Por Miguel Ángel Cid Cid
El alquimista juntó varias partes de cadáveres humanos y consiguió
darle vida. Como era de esperarse, el resultado fue el nacimiento de un
monstruo aterrador. La fusión de trozos cadavéricos trajo a la vida a Frankenstein. Igual aconteció cuando unos
llamados municipalistas copiaron y pegaron varias metodologías para trabajar la
formulación del Presupuesto Participativo Municipal.
En efecto, la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios es un
texto que al querer regular todo, atrofió lo poco que se había logrado hasta el
momento. Para los fines, se consumó una alianza entre “macos y cacatas”. La componenda facilitó, que cada una de las
partes refrendara las posiciones enarboladas por uno y otro actor. Estaban tan
encerrados en ellos mismos, que olvidaron derogar la Ley 170-07 de Presupuesto
Participativo.
Actualmente, la citada ley está en proceso de ser reformada. El
panorama vislumbra que los entuertos de la 176-07 seguirán vigentes. A su
pesar, con todo y que siguen ahí los mismos “expertos” anteriores, la
modificación plantea una esperanza. ¡Quiera Dios! que el legislador haga caso
omiso a las sugerencias mostrencas que planteen los comisionados amparados en
el escudo del municipalismo especializado.
Para no pescar de imprudente, me referiré exclusivamente a uno de los
ejemplos que distorsionan la práctica democrática en la Ley 176-07.
La negociación entre actores sociales y
autoridades
Entre las claves del éxito del proceso de participación en Villa
González (Primer municipio en hacer PPM), fue precisamente la negociación entre
actores sociales y autoridades. La negociación era antecedida por las consultas
ciudadanas, nadie andaba averiguando cuánto le tocaba a cada comunidad. En
asambleas comunitarias se exponían las necesidades del sector, luego se
clasificaban en función de la instancia del gobierno que le correspondía
solucionarla o si era al sector privado.
Ya clasificadas, todos tenían claro con quien debía coordinarse la
búsqueda de solución a cada necesidad, si al Gobierno Central, el Ayuntamiento
o el sector privado. Al tipificar las necesidades se ordenaban por prioridad,
en razón de la urgencia que ameritara cada caso.
Hecho esto, se procedía a elegir los delegados de cada zona, a estos
les correspondía negociar en defensa de los intereses comunitarios. La alcaldía
preparaba una propuesta centrada en los resultados de las consultas y la
entregaba a cada delegado. Siendo imposible resolver todo, se escogían las necesidades
más viables de acuerdo al monto presupuestario. La comunidad, representada por
sus delegados, debatía frente al alcalde, el tesorero, los regidores y el
director de obras, los pro y contra de
cada propuesta. Al final, nunca se impuso la voluntad del alcalde, tampoco el
deseo individual de algún actor comunitario, siempre primo el interés
colectivo.
De manera, que sentar las organizaciones, los munícipes y las
autoridades a negociaren una misma mesa, produce un empoderamiento
inquebrantable que fortalece la democracia. De ahí, que el plan de inversión anual
en Villa González, nunca fue el plan del alcalde, sino el de las comunidades
aliadas al gobierno local.
La
negociación es contraria a la politiquería
Hablar de negociación, según los mencionados “especialistas” suena muy
comercial. Es por esto que se empecinaron en borrar del texto legal el proceso
de negociación, y lo sustituyeron por un entramado técnico-burocrático
imposible de concretizar. En consecuencia, a partir de la Ley 176-07, las
decisiones volvieron a ser tomadas exclusivamente por el alcalde y algún
funcionario que él decida incluir. Justo es aclarar, que siempre se incluye
algunos de los “expertos” para que asesoren las autoridades en la forma de como
manipular mejor a la gente.
Las autoridades, y la propia sociedad civil, antes que propiciar la
participación, contribuyen a instrumentalizar cualquier intento serio que
promueva la independencia de los líderes comunitarios. Estos sectores
retrógrados creen que la gente de a pié no puede pensar por sí sola.
Enfocados en esta concepción, se valieron de la Ley 176-07 para convertir
el proceso participativo municipal en un instrumento del clientelismo
politiquero. Hay que reconocer que les salió muy bien, y si las comunidades no
se ponen las pilas harán lo mismo ahora, cuando modifiquen la Ley 176-07.
Parece imposible recuperar el espíritu original del PPM, la
herramienta de participación está demasiado retorcida. José Jáquez cree que “Es
urgente, hacer un stop en el camino para evaluar las razones del deterioro y
luego plantearse retomar con nuevos bríos la aplicación de la metodología. Hay
que estudiar el proceso de Villa González para sacar lecciones de su éxito y
del propio derrumbe que hoy vive. ¡Hay que regresar a las raíces!”.
Miguel Ángel Cid
Twitter: @miguelcid1
20agosto 2018
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