Por Andres Matos (Licho)
SANTO DOMINGO, R. D.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirma
que la improvisación y la irresponsabilidad del gobierno de Danilo Medina
y las autoridades del sector eléctrico dominicano condena a las familias y a
las empresas a pagar miles de millones de pesos en exceso por el
servicio de energía eléctrica.
Al encabezar una rueda de prensa de su Dirección Ejecutiva, Andrés Bautista
y su Comisión de Energía, negaron que se haya llegado a algún consenso sobre el
denominado Pacto Eléctrico entre el gobierno y las demás fuerzas políticas y
sociales reunidas en el Foro Social que coordina el Monseñor Agripino
Núñez Collado.
El PRM afirma que no ha participado ni será responsable de los supuestos
acuerdos que anunciaría el gobierno, debido a que se retiró de las discusiones
por la falta de transparencia con que las autoridades manejan el sector
eléctrico.
Texto Íntegro declaración del PRM
Irresponsabilidad en la gestión del sector eléctrico
La improvisación y la irresponsabilidad del gobierno de Danilo Medina y las
autoridades del sector eléctrico dominicano condena a las familias y a las
empresas a pagar miles de millones de pesos en exceso por el
servicio de energía eléctrica.
Esta afirmación se fundamenta en que con el vencimiento el pasado domingo
del último tramo de los contratos de compra de energía y potencia entre las
empresas distribuidoras y algunas grandes empresas generadoras, según se
contempla en el acuerdo de Madrid. A partir de ahora las empresas
generadoras deberán comprar la totalidad de la energía que les demandan sus
abonados en el llamado mercado spot, al precio más caro de todas las
plantas que son despachadas cada día. Este sistema de compra y pago es una
consecuencia del modelo de capitalización implantado en el país en el 1999
durante el primer gobierno del PLD, muchos de cuyos funcionarios del sector
responsable de la capitalización ahora son actores principales en las
discusiones del llamado Pacto Eléctrico.
Modelo de capitalización irresponsable e ineficiente, cuyo oneroso y
catastrófico impacto sobre la economía familiar y los sectores productivos tuvo
que ser paliado con el llamado Acuerdo de Madrid el cual impidió que miles de
millones de pesos fueran a parar a mano de los generadores a través de la
exagerada tarifa que tendrían que pagar los consumidores de electricidad si se
hubiese mantenido los contratos originales de la capitalización.
En estos días los generadores ofertan la energía eléctrica a cerca 6
centavos de dólares por kilovatio hora, y sin embargo las distribuidoras la
pagarán este mes a más de 13.3 centavos debido a que ese es el precio a que
vende la última planta que despacha en el mercado spot. Además, comprar
tanta energía en el spot amenaza las finanzas de las empresas distribuidoras
debido a que los atrasos en pagar a los generadores devengan intereses por
mora que son un 20% superior a la tasa de la banca comercial.
Esa es la consecuencia de que a pesar de que desde hace más de una
década se debió de iniciar las licitaciones establecidas en la Ley
General de Electricidad para ocupar los tramos vencidos de los Acuerdos de
Madrid, y especialmente los contratos que vencerían la semana
pasada; sin embargo la CDEEE y el Gobierno no fueron capaces de
realizar con tiempo las licitaciones y las nuevas contrataciones a precios
reales para que entraran en vigencia inmediatamente finalizaran los tramos
contratados anteriores y así evitarles grandes pérdidas al país.
Las autoridades del sector eléctrico saben que según la Ley General de
Electricidad, el mercado spot es para compra y venta de un limitado
porcentaje de energía eléctrica porque en un sistema con una
matriz de generación de altos costos comprar toda la energía en el spot sería
un despilfarro insostenible para las finanzas públicas.
Es escandaloso que los tres administraciones de la CDEEE durante los
gobiernos del PLD, esperaran a que vencieran dichos contratos, cuando ya en el
2009 habían cerca de 350 MW que debieron ser licitados. Mientras tanto,
se han concertado contratos grado a grado de corto plazo sin mediar licitación
alguna, así como concesiones con igual procedimiento. Todo eso ocurre a las
puertas de un llamado dialogo que, supuestamente, llevaría orden y
transparencia en el sector.
Por las razones indicadas y en ausencia de un verdadero espíritu de
concertación, transparencia y compromiso del gobierno del PLD, el PRM sostiene
que no existen voluntad ni garantías para arribar a un pacto que beneficie a
las familias y las empresas en términos de reducción de costos, calidad y
sostenibilidad del sistema eléctrico nacional.
Este hecho revela, además, la grave crisis institucional en que se
desenvuelve el sector eléctrico nacional, puesto que es a la Superintendencia
de Electricidad a la que a ley de electricidad le asigna la responsabilidad de
velar por la contratación mediante licitaciones transparentes y competitivas de
la potencia y energía que requieran las distribuidoras.
Frente a esa situación el PRM demanda:
1. Que el Gobierno respete las leyes y reglamentos del servicio eléctrico,
incluyendo:
a. Contratar la compra de energía mediante licitaciones a tiempo,
competitivas y transparentes;
b. Reembolsar a la población el dinero cobrado por energía no servida o
apagones;
c. Aplicar a la factura final del usuario la rebaja de los costos de producción
debido a la reducción del precio de los combustibles – esa rebaja no debería
ser menor de un 20%;
d. Respetar y asegurar el alumbrado público mediante el cumplimiento con la
compensación a los ayuntamientos.
Y por último, en virtud de los retrasos en los trabajos de construcción de
Punta Catalina, Las Placetas, Guaigui y Monte Grande y los consecuentes
aumentos de los costos financieros, así como las múltiples y públicas denuncias
de sobrecostos, el PRM pide una auditoria del proyecto; de igual manera
solicitamos auditoria a las costosas inversiones realizadas por el Estado
dominicano en las hidroeléctricas Pinalito, Las Placetas y Guaiguí,
entre otras.
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