SANTO DOMINGO, R. D.- El ex candidato presidencial del Partido
Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, presentó hoy un plan nacional para
rescatar la institucionalidad, mediante un Círculo Virtuoso de la
Institucionalidad que sustituya el Círculo Vicioso de deterioro ético
prevaleciente, que amenaza la estabilidad política y la gobernabilidad
democrática del país. Exhortó a todos y todas, sin ninguna
distinción, a iniciar desde HOY la construcción del consenso para llegar al
Acuerdo Nacional en Contra de la Corrupción y la Impunidad.
Abinader presentó un diagnóstico conforme el cual en los gobiernos del
Partido de la Liberación Dominicana la impunidad ha operado promoviendo el
incumplimiento generalizado de la ley, ahogando financieramente a los órganos
de control, y controlando las Altas Cortes, designando en ellas personas
afines.
Además estableciendo un control interno deficiente en la gestión pública,
debilitando el control externo, postergando legislaciones esenciales para la
lucha contra la impunidad y amparándose en criterios discrecionales para
beneficiar a individuos vinculados.
El esquema de apuntalamiento de la impunidad incluye la limitación del
accionar de los tribunales y los órganos de control de la administración,
eliminando la autonomía presupuestaria consagrada en la Ley 194-04, expuso
Abinader en una presentación a ejecutivos de medios. Entregó la propuesta al
director de la Unidad de Políticas Públicas, economista Miguel Ceara, para que
le dé el curso correspondiente en los organismos del PRM.
El dirigente político citó que conforme a casos documentados se ha
establecido que la corrupción le cuesta anualmente al país al menos 46 mil
millones de pesos, mientras que estudios realizados por Oxfam el dispendio es
de más de RD$90 mil millones al año.
“La corrupción en el país es tan desmesurada que en el reciente escándalo
de ODEBRECHT somos el país que más sobornos recibió en proporción al PIB, con
un 0.15%; es decir recibimos más sobornos que Brasil, 0.025%, y que el resto de
los países involucrados”, citó.
Quitando recursos a los órganos de control
Ilustró que en 2006 la ejecución presupuestaria del Poder Judicial fue de
2.1 como porcentaje de los ingresos corrientes, y en 2016 fue reducida al 1.4%.
, mientras la Ley consigna el 2.665%. La Cámara de Cuentas recibió en 2006 el
0.23% de los ingresos corrientes, que en 2016 bajó al 0.15%, aunque la Ley
dispone la asignación del 0.30%. Por igual a la Procuraduría General de la
República en 2006 y 2016 le fue asignado el 1.0% de los ingresos
corrientes, mientras la Ley le asigna el 1.435.
En el ámbito judicial Abinader propone reducir a siete miembros el Consejo
Nacional de la Magistratura, excluyendo al Procurador General de la República.
Concursos de oposición, es decir exámenes para determinar la elegibilidad de
los jueces de carrera y abogados para la Suprema Corte de Justicia. Prohibir a
una persona ser juez de las Altas Cortes si ha tenido militancia política y/o
haya tenido un puesto de libre designación durante los 5 años previos.
El Ministerio Público ha de ser autónomo e independiente del Poder
Ejecutivo. “En este acuerdo que proponemos, llamo a que en conjunto
determinemos los mecanismos óptimos para garantizar esta independencia. En este
sentido, propongo la descentralización de los organismos técnicos tales como el
INACIF, PRISIONES, entre otros, garantizando su autonomía e independencia”,
expone Abinader.
Círculo Virtuoso
El conjunto de acciones que propone Abinader, y que denomina Círculo
Virtuoso de la Institucionalidad, inicia con el control de gastos de las
campañas electorales. Sigue con la ejecución eficiente del Presupuesto;
fortaleza e independencia de las instituciones, que establecerían
un régimen de consecuencias, eliminando la corrupción pública y los
males que genera al país.
El economista y líder político desglosa sus propuestas en acciones como
someter al gobierno a la legalidad, ya que nadie puede estar por encima de la
ley; limitar los gastos de campañas políticas; cumplimiento de la Ley de
Presupuesto a las instituciones llamadas a controlar la gestión del Poder
Ejecutivo; en el aspecto interno fortalecer la eficiencia e
independencia de las Unidades de la Contraloría de las entidades públicas.
Rotación periódica del personal. Transparentar la gestión de las entidades
gubernamentales publicando los soportes de cada autorización de pago. Auditar
las instituciones públicas por parte de la Contraloría de manera semestral, con
equipos de auditoría rotativos. De manera aleatoria se utilizarán empresas de
auditoría del sector privado para confirmar el resultado de la Contraloría.
También garantizar la publicación íntegra de los hallazgos que soportan las
auditorías. Modificar la ley de Compras y Contrataciones Públicas a fin de
establecer sanciones penales y civiles para los miembros de los comités de
compras y contrataciones de cada institución pública. Hacer eficiente el
control sobre las compras públicas con la correcta implementación del SIGEF.
Establecer precios de referencias de adquisición de bienes y servicios y un
registro público de peritos que evaluarán los procesos de compra y
contratación. Limitar la discrecionalidad en la toma de decisiones del
Ejecutivo, mediante Leyes de Silencio Administrativo Positivo, Consolidación de
la Ventanilla Única de Inversión, Estabilidad Jurídica y de Simplificación
Burocrática, ya sometidas al Congreso.
Control ciudadano
Sobre el control externo las propuestas incluyen que los auditores de la
Cámara de Cuentas sean inamovibles e independientes del poder político.
Establecer a la Cámara de Cuentas la obligación de publicar la calendarización
del plan de auditoría, debiendo ser auditada cada institución del Estado
anualmente. Las auditorías de la Cámara de Cuentas, deberán ser publicadas en
los 60 días siguientes a su realización.
Como parte del énfasis de transparencia, Abinader incluye autorizar por ley
que las instituciones públicas puedan ser auditadas por profesionales
independientes debidamente calificados, por iniciativa popular a través de un
procedimiento previamente establecido. Reproducir íntegra y fielmente el banco
de datos del SIGEF en todos los momentos de la ejecución del gasto público para
consulta de la ciudadanía. Y establecimiento por ley que las obras públicas
podrán ser auditadas por firmas independientes a iniciativa popular.
Se debe impulsar la aprobación de la Ley de Regulación de Procedimientos de
Control y Fiscalización de las Cámaras Legislativas. Compromiso con la
aprobación de la ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Fijar sanciones
a las violaciones de las leyes del Sistema Integrado de Administración Financiera
(SIAFE, Presupuesto, Contraloría, Crédito Público, Tesorería, Compras y
Contrataciones, Función Pública, entre otras).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario