SANTO DOMINGO, R. D.- El diputado Wellington Arnaud Bisonó solicitó a la
Comisión Bicameral para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto
General del Estado (PGE) correspondiente al año 2018, que preside el diputado
Dionis Sánchez del PLD, la implementación de una metodología que permita a
todos los legisladores y a la sociedad en general a ser partícipes del destino
de los recursos públicos propuestos para el próximo año.
De acuerdo al
diputado Arnaud, “no es posible que se continúe la vieja práctica de que apenas
18 senadores y diputados tengan la oportunidad de analizar ciertos aspectos del
proyecto de ley de PGE, mientras el 92 % de los diputados y senadores están al
margen de la discusión, al igual que las organizaciones de la sociedad civil
que nunca se les toman en cuenta”.
Proponemos que
la Comisión Bicameral, para el estudio del proyecto de ley de Presupuesto
General del Estado correspondiente al año 2018, aplique la metodología
siguiente:
Remitir a cada
Comisión Permanente de ambas Cámaras el proyecto de presupuesto que le compete
en función de la institución del Estado que le corresponde.
Cada Comisión
Permanente revisará y estudiará el proyecto de ley de su competencia, pudiendo
invitar al ministro correspondiente y a organizaciones de la sociedad civil
vinculadas al área programática.
Elaborará un
informe sobre el área correspondiente y lo remitirá a la Comisión Bicameral,
cuya función será consolidar los informes por ministerios para ser presentado y
conocido por los Plenos.
El plazo para la
rendición de los informes por áreas temáticas no excederá a 30 días.
Nuestra
propuesta se fundamenta en que al Poder Ejecutivo le corresponde elaborar el
proyecto de ley de Presupuesto General del Estado, consignando de manera
individualizada las asignaciones que correspondan a las diferentes
instituciones del Estado.
Y que el
Congreso de la República, en virtud del artículo 41, de la ley No. 423-06, Orgánica
de Presupuesto, aprobará el proyecto de ley de Presupuesto General del Estado a
nivel de Capítulos y Partidas; entendiendo como Partida, a cada una de las
áreas programáticas de cada Capítulo, que constituyen “la producción de bienes
y servicios que contribuyen en forma directa al logro de políticas y planes,
así como los recursos reales y financieros que requieren para su obtención”.
Atendiendo,
además, a lo establecido en los Reglamentos de ambas Cámara, las Comisiones
Permanentes se conforman de acuerdo a ejes temáticos que correspondan a las
materias que son de la competencia de las instituciones (Ministerios) del
Estado, con la facultad de requerir informes, datos, documentos, noticias e
informaciones que juzguen necesarias, así como consultar a las personas que
consideren aptas para una toma de decisión objetiva y oportuna.
Entendemos que
debemos revisar a profundidad este modelo de presupuesto, que por 11 años
consecutivos se presenta deficitario y con un alto nivel de endeudamiento,
pretendiendo el Gobierno continuar con parches tributarios cada año a través de
la ley de Presupuesto General del Estado (PGE), sin enfrentar el serio problema
de sostenibilidad que presentan las cuentas fiscales.
Con el proyecto
de ley de PGE para el 2018, el Gobierno pretende ampliar para el adelanto del
50 % del ITBIS sobre las materias primas, insumos, maquinarias industriales,
equipos y bienes de capital a empresas de Zonas Francas y locales productoras
de cadena textil, confección y accesorios, pieles, fabricación de calzados de
manufactura de cuero; así como a las establecidas en la Zona Especial de
Desarrollo Fronterizo.
El Congreso
Nacional no puede seguir aprobando estas reformas tributarias parciales, sino
llevar al Gobierno a la discusión del Pacto Fiscal, iniciando por la revisión
de la calidad del gasto y el plan de contingencia ante el creciente
endeudamiento público.
Para el próximo año tenemos que buscar un financiamiento por un monto de
RD$213 mil 678 millones, equivalente al 5.5 % del PIB, de los cuales tendremos
que pagar de capital de la deuda vencidala suma de RD$126 mil 676 millones, que
representa un incremento de 46 % con relación al 2017, con la agravante de que se
pagará RD$37 mil 455 millones de deuda administrativa.
Es bueno recordar que el 8 de febrero del presente año, el presidente
Danilo Medina dictó el Decreto Núm. 15-17, en el cual se recoge lo establecido
en el artículo 47, de la ley No. 423-06, Orgánica de Presupuesto, donde los
organismos e instituciones del Estado no podrían suscribir contratos de compras
y contrataciones de bienes, obras y servicios sin tener la certificación de
balance en la cuenta presupuestaria que corresponda, es decir, que ninguna
institución podría ejecutar un gasto sin previa reserva de los recursos para
ello, en definitiva, no podría haber deuda administrativa.
Por lo tanto, ¿cómo vamos aprobar pagar deuda administrativa por un valor
de RD$37 mil 455 millones a todas luces ilegales, y sin ni siquiera saber el
hecho cierto que generó esa deuda? ¿Qué obra, bien o servicio se ejecutó? ¿A
quiénes se les pagará?
Somos fieles creyentes de la apertura y la participación, y en las
capacidades de nuestros colegas en materia de salud, educación, justicia, medio
ambiente, agropecuaria, industria, turismo, energía, obras públicas, entre
otras, estando seguros de los grandes aportes que pueden hacer en sus
respectivas áreas para tener una ley de Presupuesto General del Estado que real
y efectivamente sea un instrumento para el desarrollo humano.
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