Por Jaime Fernández Lazala
El actual Congreso Nacional es
experto en aprobar leyes con perfiles y fachadas de
respetabilidad y beneficios sociales, pero en el fondo no son ni claras ni
precisas y carecen de mecanismos para su aplicación y ejecución con
excepción de las tributarias. En definitiva esas leyes son estructuras
que les permiten al sistema manejar todo a su antojo.
Ningún Ministerio ni Dirección del
Estado puede sin el debido proceso de ley cerrar negocios, ni poner
multas, incautar bienes, trancar ciudadanos ni hacer embargos y desalojos, sin
una orden motivada del juez competente. Solo el juez competente debidamente
apoderado del caso, puede emitir medidas cautelares, como cerrar negocios,
poner multas, hacer embargos, desalojos etc.
El Lic. Jaime Fernández Lazala,
Director Ejecutivo de FUNDAPYME, apela cordialmente al Presidente del
Senado Reinaldo Pared Pérez y de la Cámara de Diputados, para que revisen
bien los informes que rinden las comisiones de justicia de ambas cámaras, en
vista de que las últimas leyes que se han promulgado, con excepción de
las tributarias, adolecen de grandes fallas jurídicas y carecen de
las exigencias y las condiciones esenciales para su formación, ya que no
son claras ni precisas, y no se bastan a si mismas ni llevan penas aparejadas.
La ley debe ser igual para todos y solo puede ordenar lo que es justo y útil
para la comunidad y no puede prohibir cosas que no perjudican a la
comunidad. Art. 40 Constitución.
Albergamos grandes temores, porque las
últimas leyes aprobadas han tenido que ser modificadas una dos y tres
veces por sus grandes deficiencias, y además, ser auxiliadas por
reglamentos que disponen medidas que no se encuentran en la ley aprobada, y que
nadie respeta. Por lo que el Congreso Nacional debe abandonar la política
de seguir aprobando leyes insustanciales e inoperantes, que carecen de claridad
y precisión. Como es la ley de lavado de activos que se ha reformado tres veces
y esta vez ha confundido el delito de lavado de activo con el delito
evasión de impuestos y sanciona notarios y contadores ajenos a esas actividades.
En la actualidad hay proyectos de
leyes muy importantes en proceso de aprobación, como el Código Civil, la
modificación al Código Penal y Procesal Penal, la nueva ley electoral, la Ley
de Partidos y Agrupaciones Políticas, Ley Anticorrupción.
Nos reímos del actual proyecto de
Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, que cursa en el Congreso, el cual fue
remitido por la Junta Central Electoral, afirmamos que "es un disparate”,
porque es un enunciado de conceptos jurídicos que "no se basta
a sí mismo y no es claro ni preciso, además de que acusa carencia de
elementos esenciales en su estructura, que la convierten, en caso de que se
apruebe, en una ley muerta y con muy poca incidencia jurídica".
Apelamos a que ese proyecto de ley
que"carece de procedimientos en su ejecución y se deja a la
interpretación, la calidad de las partes, la competencia del
tribunal, en la violación de los fraudes, y delitos electorales y
violaciones de las altas instancias de los partidos”, sea bien revisado.
Agregamos que ese proyecto en especial
"no determina la calidad para demandar y el régimen de
prescripción de la acción se queda en el limbo jurídico, el de sanciones es
nulo y las pocas que existen son muy ambiguas y benignas".
La pieza tiene "muchas deficiencias
en la formación de los partidos y agrupaciones políticas, normas y estatutos
así como derechos y deberes de los miembros, educación política,
precampañas y campañas, patrimonio y financiamiento de los partidos, entre
otros aspectos”.
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