Por Samuel Sánchez
El primero de agosto del presente año, el Frente Amplio de Lucha Popular –
FALPO- en San Francisco de Macorís, llamó a un paro municipal reclamando
reivindicaciones sociales y comunitarias, necesarias para mejorar las
condiciones de vida de los pobladores del municipio.
El paro se desarrollaba en calma, sin mayores
inconvenientes, hasta que a las 10:30 de la mañana de ese día, un franco
tirador mató con premeditación a Mario Vladimir Lantigua Baldera, dirigente del
FALPO.
Los cuerpos represivos acusados del asesinato del joven
estudiante universitario, trataron de enmascarar este crimen, buscando la
excusa del uso de un arma de fabricación de cacera en la acción criminal. Esta
artimaña no la creyó nadie y la intentona fue abandonada.
La posterior acción fue organizar una comisión para
rendir un informe sobre la muerte vil de Vladimir, pero mes y medio después,
esa comisión no dice esta boca es mía.
Radhames Feliz Feliz, un obrero de Bonao militante del
FALPO, fue vilmente asesinado el 18 de mayo del 2016, mientras repartía
volantes en su comunidad una noche antes de la materialización de una
convocatoria a huelga reclamando atención del gobierno de Medina a problemas
locales.
Los cobardes, primero lo atropellaron con un vehículo a
Feliz Feliz y luego le dispararon, amparados en la oscuridad pues el asesinato
se cometió en horas de la noche.
Sin duda, la táctica del gobierno de Danilo Medina es
apostar al tiempo y esperar que la población y el FALPO se cansen de esperar el
proceso de los responsables de ambos crímenes políticos y olviden el reclamo de
justicia.
Me pregunto si hoy en el 2017, los organismos represivos
del Estado, aun utilizan delincuentes de barrio como bandas parapoliciales para
ir a pueblos como San Francisco de Macorís a sembrar terror con dos propósitos:
1- Aterrorizar a la población, pues una población secuestrada por el miedo
acepta cualquier violación de derechos humanos a fin de que el terror sea
enfrentado y eliminado de su territorio, el Estado sabe esto y usa ese recurso
con más frecuencia de lo que nos imaginamos; 2- Montado el teatro de operación
criminal desde grupos al margen de la ley o cubriéndose de ella para violarla,
culpar de estas acciones terroristas a dirigentes populares con el propósito de
desacreditar la lucha social.
Los grupos de limpieza o ajustes de cuenta han existido
siempre al servicio del poder, estos grupos trabajan con toda la protección del
poder lo que genera unos niveles inimaginables de impunidad. Es decir, estos
criminales hacen todo lo posible por borrar las huellas de sus asesinatos y
para ello cuentan con los resortes del poder manejado por quienes le ordenan
desaparecer personas y/o asesinarlas sin ningún prurito.
Un ejemplo concreto de lo dicho, es la denuncia del
abogado higüeyano Lic. Eusebio Polanco Sabino, quien entregó con vida al joven
Félix Antonio Encarnación y “para sorpresa nuestra ese ciudadano aparece muerto
con una pistola encima”. A nuestro juicio, la policía quiso cerrar este caso,
asesinando estos delincuentes comunes para dar la impresión a la ciudadanía que
están trabajando para eliminar la criminalidad y tal vez cubrir sus propias
espaldas, eso no lo sabremos porque los testigos de cualquier acción torcida
por parte de la uniformada ya no podrán decir nada.
Los casos citados tienen como común denominador: son
dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular, fueron asesinados en procesos
huelgarios y los responsables de perseguir a los perpetradores no han hecho
absolutamente nada.
Precisamente la ausencia de justicia en ambos casos nos
deja pocas dudas sobre varias hipótesis: 1ro. El Estado, y específicamente el
gobierno de Danilo Medina, se han propuesto silenciar lo más consecuente del
movimiento social-popular y el FALPO en particular; 2do. Los perpetradores de
estas acciones criminales trabajan tranquilos pues tienen garantizada su
protección; 3ro. Esta complicidad entre Estado, (gobierno de Medina), asesinos
policiales o parapoliciales e instancias judiciales, convierten estas acciones
en asesinatos políticos, en crímenes de Estado y así deben ser denunciados ante
el mundo y los organismos internacionales responsables de vigilar a los
gobiernos para el cumplimiento de los derechos humanos.
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