SANTO DOMINGO, R. D.- Los Partidos del Bloque Opositor reiteraron que el
traspaso abusivo y secreto de la función de forma exclusiva como fue el conteo
de los votos a una empresa extranjera, la cual actuó por su cuenta, sin que
mediaran la autoridad ni el control de la JCE, vicia de manera grave e
incontestable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las
autoridades derivadas de ese proceso.
Por tanto, insisten que la Junta Central Electoral no solo no debe pagar la
suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta
empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología
y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes,
durante y después del proceso electoral de mayo de 2016.
En un documento enviado a la prensa, los partidos opositores afirman que el
informe publicado por el departamento de Informática ha confirmado que la Junta
Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e
incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no
tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada
la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a
la empresa española INDRA.
“Tomando en consideración las informaciones hechas de público conocimiento
del Informe del Departamento de Informática de la JCE sobre el uso de los
equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los
colegios electorales de las elecciones generales del 15 de mayo de 2016 acerca
de la compra y uso de equipamiento electrónico para las elecciones generales
del 16 de mayo de 2016, los partidos de la oposición política consideran que
amerita que este hecho no que sin consecuencias”, resaltan.
Reiteraron que el pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta
Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y
de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral
pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos entregado
a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad
quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de
2016.
“La confirmación de estos hechos de extrema gravedad, denunciados desde
antes de las elecciones por los partidos de la oposición política, obligan a la
profundización de la investigación y al sometimiento ante los tribunales de la
República de los responsables de los mismos. De no hacerse, no nos queda otro
camino que el llamado a la movilización de la sociedad dominicana para llegar
hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar el funcionamiento del
sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones
limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la
estabilidad de la República Dominicana”, explican.
Señalan que dichos partidos tienen un compromiso innegociable con el
fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos
electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una
política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de
la institucionalidad democrática.
El documento está sustentado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM),
el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís),
Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC),
Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la
Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción
Democrática (OD) y Partido Socialista Cristiano (PSC)
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