SANTO
DOMINGO, R. D.- Los partidos del Bloque Opositor pidieron a la Junta Central
Electoral (JCE) no pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, al
tiempo que le reclama esta empresa sea demandada para que devuelva el dinero
que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e
inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del
proceso electoral de mayo de 2016.
Max Puig, hablando en una rueda de prensa, celebrada la tarde de este
martes, a nombre de las organizaciones opositoras expresó que Ha sido
debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus
deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que
la rige(275-97)y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral
del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de
los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA.
Consideran que el pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta
Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y
de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral
pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos
electorales.
Establecen que “Nuestros partidos tienen un compromiso innegociable
con el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos
electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una
política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de
la institucionalidad democrática”.
Además de Puig, estuvieron Jesús Vásquez, Minou Tavarez Mirabal, Pedro
Martínez, Juan Ignacio Espaillat, Rafael Montilla, entre otros.
A continuación del texto del documento del Bloque
Opositor
Tomando en consideración las informaciones hechas de
público conocimiento del informe del Departamento de Informática de la JCE
sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de
los votos de los Colegios Electorales de las elecciones generales del 15 de
mayo de 2016 acerca de la compra y uso de equipamiento electrónico, los
partidos de la oposición política consideran que:
A. Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando
a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley
que la rige (275-97)y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso
electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del
control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española
INDRA;
B. El traspaso abusivo y secreto de una función tan delicada y exclusiva como
el conteo de los votos a una empresa extranjera que actuó por su cuenta,
sin que mediaran la autoridad ni el control de la JCE, vicia de manera grave e
inconstetable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las
autoridades derivadas de ese proceso;
C. El pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral,
han sido estafados mediante la adquisición de tecnología
y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso
electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos
electorales;
D. La Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la
empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva
el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e
inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del
proceso electoral de mayo de 2016;
La confirmación de estos hechos de extrema
gravedad, denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la
oposición política, obligan a la profundización de la investigación y al
sometimiento ante los tribunales de la República de los responsables de los
mismos.
A. El
pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido
estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron
ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser
eventualmente utilizados en venideros procesos electorales;
Nuestros partidos tienen un compromiso innegociable con
el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos
electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una
política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de
la institucionalidad democrática.
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