Por Pablo
Vicente
Indiscutiblemente
la democracia se fortalece con más democracia. Pero la democracia
representativa, como la que predomina en la mayoría de los países, no debe
sustentarse unicamnete en la idea de que los ciudadanos debemos actuar cada
cuatro años cuando somos convocados a las urnas para elegir a nuestros
representantes políticos. Ese tipo de democracia de baja calidad es insuficiente
para hacer frente a las reivindicaciones sociales, a las incertidumbres y a la
complejidad de los problemas fundamentales de la sociedad, que requieren
intervenciones integrales sobre la base de la participación y la inclusión.
Por eso, se
plantea cada vez con más fuerza la necesidad de un rol más activo de la
población en las cuestiones públicas. La participación ciudadana es una
condición indispensable para mejorar la calidad democrática de nuestras
instituciones, por lo que diversos autores destacan la idea de que la
participación es democracia y la democracia es participación, no pudiendo darse
la una sin la otra. De este modo, el ejercicio de la democracia representativa
se debe complementar con el de democracia participativa y en esto, la
aplicación de política pública juega un papel importante que, dependiendo de su
aplicación, contribuye o no al fortalecimiento democrático.
En ese contexto,
el establecimiento de políticas públicas tiene necesariamente que contribuir al
fortalecimiento de la democracia. Si bien es cierto que una política pública
debe conducir a solucionar problemas sociales, con principios de inclusión y de
representación, no es menos cierto que muchos de los problemas sociales nacen
desde lo más bajo de la pirámide, es decir desde el ámbito local, donde se
construye y se ejerce la ciudadanía. Justamente es desde allí que se deben
generar las soluciones, ya que es el sector de la sociedad que sufre las
necesidades y problemas, precisamente quien está más capacitada para encontrar las
soluciones.
Por ello, los
gestores de políticas públicas tienen que tener la capacidad de convertir una
problemática en política pública que contribuya a su solución.
Proponer
políticas incluyentes y participativas, basadas en la realidad local sería el
procedimiento natural de sociedades descentralizadas y responsables. Sin
embargo, en gran parte de los casos se está lejos de implementar políticas
públicas que surjan de las bases y del diálogo representativo, producto del
acercamiento entre instituciones y ciudadanía organizada. Por lo tanto, se hace
necesario fortalecer la gobernanza, entendida según Cátala Prats, “como la
pauta o estructura que emerge en un sistema sociopolítico como el resultado
conjunto de los esfuerzos de interacción de todos los actores intervinientes”.
Básicamente “la
manera en que se ejerce el poder”, según un informe del Banco Mundial de 1993, donde
el objetivo es crear una relación ganar-ganar que beneficie a las diferentes
partes. Y en este marco, el poder gubernamental, tiene un rol fundamental para
incluir y decidir sobre la posibilidad de diseñar políticas públicas de
bienestar y desarrollo.
Por lo tanto, las
políticas públicas no son monopolio exclusivo del gobierno. Son unas
actividades compartidas y constantes que requiere del trabajo conjunto de
gobernantes y gobernadas en pro de construir una relación de confianza, en
donde el ser humano sea el centro de las políticas públicas.
Pablo
Vicente, Abogado y Gestor Social, es el Presidente de la Fundación Justicia y
Desarrollo Local (FUJUDEL) y de la Red Latinoamericana para el Desarrollo
Democrático (REDLADD) fujudel@gmail.com,
@pablo_vicente
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