Por Juan Bolívar Díaz
El intento de reducir a 430 millones de pesos los
más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en
contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el
financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la
gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la
Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido
Revolucionario Moderno.
La revelación de la diputada Faride Raful y los
diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra
escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado
dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio
público y se niega a la menor rendición de cuentas.
De ahí el desplante con que fue recibida la
propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar
los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la
Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y
fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos
públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.
En una carta dirigida a la Cámara de Diputados,
el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de
Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica
Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil
cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les
siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que
abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y
ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.
La extensa carta de los funcionarios José Ramón
Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,
queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los
diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que
ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los
esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y
planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las
campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su
apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.
Las copias de los registros de esas
contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el
logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además
de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o
alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La
Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por
un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del
3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período
electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que
ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado
los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la
Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el
triple de lo admitido como pagado.
Por su parte la DICOM aparece como responsable de
3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total
de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la
Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la
oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron
modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una
falsificación, que sería delito penal.
Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos,
se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la
Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a
extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por
“coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas
electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el
día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después
de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por
otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a
Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de
Educación en noviembre del 2014.
En cualquier democracia de mediana intensidad, el
Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga
de Estado como la que sufrimos.-
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