, como presidente del Senado, que en su elaboración han participado expertos nacionales e internacionales de amplia experiencia en la materia, que conocen tanto las ideas principales del pensamiento jurídico que sustenta estas libertades, como la experiencia práctica del periodismo y la comunicación en sus distintas expresiones.

 

“El proyecto que ahora sometemos toma en consideración el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que tan importante tema ha tenido en las últimas décadas y procura adecuar nuestro ordenamiento a las prácticas más garantistas y democráticas. En tal virtud, someto a su consideración el presente proyecto de ley, esperando que los honorables legisladores le impartan su voto de aprobación”, agregó el mandatario.

 

Antoliano Peralta recordó que en junio de 2022 el presidente Abinader conformó una comisión de expertos integrada por Namphi Rodríguez, quien fungió como su director ejecutivo, Miguel Antonio Franjul, Inés Aizpún Viñes, Persio Maldonado, Luis Eduardo Lora Iglesias (Huchi), Edith Febles Batista, Eric Raful Pérez, Hermógenes Acosta de los Santos, Miguel Ángel Prestol González, Jimena Conde Jiminián, Aurelio Henríquez, Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré.

 

La comisión entregó meses después un primer borrador que fue objeto de debate, estudio y ponderación, siendo remitido por la Consultoría Jurídica del Ejecutivo a la propia a la comisión. Tras la integración de diversas mejoras y la adecuación de varios puntos al ordenamiento jurídico que nos regula, la versión definitiva fue remitida el pasado 24 de abril de 2025 al presidente de la República y es ahora llevada al Congreso Nacional, cumpliendo con el compromiso asumido por el gobierno de promover mejoras normativas para el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho.

 

Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional proyecto de ley con el fin de endurecer las penas por el tráfico de migrantes

El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía

 

Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, depositó este lunes en manos del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el proyecto de ley que modifica la Ley núm. 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

 

Se recuerda que el pasado domingo 6 de abril, el presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas para enfrentar la migración ilegal y garantizar la soberanía nacional ante la crisis en Haití.

 

Una de las acciones anunciadas por el mandatario fue la presentación de una reforma al marco legal migratorio existente, la cual debe ser conocida con carácter de urgencia por el Congreso Nacional.

 

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo manifestó que, con este depósito, el presidente cumple de forma inmediata con la cuarta de las medidas anunciadas.

 

Explicó que el objetivo de esta iniciativa es modificar de manera puntual los artículos 2, 5, 6 y 7 del texto legal, con el fin de precisar los elementos que constituyen el tráfico ilícito de migrantes, establecer nuevas penas y adicionar circunstancias agravantes tanto para el autor principal como para el cómplice.

 

Peralta Romero indicó que, en el artículo 2,  se amplía la definición y y se agregan los elementos constituyentes de tráfico

ilícito de migrantes, debido a que la contenida en la ley vigente impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y aplicación de las normativas correspondientes.

 

Asimismo, el artículo 5 introduce la tipificación de delitos por omisión, estableciendo que se considerarán penalmente responsables aquellas personas que, por deber legal o vínculo con la víctima, omitan actuar para evitar el daño.

 

Se detallan condiciones específicas, como la asunción voluntaria de protección o vigilancia, o la creación previa de una situación de riesgo para el bien jurídico protegido. La omisión será penalizada cuando el daño producido sea equiparable al resultado de una acción directa.

 

En el artículo 6, se redefine la participación del cómplice en la comisión del crimen de tráfico ilícito de migrantes.

 

De igual forma, el artículo 7 incorpora nuevas circunstancias agravantes aplicables tanto al delito de tráfico ilícito de migrantes como al de trata de personas. Estas incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el delito.

 

También se incrementan las penas cuando concurren estas agravantes, tanto para los autores principales como para sus cómplices.

 

De ser aprobada la iniciativa del Poder Ejecutivo, se producirá un endurecimiento significativo de las sanciones a los infractores y se fortalecerá el marco legal contra este flagelo.

 

“El delito de tráfico ilícito de migrantes pasaría de una pena de 10 a 15 años de reclusión y una multa de entre 150 y 250 salarios mínimos, a un rango de 12 a 20 años de reclusión, con multas de entre 750 y 1,500 salarios mínimos del sector público, además de la inhabilitación de los derechos de ciudadanía”, explicó el consultor jurídico.

 

Asimismo, se incrementan las sanciones para los cómplices y se incorporan agravantes adicionales, como el uso de armas, el daño a personas adultas mayores o la muerte de la víctima del tráfico, “estas circunstancias podrían conllevar penas de hasta 40 años de prisión y multas de hasta 6,000 salarios mínimos”.

 

Por su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que se trata de un problema nacional que preocupa a todos los ciudadanos. Señaló que el presidente de la República, en su alocución, expresó con claridad que este proyecto de ley debe ser aprobado con carácter de urgencia. “En un tiempo relativamente corto, vamos a aprobar este proyecto de ley, dada la importancia que representa para la República Dominicana”, expresó.

 

Poder Ejecutivo entrega al Congreso Nacional proyecto de Ley de Presupuesto 2025

Se trata del primer proyecto de Ley de Presupuesto que contempla la Ley Núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones Estatales

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Presupuesto (Digepres), depositó este viernes ante el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2025, que contempla gastos por RD$1,484,234.6 millones.

 

La entrega del proyecto de Ley la hizo el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, junto a Iván Ramírez, subdirector general de Presupuesto, a través de la Secretaria General Legislativa de la Cámara de Diputados, Ivonny Mota del Jesús, en la sede del Congreso Nacional para conocimiento, discusión y aprobación de los legisladores, tal como establece la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público Núm. 423-06.

 

Se trata del primer presupuesto que se enmarca en la Ley Núm. 35-24 de Responsabilidad Fiscal en las Instituciones Estatales y marca el inicio de la propuesta de reestructuración y racionalización de la Administración pública, anunciada recientemente por el presidente Luis Abinader.

 

En términos de ingresos, el Gobierno estima que estos asciendan a RD$1,241,364.7 millones, representando el 15.3 % del producto interno bruto (PIB), gracias a los esfuerzos administrativos para elevar el nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias y al mantenimiento del contexto macroeconómico favorable.

 

En lo concerniente al gasto, cuyo monto equivale al 18.3 % del PIB estimado, el presupuesto tiene como objetivo primordial asegurar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, dando prioridad a las necesidades esenciales de la ciudadanía, tales como salud, educación, empleo, asistencia social, transporte y seguridad.

 

Planteada una plena integración institucional del sistema educativo, el documento contempla una asignación de recursos del 4.10 % del PIB a los órganos rectores del sector, medida que facilitará la implementación de políticas educativas integrales, eliminando la fragmentación que actualmente dificulta la coordinación entre los diversos niveles de enseñanza.

 

“Estamos eficientizando el uso de los recursos, reduciendo el gasto corriente derivado de la duplicidad de funciones y garantizando una inversión adecuada en capital para proporcionar entornos educativos de calidad”, precisa el Ejecutivo en su carta de remisión del Presupuesto.

 

Asimismo, incluye el reforzamiento de los servicios económicos con el impulso de proyectos de desarrollo turístico en puntos geográficos estratégicos, provee los recursos para continuar la construcción de un sistema integrado de transporte en Santiago y Santo Domingo y reafirma el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana, destinando los recursos necesarios para acentuar la reforma policial.

 

“La política de gasto de 2025 prioriza la inclusión social y la calidad de vida de las familias dominicanas, protegiendo su capacidad de consumo y sus medios de vida. En protección social, se mantendrá el alcance de millón y medio de familias vulnerables beneficiarias del programa Supérate, reduciendo la desigualdad social y la pobreza multidimensional”, establece.  

 

El proyecto de Presupuesto General del Estado para el próximo año plantea un déficit fiscal de RD$242,869.9 millones, equivalente a un 3.0 % del PIB, lo que supone el sostenimiento de la reducción del déficit público.

 

El resultado fiscal proyectado y las aplicaciones financieras previstas suponen fuentes financieras que ascienden a RD$350,990.4 millones, equivalentes a un 4.3 % del PIB, inferior a lo observado en años previos.

 

Digitalización del Presupuesto

 

Iniciada la actual gestión presupuestaria, la entrega del proyecto de Ley de Presupuesto ha experimentado cambios significativos como parte del compromiso institucional y de responsabilidad social, en términos de medio ambiente y sostenibilidad. En el año 2020 se hizo la primera entrega completamente digital del Presupuesto General del Estado, reduciendo así la cantidad de papel impreso y el impacto ambiental.

 

En 2022, la Digepres puso en marcha la iniciativa institucional “Presupuesto Sostenible” como parte de los esfuerzos por reducir las copias físicas y hacer un presupuesto más ecológico. Además, se ha implementado el uso de memorias USB y códigos QR, reduciendo aún más el uso de papel y de recursos.

 

En 2024 se han incorporado nuevas herramientas ciudadanas y recursos digitales que facilitan el acceso a los documentos presupuestarios y que impulsan las mejores prácticas de transparencia y participación pública en el presupuesto.

 

Se recuerda que República Dominicana ocupa el puesto número 1 en el continente y el puesto 4 a nivel mundial en participación ciudadana en el presupuesto, entre 125 países evaluados por la International Budget Partnership (IBP); además, ocupa el lugar 2 de Latinoamérica y el Caribe en transparencia presupuestaria.

Poder Ejecutivo deposita en el Congreso Nacional el proyecto de Ley de Convocatoria de la Asamblea Nacional Revisora

Antoliano Peralta manifestó que se trata de un momento histórico en el que la sociedad dominicana busca fortalecer su democracia.

 

Santo Domingo.- En el día de hoy el presidente Luis Abinader sometió a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora.

 

La iniciativa del presidente fue entregada al presidente del Senado de la República, señor Ricardo de los Santos, por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

 

En una rueda de prensa ofrecida desde las instalaciones del Congreso Nacional, ambos coincidieron en que la propuesta representa un paso valiente del gobierno y una clara respuesta a exigencias reiteradas de la sociedad.

 

Tal y como había sido anunciado previamente por el presidente Abinader, la propuesta de reforma constitucional impulsada tiene cuatro objetos principales, que son: (1) garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas; (2) consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones; (3) unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos; y (4) adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados.

 

Durante el acto de depósito en el Senado, el consultor jurídico resaltó que la propuesta del presidente es el resultado de más de tres años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad, el cual ha enriquecido la intención original del Poder Ejecutivo. Haciendo alusión al mensaje del presidente Abinader, reiteró que “se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana, la cual busca robustecer la democracia y el sistema de separación de poderes, con la cual el presidente cumple el compromiso asumido ante el electorado dominicano desde el inicio de sus aspiraciones presidenciales”.

 

Del mismo modo, Antoliano Peralta expresó que durante las últimas semanas el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo ha sido objeto de amplio debate, incluyendo varias reuniones con la comunidad jurídica, convocada al Palacio Nacional a tales fines. Igualmente hubo encuentros regionales con distintos actores sociales en varias ciudades del interior del país, así como diversos paneles académicos en distintas universidades. Resaltó que también remitió la propuesta al Consejo Económico y Social (CES), para que fuese circulada a todas las entidades integrantes de este órgano de concertación, para que, en seguimiento a las conversaciones sostenidas desde 2021 en el Diálogo por las Reformas, cada sector pueda expresar su parecer sobre la propuesta y fortalecer así la misma con observaciones y sugerencias, siendo recibidas distintas e importantes opiniones. “Para nosotros es fundamental que mediante el diálogo se pueda construir el consenso político, social y académico necesario”, señaló el consultor.

 

“Un ejemplo de los resultados del diálogo es la exclusión de la propuesta de reforma de lo relacionado al Consejo Superior del Ministerio Público. La propuesta del presidente Abinader partió de un criterio de coherencia con el ideal de independencia, pero las distintas asociaciones de fiscales del país nos manifestaron en los escenarios de diálogo que el cambio sugerido no les favorecía, por lo cual el presidente optó por retirar esa propuesta en particular. Del mismo modo, en todos los espacios de discusión la comunidad jurídica manifestó su preocupación por la propuesta inicial del presidente de dotar de inamovilidad al Procurador General de la República durante todo el periodo de gobierno. A esta preocupación el presidente ha respondido con una postura intermedia, reduciendo a dos años el periodo de su designación, pudiendo ser confirmado, pero sin renunciar a la garantía de la inamovilidad, que es un elemento que entendemos indispensable para propiciar la independencia real del Ministerio Público a la que todos aspiramos”.

 

Junto al Dr. Antoliano Peralta, estuvieron presentes por el Poder Ejecutivo los señores Darío Castillo Lugo, comisionado para las reformas del Estado, Pedro Montilla Castillo, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y Noel Sued Canahuate, director de proyectos jurídicos especiales de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

 

Junto al proyecto de ley depositado, el presidente remitió también una propuesta concreta de redacción de las modificaciones que recaerían sobre los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la Constitución. También propuso una nueva disposición general y siete disposiciones transitorias.

 

Acompañaron a Antoliano Peralta Romero, el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla; el director de Proyectos Jurídicos Especiales e Investigación Jurídica, Noel Sued y el Comisionado para las Reformas del Estado, Darío Castillo Lugo.

 

Poder Ejecutivo emite decreto que declara una situación de desastre de carácter regional por daños y afectaciones causados por vaguada

Santo Domingo. - El presidente Luis Abinader emitió este viernes el decreto 311-24, mediante el cual se declara una situación de desastre de carácter regional como consecuencia de los daños y afectaciones causados por la vaguada que ha impactado el territorio nacional, generando significativos y grandes daños de manera particular en las provincias La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte, Santiago y otras demarcaciones del país.

 

El decreto establece, además que, el Poder Ejecutivo, mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, podrá modificar la calificación dada a la declaración de desastre y las disposiciones del régimen especial que deberán ser aplicadas, según lo establece el párrafo I del artículo 23 de la Ley núm. 147-02, sobre Gestión de Riesgos.

 

Poder Ejecutivo designa a Luis Ernesto García Hernández como nuevo comisionado ejecutivo para Reforma Policial

Santo Domingo.- El vocero de la Presidencia y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, informó este viernes que  el presidente Luis Abinader mediante el Decreto 52-24 designó a Luis Ernesto García Hernández como nuevo Comisionado Ejecutivo para Reforma Policial.

 

En el referido decreto indica en su artículo 2 que quedó derogado el Decreto 21-22, del 14 de enero de 2022.

 

El comisionado ejecutivo para Reforma Policial tiene en sus funciones la implementación de los planes, estrategias y políticas de transformación y profesionalización de la Policía Nacional.

 

Breve Perfil

 

Luis Ernesto García Hernández es consultor internacional en gestión pública de seguridad y convivencia ciudadana. Posee amplia experiencia en reforma y modernización policial con énfasis en rediseño de sistemas de carrera, disciplina y modelos de educación y entrenamiento policial bajo estándares profesionales.

 

García Hernández es egresado de Derecho de la Universidad la Gran Colombia con especialidad en Administración Policial de la Facultad de Administración Policial de la Policía Nacional de Colombia.

 

Además, cuenta con estudios Profesional en Criminalística Facultad de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Colombia.

 

También, posee estudios en Gestión Pública por la Universidad de los Andes, Especialización en Seguridad, Investigación Criminal por la Escuela de posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Especialización Derecho Administrativo por la Universidad Sergio Arboleda, Especialización en Planeación Educativa por la Pontificia Universidad Javeriana.

 

Asimismo tiene estudios especializados en Programa Alto Gobierno por la Universidad de los Andes, International Economic and Political Forum por The London School Of Economics, Inteligencia Prospectiva Contra el Crimen Transicional de la Oficina De Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, Curso de Policía Judicial por la Escuela de Investigación Criminal de la Policía Nacional, Manejo de Recursos de Inteligencia Humana Oficina Federal de Investigación es el Servicio de Seguridad y de Inteligencia Nacional de Estados Unidos – FBI.

 

Igualmente tiene especialización en Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de Posgrados Policía Nacional de Colombia, Análisis Estratégicos de Alertas Temprana  por Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial, Curso de Policía Judicial en Sistema Penal Acusatorio por la Universidad del Rosario, Diplomado Contexto Sociopolítico de la Seguridad por la Universidad Javeriana, Auditor Líder en la Gestión Pública por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, Curso Estratégico de Seguridad Pública por la Escuela de posgrados de la Policía Nacional de Colombia, Curso integral de Defensa Nacional – CIDENAL por la Escuela Superior de Guerra.

 

Poder Ejecutivo promulga Ley de Presupuesto Reformulado para el año 2023

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó en la tarde de hoy la Ley 52-23, que modifica la Ley 366-22, de Presupuesto General del Estado para el ejercicio presupuestario del año 2023.

 

Actuando conforme a las facultades y deberes que pauta la Constitución, el presidente remitió oportunamente la iniciativa al Congreso Nacional, órgano que aprobó el proyecto en ambas cámaras según el procedimiento correspondiente.

 

La nueva estimación de los ingresos del Gobierno Central para el ejercicio presupuestario del año 2023, se aprobó por un monto de Un Millón de Millones Ochenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Nueve Millones Novecientos Setenta Mil Setecientos Ochenta y cinco pesos dominicanos (RD$1,086,799,970,785).

 

Al igual que la modificada Ley 366-22, la norma recién promulgada parte de las disposiciones normativas que la prevén, en la Constitución de la Ley de Crédito Público y la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
 

Titular Mescyt canalizará ante Poder Ejecutivo solicitud reparación planta física Facultad Ingeniería y Arquitectura UASD

Incluiría equipamiento de su Instituto Tecnología

 

El doctor Franklin García Fermín es recibido por una amplia comisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, encabezada por el decano Omar Segura

 

SANTO DOMINGO, R. D.- El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doctor Franklin García Fermín, anunció que canalizará ante el presidente de la República, Luis Abinader, una solicitud para que el Gobierno disponga la reparación de la planta física de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, así como el equipamiento del Instituto de Tecnología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), cuyo requerimiento de inversión alcanzan más de RD$200 millones.

 

Durante una visita a las instalaciones de esas dos unidades académicas, el funcionario fue recibido por una comisión de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, encabezada por el decano Omar Segura, quien explicó las necesidades de inversión que tienen esas dependencias de la academia estatal.

 

García Fermín, tras escuchar las explicaciones del funcionario académico, dijo que el Instituto de Tecnología es de suma importancia para la enseñanza a cientos de jóvenes que acuden a la universidad más vieja del Nuevo Mundo.

 

Definió como histórico al edificio que aloja a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la academia estatal porque “fue construido en su momento con una fachada moderna a principios de los años sesenta”.

 

“Nosotros vemos con muy buenos ojos el pedimento que hacen las autoridades de esta facultad, y como ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología le vamos a dar todo el apoyo, y estamos seguros de que el presidente Luis Abinader va a responder de manera positiva”, dijo.

 

“Estamos seguros de que las necesidades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura van a ser tomadas muy en cuenta y los más rápidamente posible”, añadió García Fermín.

 

El titular del Mescyt aseguró que el apoyo que le ha venido dando el presidente Luis Abinader a la educación, sobre todo a la superior pública, no tiene precedentes.

 

Recodó que, a los pocos días de juramentarse, el mandatario visitó la UASD en medio de la pandemia del COVID-19, donde dispuso la donación de RD$334.8 millones para el soporte de la plataforma tecnológica y un centro de simulación de la Escuela de Medicina que ya fue inaugurado.

 

García Fermín indicó que el gobierno está construyendo centros universitarios en Hato Mayor, Bahoruco, Cotuí, Azua, Santiago Rodríguez y otras poblaciones del país.

 

Habla Decano

 

El decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD, Omar Segura, dijo que confía en que el presidente Luis Abinader responderá a las necesidades de esa dependencia de la universidad estatal.

 

Valoró la visita del ministro García Fermín para constatar de primera mano las condiciones en que se encuentra la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.

 

Segura indicó que el Instituto de Tecnología de la UASD no cuenta con los equipos suficientes para impartir la enseñanza que los estudiantes demandan.

 

Aseguró que los laboratorios fueron entregados por las pasadas autoridades con solo apenas de alrededor de un 25 % del equipamiento.

 

Recorrido

 

El titular del Mescyt, doctor Franklin García Fermín, recorrió junto a las autoridades de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura las aulas, oficinas y la sala de cine de esa dependencia.

 

Asimismo, los departamentos del Instituto de Tecnología, donde García Fermín recibió las explicaciones del arquitecto Segura.

 

Poder Ejecutivo emite decretos 68-23 y 67-23 que disponen el ascenso y retiro de varios oficiales

SANTO DOMINGO. - El Poder Ejecutivo emitió los decretos 68-23 y 67-23 mediante los cuales dispone el ascenso de altos oficiales y coloca a otros en la honrosa posición de retiro, con disfrute de la pensión correspondiente por antigüedad en el servicio.

 

El referido decreto 68-23 establece el ascenso, a mayores generales de los generales de brigada Julio César Hernández Olivero y Justo Martín Fernández Tejada.

 

Asimismo, mediante está disposición presidencial quedan ascendidos a generales de brigada, los coroneles Justo Orlando Del Orbe Piña; Catalino Acosta Piantini; Pablo Roberto Jiménez Sánchez; Paíno Chocohan Perdomo Sánchez; Ambiorix de Jesús Cepeda Hernández; Orlando Jerez Espaillat e Izhar Enrique Batista Peña.

 

Igualmente, se dispone el ascenso a Contralmirantes, de los capitanes de navío Franklin Odalis Frías Duarte; Alfredo Heredia Santos.

 

Del mismo modo, quedan ascendidos a generales de brigada, los coroneles Floreal Tarcicio Suárez Martínez; Kelvin Melo Castillo y Fernando Elías Hache Alcántara.

 

En tanto que, el decreto 67-23 establece la puesta en retiro del mayor general Capellán Castrense, Nicolás De Jesús López Rodríguez y del mayor general ingeniero agrónomo Rafael Emilio De Luna Pichirilo.

 

También, en el mismo decreto se establece que quedan puestos en retiro los generales de brigada Henry De Jesús Gómez Bueno; Edyson Marte Vásquez; José Manuel Frías Rodríguez; Ricardo Leonardi Rosa Chupany; William Winfield Sharp Jiménez; Francisco Corominas Sánchez y Alberto Carlos Lagrane Madera, quienes además quedan ascendidos a mayor generales.

 

Poder Ejecutivo continua socializando propuesta de Ministerio de Justicia con abogados

La consultoría ha venido socializando el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia.

 

SANTO DOMINGO, R. D.- Como parte de las tareas de intercambio y consultas que, por instrucción del presidente Luis Abinader, viene realizando la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo respecto al proyecto de ley para crear un Ministerio de Justicia, este 23 de febrero se efectuó un encuentro con abogados especialistas en Derecho Público, académicos, y representantes de diversos actores sociales de importancia en el Palacio Nacional.

 

La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo presentó el proyecto que impulsa el presidente Abinader y comentó la evolución del texto a partir de las diferentes etapas del dialogo que se ha sostenido sobre el tema desde octubre de 2022. Se motivó la inclusión de varias propuestas, la reformulación orgánica de la propuesta preliminar y la importancia de la visión de actores diversos en el proceso.

 

El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que en acatamiento de la propuesta realizada por el mandatario, la consultoría ha venido socializando el anteproyecto de ley con los poderes públicos y órganos del Estado que se verán impactados por las competencias que se le atribuirán al eventual Ministerio de Justicia, con los gremios empresariales, así como también con la academia jurídica, representada por las principales escuelas de Derecho del país.

 

“Como resultado de este proceso consultivo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo tiene a la fecha un anteproyecto de ley que configura al Ministerio de Justicia como órgano de planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución y las leyes al Poder Ejecutivo para la colaboración funcional y administrativa al Sistema de Justicia”, expuso Peralta

 

Agregó: que en fiel cumplimiento del principio de separación de poderes previsto en el artículo 4 de nuestro texto constitucional, hemos plasmado en el anteproyecto de ley que “el Ministerio de Justicia cumplirá su objeto sin interferir en la independencia de los demás órganos y entes del Estado que integran el Sistema de Justicia en el ejercicio de sus respectivas funciones”.

 

Viceministerios integrados al Ministerio de Justicia

 

El Ministerio de Justicia quedaría integrado por los siguientes cinco viceministerios:

 

1) Viceministerio de Atención y Colaboración al Sistema de Justicia, que coordinará la atención y colaboración brindadas desde el Poder Ejecutivo al Sistema de Justicia.

 

2)Viceministerio de Representación Procesal, el cual coordinará, en los casos que corresponda, la representación del Estado y la Administración Pública en las sedes jurisdiccionales de su competencia, así como en los foros arbitrales y de otros medios alternativos para la solución de conflictos.

 

3)Viceministerio de Derechos Humanos, este coordinará el Sistema Nacional de Derechos Humanos, contemplado en el anteproyecto, así como las políticas públicas en materia de derechos humanos. También instrumentará la respuesta a los requerimientos normativos, procesales y documentales de los organismos internacionales de derechos humanos.

 

4) Viceministerio de Políticas Penitenciarias y Correccionales, el cual coordinará el Sistema Penitenciario y Correccional y las políticas públicas penitenciarias y correccionales.

 

5)Viceministerio de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, que coordinará la administración y certificación de los asuntos registrales asignados a su competencia, así como la articulación eficiente de los servicios a la ciudadanía bajo su cargo.

 

Luego de las palabras del Consultor del Poder Ejecutivo, varios profesionales del Derecho expusieron sus consideraciones a la iniciativa legislativa que tiene por objeto traspasar a un nuevo órgano las funciones de carácter administrativo que, en la actualidad, implican una carga para el Ministerio Público y para los órganos del sistema de justicia, y los desenfocan de sus funciones jurisdiccionales naturales.

 

En el encuentro participaron reconocidos abogados constitucionalistas, administrativistas, penalistas, así como antiguos integrantes de la judicatura nacional y extitulares de órganos del Estado.

 

Las sugerencias planteadas por los juristas serán ponderadas por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo de cara al depósito de la pieza legislativa el próximo 27 de febrero por parte del presidente Abinader.

 

Poder Ejecutivo presenta a representantes de la academia jurídica en todo el país la propuesta para la creación de un Ministerio de Justicia

El encuentro se celebró en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y contó con la presencia de profesores de Derecho de la mayoría de las universidades del país

 

SANTO DOMINGO, R. D.- En la mañana de este martes 24 de enero se efectuó en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, el primer encuentro con la sociedad para la presentación de la propuesta del Poder Ejecutivo sobre la creación de un Ministerio de Justicia.

 

La idea de crear un Ministerio de Justicia fue presentada en su propuesta de gobierno por el entonces candidato presidencial Luis Abinader y forma parte de su propuesta de modernización y fortalecimiento institucional de la Administración Pública.

 

El borrador preliminar ha sido presentado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo a lo órganos más afines a las funciones que tendrá el nuevo ministerio, como son el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, el ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio, entre otros. Dichos órganos han producido ya importantes aportes y en el día de hoy se inició el debate con los órganos de la sociedad civil.

 

Además en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede del encuentro, estuvieron representantes de escuelas de Derecho de distintas universidades como PUCMM, UNPHU, APEC, UCE, O & M, UCSD, UNEV, UNIREMHOS, UNEFA, UAPA, UTE, UNICARIBE, entre otras. Algunas escuelas de Derecho que no pudieron enviar representantes presentaron sus excusas y se explicó un mecanismo para que puedan expresarse por escrito con posterioridad al encuentro.

 

El equipo de gobierno que presentó la propuesta estuvo encabezado por Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Darío Castillo, ministro de Administración Pública, Pedro Montilla, subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y Noel Sued, director de proyectos jurídicos especiales de la Consultoría.

 

En el documento compartido y discutido se verificó la idea general del proyecto, la composición orgánica del nuevo Ministerio, las atribuciones que le serían asignadas y los órganos que acompañarían al ministerio en sus funciones.

 

Los profesores invitados presentaron sus observaciones y la Consultoría Jurídica expresó que iniciaría un proceso de revisión y adecuación, tomando en cuenta tanto los comentarios vertidos en el diálogo como los que serían aportados por escrito más adelante.

 

Los académicos presentes saludaron la iniciativa del presidente Abinader y expresaron su simpatía con el proyecto en términos generales. Se hicieron precisiones sobre aspectos que podrían ser mejorados y se convino

 

Se anunció que en los próximos días el diálogo con la sociedad continuaría, tanto con otros miembros de la comunidad jurídica como con una serie de asociaciones y gremios que interactúan en el ámbito del sector justicia.

 

Poder Ejecutivo emite Decreto 15-23 que introduce cambios y nuevas designaciones en el tren gubernamental

SANTO DOMINGO. – El Poder Ejecutivo emitió este lunes el Decreto número 15-23 mediante el cual designa en su artículo 1 a Catalino Correa Hiciano como director general de la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), quedando derogado el artículo 3 del decreto núm. 180-21 del 18 de marzo de 2021.

 

Mediante la disposición presidencial se designa a Félix Antonio Santana García como contralor general de la República y se deroga el artículo 20 del decreto núm. 329-20 del 16 de agosto de 2020.

 

Asimismo, en su artículo 5 el Decreto establece la designación de Rómulo Victirbio Francisco Arias Moscat como director general de Contabilidad Gubernamental.

 

El artículo 6 dispone que Digna Reynoso queda designada directora general de la Dirección General de Pasaportes y en el número 7 se designa a Néstor Julio Cruz Pichardo cónsul general de la República Dominicana en Panamá.

 

El decreto del Poder Ejecutivo deroga los artículos 1 del decreto núm. 390-20, del 24 de agosto de 2020, 15 del decreto núm. 339-20, del 16 de agosto de 2020, y 2 del decreto núm. 388-20 del 23 de agosto de 2020.

 

En su artículo 9 dispone la designación de Pedro Antonio Quezada Cepeda rector del Instituto Técnico Superior Comunitario de San Luis (ITSC), derogando el artículo 6 del decreto núm. 374-20 del 21 de agosto de 2020.

 

Con el presente Decreto el Poder Ejecutivo designa a Bartolomé Yaque Pujals Suárez como director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OGTIC), en adición a las funciones de director ejecutivo del Gabinete de Innovación, de conformidad al artículo 1 del decreto núm. 465-21, del 27 de julio de 2021; su función en el Gabinete de Innovación será desempeñada a título honorífico.

 

De igual forma, dispone que Francisco Vegazo Ramírez queda designado asesor de la Presidencia de la República en materia de educación superior y se deroga el artículo 1 del decreto núm. 523-21 del 23 de agosto de 2021.

 

Mediante este Decreto se instruye a José Leonel Cabrera, en su condición de ministro sin cartera, a dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas trazadas por el Poder Ejecutivo.

 

A través de la presente disposición, Roberto Ángel Salcedo Sanz queda designado director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

 

El artículo 16, establece que queda derogado el artículo 2 del decreto 389-20, del 24 de agosto de 2020, ante la renuncia de José Leonel Cabrera a la condición de director general de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (PROPEEP).

 

MagalisTabarManzur queda designada gobernadora civil de la provincia El Seibo y se deroga el artículo 3 del decreto 508-20 del 28 de septiembre de 2020.

 

Además, Genara González Marmolejos queda designada gobernadora civil de la provincia Barahona y se deroga el artículo 4 del decreto 340-20 del 16 de agosto de 2020.

 

El Decreto presidencial establece en su artículo 21 que Adela Mercedes Tejada Gil de Rosario queda designada gobernadora civil de la provincia Monseñor Nouel. En adición a sus funciones de gobernadora, queda designada como presidente interina de la Comisión Ejecutiva del Consejo para el Desarrollo de la Provincia Monseñor Nouel; su función en la indicada comisión ejecutiva será desempeñada a título honorífico.

 

De igual manera, dispone que quedan derogados los artículos 4 del decreto núm. 158-22, del 31 de marzo de 2022 y 12 del decreto núm. 340-20 del 16 de agosto de 2020.

 

Mediante el Decreto, se designa a Manuel Hipócrates Conde Cabrera como miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y deroga el numeral 4 del artículo 1 del decreto núm. 375-20 del 21 de agosto de 2020.

 

Del mismo modo, José Pedro Díaz González queda designado miembro del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad y queda derogado el numeral 6 del artículo 1 del decreto núm. 375-20 del 21 de agosto de 2020.