Al tomar
posesión para el periodo 2012-2016 Danilo Medina emitió un código de ética –que
fue el primero en firmar- para los funcionarios de su gobierno, nombrando como
responsable de su aplicación al doctor Marino
Vinicio Castillo, Vincho, que, por cierto, fue el primero en burlarlo
con su declaración jurada de bienes.
Cuatro años
después podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que se trató de un engaño
más, como ha sido costumbre en los gobiernos del PLD pues cuatro años después
más de dos mil funcionarios no han producido sus declaraciones juradas de
bienes como lo establece el código ético, la Constitución y las leyes.
Más aún, la jefa
de la Cámara de Cuentas, que no sirve ni para cuentos, ha declarado que con lo
que se han robado los funcionarios, de éste y otros gobiernos, supongo, se
puede hacer otra República Dominicana, sin desempleo, sin hambre, sin méndigos
en las calles, con educación, salud, energía eléctrica y vivienda para todos.
En un país como
el nuestro, donde “hasta los pleitos callejeros los resuelve el presidente”, éste tiene que cargar con lo bueno y con lo
malo. Como jefe de la administración pública, según la Constitución, es
responsable de que esos dos mil y tantos funcionarios no hayan hecho
declaración jurada de bienes. ¿O no?
Una
nota de la dirección de prensa del Palacio Nacional señala que “el Código de
Pautas Éticas obliga que a más tardar en 30 días de asumir el cargo cada
funcionario presentará su declaración jurada de bienes, deberá estar dispuesto
a demostrar “el origen de los mismos antes, durante y después de haber
finalizado sus funciones o a requerimiento de una autoridad competente”. (¿?)
Los
funcionarios debieron comprometerse“evitar mi participación personal y la de los
servidores bajo mi responsabilidad, en la toma de decisiones en asuntos donde
puedan existir conflictos de intereses suyos o de familiares hasta el cuarto
grado de consanguinidad”, (¡Cuánto cinismo!) Los hermanos, primos,
cuñados y demás familiares del presidente están nombrados o reciben algún
beneficio del Estado.
Según
la nota oficial, se “instituye el rechazo tajante de dádivas, regalos,
incentivos o beneficios privados de forma personal o a través de terceros a
cambio de algún tipo de servicio, compras o contrataciones de parte de un
funcionario público.” (El presidente aceptó cientos, tal vez miles de millones del
sector privado durante la campaña
electoral)
“El
código de ética tiene 18 puntos y uno de los más importantes, el
número tres, establece que el Presidente y los miembros de su gabinete se
comprometen a administrar los bienes del Estado con honestidad; equidad,
eficacia, transparencia y realizando un trabajo en armonía con los
intereses estatales y la sociedad,”
Asegura
“que los procesos de compras y contrataciones públicas se realizarán en
consonancia con los nueve principios que rigen las compras relativas a la
eficiencia; igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad, economía y
flexibilidad, equidad, moralidad y buena fe”. (Se burlan de la inteligencia
ajena)
El
Código de Ética de Danilo no se aplicó nunca durante cuatro años. Al contrario, las normas fueron
burladas o ignoradas. La corrupción fue mayor que en los gobiernos de Leonel
Fernández, así como la complicidad y la impunidad. Quien lo dude solo tiene que
investigarlo sucedido en la Oficina Supervisora de Obras del Estado, donde los responsables
de la mafia que allí operaba la justicia los sacó del expediente de corrupción
y tráfico de influencia.
Los
próximos cuatro años (2016-2020) serán iguales o peores: Primero porque la
Constitución impide una tercera reelección y la acumulación de capitales debe
incrementarse; segundo, porque si otra vez Danilo decide reelegirse, para lo
cual cuenta con “su” congreso, igual habrá que buscar otros 50 o 60 mil
millones de pesos. Y el código ético será protegido por las bocinas de la
prensa.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario