Santo Domingo, R. D.- Guido Gómez Mazara depositó formalmente por ante
la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa
(PEPCA) toda la documentación concerniente al addendum firmado en febrero del
año 2015 respecto de la construcción de la Autopista del Coral y el Ministerio
de Obras Públicas, durante la gestión de Gonzalo Castillo.
Este addendum provocó un incremento de 86% con relación al contrato
original de la obra realizada por la constructora brasileña Odebrecht.
Para el abogado, profesor universitario y dirigente político,
resultaba extraño que durante todo el proceso de Odebrecht el ministerio
público nunca “encontró” una pieza crucial en toda la investigación porque la
obra se disparó de US$ 253,702,835 a US$ 471,062,590, y la esencia de la etapa
acusatoria se fundamentó en sobornos distribuidos por la empresa constructora y
admitidos en la fase de delación por el principal ejecutivo de la entidad
brasileña en el país, Marco Vasconcelos Cruz, y por tales hechos se le
sentenció a 7 años de cárcel.
Recordó que los alegatos esgrimidos para no incorporar a la investigación
el addendum de febrero del 2015 consistió en que estaba “desaparecido” de los
archivos del MOPC, dejando excluido al ministro de obras públicas, Gonzalo
Castillo y circunscribiendo la responsabilidad de los imputados en una frase
utilizada por el procurador general de la república, consignado que “están
todos los que son” y la realidad al “encontrar” el documento extraviado prueba
claramente el carácter selectivo de la investigación y afán de proteger a
funcionarios con una relación comprometedora con Odebrecht.
Planteó que el señor Vasconcelos Cruz admitió en la fase de delación que
para el incremento del contrato de la Autopista del Coral pagó unos US$ 11
millones y resulta lógico que si el señor Gonzalo Castillo era el Ministro al
momento de la firma, el ministerio público debió investigarlo y conseguir toda
la información de lugar para establecer los niveles de responsabilidad y/o su
inocencia, en el marco de un proceso que estremeció las bases de la relación
clase política y empresa brasileña en todo el continente.
Gómez Mazara reiteró que el control político que ejerce el PLD sobre el
ministerio público ha sido esencial en la estructuración de un régimen de
complicidades de medias verdades y silencios acomodados que impiden una justa
aplicación de la justicia, y que Gonzalo Castillo firmando un adendum debió ser
requerido por la justicia y se le construyó un “extravío” de una documentación
que lo compromete en caso Odebrecht.
Finalmente, reiteró que su acción ante el PEPCA constituye un acto de
compromiso ciudadano para, no solo advertir y sancionar los excesos como los de
Odebrecht, sino enviar una señal a las autoridades que iniciarán a partir del
16 de agosto sobre el impostergable proceso de adecentamiento de la vida
nacional, y que deposita toda la documentación ahora porque se mantuvo
“extraviada” con el interés de excluir a determinadas figuras de la vida
nacional.
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