Por Reynaldo Peguero
Han transcurrido 17 años desde que se aprobó la Ley de Seguridad
Social en República Dominicana. El 9 de mayo del año 2001 nadie hubiera
sospechado que al 2018, los fondos de pensiones y riesgo laboral acumularían
542 mil millones de pesos. Menos aún que la mortalidad infantil y materna, los
fallecidos por accidentes de tránsito, la masiva y dominante cantidad de
hipertensos y obesos que sufren infartos mortales; las prevenibles muertes de
mujeres por cáncer de cérvix, la violencia intrafamiliar y las inesperadas
ocurrencias de brotes epidémicos de enfermedades que se pensaban controladas,
estarían a la orden del día.
Es grave la contradicción que el sistema de seguridad social se haya
capitalizado en cientos de miles de millones de pesos, mientras las muertes y
enfermedades prevenibles sean el pan nuestro de cada hospital o clínica
privada. La masa crítica de estrategas, líderes, empresarios y trabajadores de
salud han perdido el norte de la esencia de su trabajo. El Estado, la sociedad
civil y el sector empresarial no se articulan armónicamente para generar
como podríamos lograr, uno de los mejores niveles de salud de América.
La gestión de la seguridad social no se enfoca en la calidad de vida,
la prevención del daño o el control de las muertes evitables de los
dominicanos. Una reciente evaluación divulgada por las empresas que manejan la
administración del riesgo en salud (ARS), parece más la medición del nivel de
simpatía de un candidato político, que la satisfacción con la calidad de la
atención en salud administrada por las ARS y ofertada por clínicas y
hospitales.
El tema central de todos los foros de salud y seguridad social anda
por los rincones más escondidos de Bizancio. Hoy igual que la histórica ciudad
griega, se debate “sobre el sexo de los ángeles” más que el cuidado y la salud
de las personas y los derechohabientes. Parece que las nuevas leyes,
normativas, resoluciones, planes básicos, reuniones de consejeros y suplentes,
nuevos organismos, edificios adquiridos, estructuras remodeladas, software
conseguidos, tecnología instalada, computadoras emplazadas y personal
capacitado, tienen como único norte, acumular aceleradamente capitales
monetarios de forma pecuniaria y lucrativa. Para que queremos seguridad social
si no es para sanar y salvar la vida de miles de dominicanos.
Esto de cambiar y debe cambiar hoy. Sin embargo, primero se impone
tener sentido de la historia. Sucede que la mayoría de sistemas de
seguridad social de América Latina se instalaron y ampliaron, desde el inicio
hasta la mitad del pasado siglo XX. Por el contrario, la atención primaria en
salud (APS) y la inversión en sistemas de salud de carácter preventivo,
aconteció después de la Declaración de las Naciones reunidas en Alma Ata por la
Organización Mundial de la Salud del 6 al 12 de septiembre en 1978,
segunda mitad del siglo XX.
En República Dominicana fue todo lo contrario. Primero se iniciaron
los trabajos del Estado por crear un sistema de salud integral a partir de 1978
y luego a inicios del siglo XX, llegó el sistema de seguridad social de amplia
cobertura. Había “seguro social” pero no la seguridad social monetariamente
poderosa que tenemos hoy. Que nadie confunda la construcción de hospitales con
la articulación de un sistema de salud; menos aun, la existencia del Instituto
Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) con un sistema de seguridad social
universal.
Esta dislocación de prioridades resultó en el mentís que mientras en
1978 se creaban supervisores, promotores de salud, clínicas de atención
primaria y masivas campañas de vacunación, el seguro social trabajaba sin tener
nada que ver con el sistema de salud pública de República Dominicana. Los
conductores del Estado de entonces, se dieron el lujo en un hecho sin
precedentes en América, y que fue duramente criticado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), de utilizar los promotores en mediocres
campañas políticas electorales.
La creación y desarrollo del sistema de seguridad social dominicano
establecido en la Ley 87-01, se encontró con el sistema de salud y de atención
primaria más débil de toda América Latina. La ridícula, miserable y pírrica
cantidad promotores, supervisores, inspectores, trabajadores de la salud y
enfermeras de República Dominicana y su nivel de inserción y trabajo en las
comunidades, es crítica. La tasa de presencia de cada uno de estos recursos de
atención primaria en correspondencia con la población y el número de familias
por manzanas y territorios, se encuentra en su nivel más bajo del planeta.
Más que indicadores que poseemos, un ejemplo concreto sirve de
referencia confirmatoria. El programa de atención primaria que por designación
de PUCMM, Salud Pública y la Fundación W.K.Kellogg, conduje a partir de 1996,
logró en apenas 12 meses, instalar en toda la zona sur de Santiago, la cantidad
necesaria de promotores y supervisores de salud. Con centros de atención
primaria de referencia, miles de visitas familiares de los promotores y
presencia activa de estudiantes universitarios, logramos ser reconocidos por la
gente pobre de Santiago, OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
como proyecto comunitario sostenible de América.
La seguridad social de República Dominicana es un eficiente aparato de
acumulación monetaria y enriquecimiento privado, alejado de la calidad de
atención en salud, la prevención del daño y el control de muertes evitables. Se
impone implantar un sistema de atención primaria en salud masificado y de
calidad como lo he observado en ciudades y barrios del mundo homologables con
esta Nación. Desde Bandung, Indonesia hasta San Carlos, Costa Rica. Desde
Matagalpa, Nicaragua hasta las comunas barriales de Buenos Aires, Argentina.
Entre todos, con un nuevo pacto estratégico de salud al 2030, podemos lograrlo.
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